SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Comisionado para la Concordia constituido por la Junta de Andalucía ha gestionado desde el año 2019 al menos 44 solicitudes de exhumaciones, según se desprende de una respuesta escrita de la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo (PP-A), a una pregunta de la parlamentaria de Por Andalucía Esperanza Gómez.
La respuesta de la consejera, consultada por Europa Press tras su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento andaluz, está fechada el pasado 24 de septiembre, y aclara que algunas de dichas exhumaciones gestionadas desde el Comisionado para la Concordia están "financiadas por la Junta de Andalucía".
Otras de las exhumaciones referidas han sido "atendidas mediante firma de convenios de colaboración entre administraciones --Junta de Andalucía, diputaciones provinciales y ayuntamientos--", y "otras con la participación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática mediante la concesión de subvención nominativa", continúa detallando la respuesta de Patricia del Pozo.
De igual modo, la consejera alude a "actuaciones financiadas de forma conjunta por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y la Consejería" que dirige, así como a "trabajos de exhumación subvencionados por la FEMP" --Federación Española de Municipios y Provincias-- en los que la Consejería "financia los trabajos de identificación genética a través del convenio de colaboración suscrito con el Laboratorio de identificación genética de la Universidad de Granada".
BANCO DE DATOS DE ADN
A dicho convenio de colaboración con la Universidad granadina alude otra respuesta de la consejera, fechada en este caso el pasado 1 de octubre y también publicada esta semana en el boletín del Parlamento andaluz, que contesta una pregunta de la portavoz del grupo Por Andalucía, Inma Nieto, relativa a la creación del Banco de Datos de ADN en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.
Según detalla Patricia del Pozo en su respuesta a la también representante de Izquierda Unida (IU), el 16 de diciembre de 2019 se suscribió, con una vigencia de cuatro años, el convenio de colaboración entre la entonces Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada "para la creación de un Banco de Datos de ADN de restos de víctimas", con el objetivo "fundamental" de "facilitar el proceso de identificación".
El 30 de septiembre de 2022 se firmó "adenda de modificación" del convenio para incluir también, en el Banco de Datos, "los perfiles de ADN de aquellas personas que voluntariamente se presten por su condición de familiares de las víctimas".
"Finalizada la vigencia" de dichos convenios, el 21 de diciembre de 2023 se firmó uno nuevo de colaboración con la Universidad de Granada "para el desarrollo de las labores de identificación genética y el mantenimiento del Banco de Datos de ADN, con una vigencia de cuatro años", según aclara la titular andaluza de Cultura respecto a dicho proyecto.
COMITÉ TÉCNICO DE SÍMBOLOS CONTRARIOS A LA MEMORIA DEMOCRÁTICA
Por otro lado, la consejera defiende en otra respuesta a diputados del grupo Por Andalucía --en este caso, José Manuel Gómez-- publicada esta semana, el nombramiento del que fuera vicepresidente del Parlamento Luis Marín Sicilia como miembro del comité técnico de símbolos contrarios a la memoria democrática en Andalucía, cuya creación se contempla en la citada Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de la comunidad autónoma.
Así, la consejera Patricia del Pozo explica en esta respuesta al diputado José Manuel Gómez --con fecha del pasado 24 de septiembre-- que el artículo 32.6 de dicha ley andaluza de la anterior etapa de gobierno socialista plantea "la creación, mediante orden, de un comité técnico que elabore una relación de los elementos contrarios a la memoria democrática que deban ser retirados o eliminados".
La Orden de 27 de julio de 2020, por la que se crea y regula dicho Comité, establece en su artículo 4.d) que "formarán parte de este Comité tres personas que, por su cualificación profesional o trayectoria social o académica, sean consideradas expertas conocedoras del período histórico al que se refiere la Ley 2/2017, de 28 de marzo como período de memoria democrática", continúa aclarando Patricia del Pozo en su respuesta al diputado de Por Andalucía.
La titular andaluza de Cultura señala que, de acuerdo con lo dispuesto en dicho artículo de la orden de julio de 2020, con fecha del 16 de abril de 2024, y mediante orden del entonces consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, "se procedió al nombramiento, entre otros, de Luis Marín Sicilia".
Patricia del Pozo defiende que los nombramientos de los miembros de dicho comité "se han efectuado siguiendo los criterios establecidos en la orden de creación y regulación" del mismo, y Luis Marín Sicilia "aúna conocimiento, experiencia y capacidad, adquirida por su formación jurídica, con su participación en la construcción de la línea de entendimiento y convivencia pacífica que predominó en la época de la transición, así como un gran conocimiento de los hechos ocurridos durante la Guerra Civil y la posguerra".
Por otro lado, la consejera de Cultura aclara, en relación "a los gastos presupuestarios que ha tenido o va a tener el Comité", que "la orden por la que se crea tiene por objeto estricto regular la creación y funcionamiento del Comité técnico, aspecto de carácter organizativo, sin que su contenido haya supuesto incremento alguno en relación con los gastos del programa de memoria democrática".
Finalmente, Patricia del Pozo puntualiza, "en lo que respecta a las indemnizaciones por gastos de asistencia para las personas ajenas a la Administración de la Junta de Andalucía que integren el Comité técnico", que "hasta la fecha no se ha hecho efectiva ninguna indemnización de esta naturaleza".