El Colegio de Periodistas celebra que Educación "confirme" que los periodistas puedan seguir dando clases de lenguas

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía ha celebrado que la consejera de Educación de la Junta, Adelaida de la Calle, haya "confirmado de manera tajante" en la Comisión de Educación del Parlamento andaluz que los periodistas que imparten clases de lenguas en centros concertados y privados de Andalucía desde el año 2010 "sigan haciéndolo" hasta la entrada en vigor de la normativa estatal "porque están amparados jurídicamente".

Según informa el Colegio Profesional en una nota, esta afirmación de la consejera, que daba respuesta a la pregunta que le formuló la portavoz parlamentaria de Ciudadanos, Marta Escrivá, sobre la situación de inseguridad laboral en que se encuentran estos profesionales tras la reforma de las atribuciones docentes, "refrenda el compromiso" que Educación trasladó a la decana del Colegio, Eva Navarrete.

Asimismo, desde la asociación gremial han destacado que el amparo jurídico en el que se basa la consejera es la directiva 2005/36/CE que en su artículo 4 establece que "la profesión que se propone ejercer el solicitante en el Estado miembro de acogida es la misma que aquella para la que está cualificado en su Estado miembro de origen si las actividades cubiertas son similares".

Continuando en esa línea, han querido recordar que en 2013 el propio Ministerio de Educación habilitó a una titulada en Periodismo para impartir clases de lenguas en la Unión Europea, lo que supone "un precedente que permite a los periodistas ya trabajadores seguir ejerciendo su docencia".

Igualmente, desde la organización de periodistas andaluces se han congratulado de que De la Calle asegurara en el Parlamento que Educación "va a seguir trabajando sin descanso para avanzar en el desbloqueo de la situación", aseverando así que va a continuar "instando al Gobierno central a que rectifique esta normativa básica cuanto antes".

De esta manera, "la Junta se suma a la petición en la que el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía viene trabajando desde hace meses y que ha sido apoyada por todos los Colegios de Periodistas de España y la Federación de Asociaciones de la Prensa Española (FAPE)", han apuntado al respecto desde el Colegio andaluz.

En este sentido, el Ministerio de Educación ha respondido al Colegio de Periodistas de Andalucía que las consideraciones y el argumentario facilitados por esta institución "serán estudiadas con detenimiento de cara a una eventual modificación del ordenamiento educativo vigente", toda vez que la vigente ley de educación está vías de reformarse nuevamente.

Por su parte, el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha indicado esta misma semana a la plataforma de periodistas afectados que "recientemente se habría llegado a un acuerdo en una reunión mantenida entre el Colegio andaluz y representantes de la plataforma de periodistas afectados --profesores titulados en Periodismo, de Lengua Castellana, Literatura y Lenguas Extranjeras en centros de enseñanza concertados y privados de Andalucía-- con la Consejería de Educación, a fin de dar continuidad a la actividad de estos docentes".

Según la respuesta de Maeztu al colectivo periodístico, "el anuncio del Gobierno central de modificar en breve el Real Decreto 665/2015 contempla la actuación de la Inspección Central de la Consejería de Educación, caso por caso, para la continuidad de los docentes despedidos, una vez se reciba una comunicación del Ministerio en el sentido indicado".

Por todo ello, el Colegio de Andalucía, junto con la FAPE, han solicitado también un encuentro con el presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades de España (CRUE), Segundo Piriz, a fin de avanzar en la solución "definitiva" de esta situación, dado que se da "la paradoja de que las facultades continúan ofreciendo a los periodistas el MAES --máster preceptivo para impartir docencia que ha sustituido al antiguo Curso de Adaptación Pedagógica (CAP)--, con la especialidad de lenguas y literatura, como una oportunidad de empleo que, con la vigente legislación, no sería posible".