Los comercios piden a la Junta de Andalucía un plan para fomentar el relevo generacional en el comercio minorista

Galicia y Cataluña ya lo tienen en marcha, mientras que Navarra y la
Comunidad Valenciana las van a activar este mismo año

SEVILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía (CECA) va a solicitar a la Junta de Andalucía el diseño y aprobación de un programa de ayudas para fomentar el relevo generacional en el comercio minorista
andaluz y garantizar así la continuidad de los negocios de proximidad.

Según indica la CECA en una nota, Galicia y Cataluña ya destinaron en 2016 fondos para garantizar este tipo de ayudas. Tras el éxito de la convocatoria Galicia repetirá la experiencia en este año 2017,
incorporándose también Navarra y Comunidad Valenciana.

La CECA considera que Andalucía no debe quedarse atrás en la configuración de un plan que ayude a consolidar y hacer crecer la actividad del pequeño y mediano comercio en las ocho provincias andaluzas.

La Confederación recuerda que "la profunda crisis ha provocado la
desaparición de muchos comercios, pero Andalucía sigue siendo hoy la comunidad autónoma con más comercios activos (130.000 establecimientos abiertos) y con más empleo en términos absoluto al generar 450.000 puestos de trabajo".

Según la CECA, con estos datos la aprobación en Andalucía de un programa de ayudas al relevo generacional y al traspaso de las actividades comerciales es una actuación prioritaria.

Así, ha precisado que Cataluña, por ejemplo, destinó en 2016 un total de 2,3 millones de euros para favorecer la continuidad de los locales comerciales en campos como el comercio, los servicios, la artesanía y la moda.

Navarra, dentro de un paquete de subvenciones para la mejora de la competitividad de las empresas comerciales minoristas, ha incluido los traspasos de comercios, por los cuales son subvencionables aquellas inversiones realizadas por aquellas pymes comerciales minoristas como consecuencia de la adquisición de un negocio de comercio minorista que estuviera en funcionamiento a 1 de enero de 2017, a fin de garantizar la continuidad de una actividad económica ya existente.