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Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán llegan a la Audiencia de Sevilla por el caso de los ERE - EUROPA PRESS
Los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán llegan a la Audiencia de Sevilla por el caso de los ERE - EUROPA PRESS
SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
Griñán y Chaves eran "conscientes de la palmaria ilegalidad de los actos"
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El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación especial en la conocida como 'pieza política' de la causa judicial sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE), mientras que su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación especial.
Así lo recoge la sentencia que ha dado a conocer este martes el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla pasado casi un año desde el final del juicio y cerca de nueve desde que la juez Mercedes Alaya iniciase la instrucción de la causa.
La Fiscalía Anticorrupción pedía para Griñán seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación, y para Chaves diez años de inhabilitación por prevaricación.
Finalmente, la sentencia, que es recurrible ante el Tribunal Supremo, ha condenado a Chaves por un delito continuado de prevaricación, y a Griñán por el mismo supuesto en concurso medial con un delito continuado de malversación.
PRISIÓN PARA LOS EXCONSEJEROS VIERA, FERNÁNDEZ, VALLEJO Y AGUAYO
Por su parte, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha sido condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro continuado de malversación.
Los exconsejeros José Antonio Viera (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación) han sido condenados cada uno de ellos a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día, en ambos casos por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación. La Fiscalía Anticorrupción pedía para dichos tres exconsejeros ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
La exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo ha sido condenada a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación. La Fiscalía Anticorrupción le solicitaba seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
El exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez han sido condenados a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación en ambos casos. La Fiscalía Anticorrupción les pedía diez años de inhabilitación por prevaricación a cada uno.
El exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero ha sido condenado a 7 años, 11 meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación. Juan Márquez, también exdirector general de Trabajo, ha sido condenado a 7 años y un día de prisión y 18 años y un día de inhabilitación absoluta por los mismos supuestos. La Fiscalía Anticorrupción les pedía ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
Por su parte, el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá ha sido condenado a siete años y un día de prisión, y a 18 años y un día de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación. La Fiscalía pedía para él ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación.
De igual modo, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez ha sido condenado a seis años y dos días de prisión y a 15 años y dos días de inhabilitación absoluta por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con otro continuado de malversación. La Fiscalía solicitaba para él hasta ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación.
Asimismo, el ex director general de Economía y Hacienda José Salgueiro, y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano han sido condenados cada uno de ellos a 9 años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación en ambos casos. La Fiscalía solicitaba para cada uno de ellos una pena de 10 años de inhabilitación para empleo o cargo público.
También ha sido condenado el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión, y a inhabilitación absoluta, por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación por los que la Fiscalía interesaba para él una pena total de ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación.
SÓLO DOS DE LOS 21 ACUSADOS TOTALMENTE ABSUELTOS
Sólo dos de los 21 acusados han sido absueltos totalmente por la Audiencia Provincial de Sevilla; en concreto, el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez --para quien la Fiscalía pedía seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación continuadas-- y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río, que se enfrentaba a una pena solicitada por el Ministerio Público de diez años de inhabilitación para empleo o cargo público por un supuesto delito continuado de prevaricación.
Los exsecretarios generales técnicos de Empleo Juan Francisco Sánchez, Javier Aguado y Lourdes Medina y el exdirector de la agencia IFA-IDEA, Jacinto Cañete, sólo han sido condenados por prevaricación y no por malversación, por lo que no irán a prisión como pedía la Fiscalía y sólo reciben condenas de inhabilitación.
En concreto, Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado han sido condenados, cada uno de ellos, a nueve años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación y han sido absueltos del supuesto continuado de malversación.
Por su parte, a Lourdes Medina y Jacinto Cañete se les impone en cada caso una condena de ocho años, seis meses y un día de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación, mientras quedan absueltos del delito continuado de malversación que les atribuía a cada uno la Fiscalía.
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