Archivo - Primera sesión del juicio por la gestión del consorcio Formades
Archivo - Primera sesión del juicio por la gestión del consorcio Formades - EUROPA PRESS - Archivo
Actualizado: miércoles, 8 junio 2022 9:35

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, que el pasado invierno celebraba un juicio por presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación en la gestión del Consorcio Centro Andaluz de Formación Medioambíental para el Desarrollo Sostenible (Formades), ubicado en Almonte (Huelva), ha condenado a cuatro años y medio de cárcel a su exgerente Ana María Orihuela; a dos años de cárcel al hijo de la misma, Manuel Ramírez Orihuela; y también a su sobrino, Cristóbal Ojeda Orihuela; y a dos años y medio al también acusado Juan Francisco Millán, veterinario y docente en dicho centro.

Así figura en una sentencia emitida este pasado 7 de junio por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla y recogida por Europa Press, que precisa que la exgerente de Formades, en concreto, resulta declarada autora de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos, con lo que se le condena a cuatro años de cárcel y ocho años y medio de inhabilitación especial.

También se le condena a que indemnice a la Junta de Andalucía con 40.078,16 euros y solidariamente respecto de la cuantía defraudada cometida por cada uno de los acusados, que alcanza la cifra global de 899.623,94 euros.

Su hijo es declarado cooperador necesario de un delito continuado de malversación de caudales públicos, siendo condenado a dos años de cárcel, cuatro años de inhabilitación especial y a indemnizar a la Junta con 452.895,82 euros; mientras su sobrino resulta condenado a las mismas penas de cárcel e inhabilitación, con la misma tipificación, pero con una indemnización de 38.495,94 euros para la Junta.

Juan Francisco Millán Lozano, también acusado, resulta declarado cooperador necesario de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos, siendo condenado a dos años y medio de cárcel, cuatro años y medio de inhabilitación especial y una indemnización de 408.232,18 euros en favor de la Junta.

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