El Parlamento cierra definitivamente la comisión de formación con la votación del dictamen

SEVILLA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento andaluz vota este miércoles el dictamen final de la comisión de investigación que se ha desarrollado en la Cámara sobre el presunto fraude en los cursos de formación.

Según el orden del día aprobado la pasada semana por la Junta de Portavoces, con el único voto en contra de Podemos Andalucía, dicha votación se sustanciará este miércoles y su debate arrancará con la presentación del dictamen por parte del presidente de la comisión de investigación, Julio Díaz, quien contará con un plazo de diez minutos para exponerlo ante el Pleno.

Acto seguido, intervendrán, también por diez minutos, los portavoces de los grupos parlamentarios en orden de menor a mayor representación, quienes se posicionarán respecto al dictamen y a los votos particulares que lleven al Pleno. Una vez que esto concluya, se someterá a votación de la Cámara el contenido del dictamen.

El presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, explicó a los grupos que, en el caso de que quieran que algún punto del dictamen se vote por separado, deberán trasladárselo antes de que comience el Pleno, "para poder ajustar las peticiones de votación separada", si bien indicó que si no hay propuestas, el dictamen se votará entero.

En cuanto a los votos particulares, Durán señaló que una vez que se conozca el resultado de la votación del dictamen final, si es rechazado se votarán los mismos, y si es aprobado en alguno de sus términos, "acordaremos que todos los votos particulares habrán sido rechazados y por petición de registro, podrán solicitar que se incorporen al BOPA".

Cabe recordar que la comisión de investigación aprobó hace un par de semanas el dictamen final que ahora verá el Pleno del Parlamento andaluz, en el que exime de responsabilidad política a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, fijando la misma en los expresidentes del Gobierno andaluz, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El dictamen salió adelante gracias al apoyo del grupo parlamentario del PSOE-A y de Ciudadanos, toda vez que el resto de partidos votaron en contra al no compartir que Susana Díaz y el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, no sean considerados responsables de la paralización en la formación.

No obstante, ya entonces los socialistas plantearon una votación separada para eliminar toda responsabilidad política, pero los cuatro grupos de la oposición votaron en bloque en contra de esa propuesta. Como explicaron entonces, el PSOE-A pidió votar por separado un total de 48 párrafos del dictamen síntesis que había planteado Julio Díaz para eliminar del texto cualquier alusión a las responsabilidades políticas o de fraude e irregularidades en la formación, al entender que no existen, algo que fue rechazado por el PP-A, Podemos, Cs e IU.

De esta manera, el dictamen aprobado señala que Chaves y Griñán han sido responsables de los nombramientos de los diferentes titulares de la Consejería competente durante el periodo investigado y han ejercido la superior dirección y coordinación de todas las Consejerías.

Junto a Chaves y Griñán también figuran como responsables políticos todas las personas titulares de la Consejería de Empleo y las personas titulares de la Viceconsejería competente en materia de Formación Profesional para el Empleo, desde 2002 hasta el 4 de mayo de 2012. El primer gobierno de Susana Díaz se constituyó en septiembre de 2013.

De igual modo, se considera responsables de las incidencias e irregularidades detectadas a todas las personas titulares de la Dirección del SAE; a las personas titulares de las Delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía con competencias en Formación para el Empleo; y a las personas titulares de las Delegaciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo.

ORDEN DEL DÍA

Tras la votación del dictamen en la Cámara andaluza, en virtud del orden del día aprobado, se sustanciarán tres comparecencias del Consejo de Gobierno. La primera de ellas, a petición propia, del PSOE-A, PP-A y Cs, del consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, a fin de informar del balance de exportaciones y balanza comercial en Andalucía durante 2016.

Le seguirá otra comparecencia del Consejo de Gobierno sobre la situación financiera de las empresas y agencias de la Junta, esta vez a petición del PSOE-A, del PP-A y Cs. La última, requerida solo por Cs, será para informar sobre la recaudación de impuestos y tasas en Andalucía durante 2016.

Ya el jueves está previsto que la sesión plenaria arranque con el debate de una moción de Podemos, consecuencia de una interpelación del pasado Pleno, relativa a política general en materia de empleo. Con posterioridad, se sustanciará una interpelación del PP-A sobre cultura.

A continuación tendrá lugar la sesión de control al Ejecutivo, que, como es habitual, albergará a partir de las 12,00 horas las preguntas a la Presidencia. Así, el líder del PP-A, Juanma Moreno, preguntará a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, sobre medidas a favor del empleo, mientras que la coordinadora general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, lo hará sobre la compatibilización de las laborales de gobierno y gestión en Andalucía con la actividad política nacional de la presidenta.

Por su parte, el presidente y portavoz del grupo parlamentario de Cs, Juan Marín, pedirá a la jefa del Ejecutivo andaluz que haga balance de los dos años de gobierno, al tiempo que el líder de IULV-CA, Antonio Maíllo, le preguntará sobre el modelo fiscal para Andalucía. El portavoz del Grupo Socialista, Mario Jiménez, se interesará por el sector agroalimentario andaluz.

Durante la tarde del jueves se debatirá, a iniciativa de los cinco grupos representados en la Cámara andaluza, la creación de una comisión permanente no legislativa sobre políticas para la protección de la infancia en Andalucía.

Posteriormente, se debatirán tres proposiciones de ley, una del PP-A sobre la defensa de la educación infantil de cero a tres años, y dos del PSOE-A, una acerca de oferta de empleo pública extraordinaria para reducir la temporalidad en el sector público y otra para la defensa de Andalucía tras la decisión del Estado en relación a la corrección financiera impuesta por la Unión Europea.