Condenado el empleado municipal de Montilla acusado de pedir sexo a cambio de ayudas

CÓRDOBA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a una pena de 21 meses de prisión al extrabajador social del Ayuntamiento de la localidad cordobesa de Montilla, acusado de pedir a mujeres desfavorecidas mantener relaciones sexuales a cambio de obtener ayudas sociales, todo ello en distintas ocasiones durante unos seis años.

   Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el hombre ha sido condenado por un delito continuado de abuso sexual y por un delito continuado de abuso en su función pública, al tiempo que ha sido absuelto del delito de agresión sexual del que estaba acusado, tras el acuerdo previo de conformidad entre las tres partes del proceso --las dos acusaciones y la defensa--.

   Así, las penas acordadas para este funcionario son de un año y nueve meses de prisión y de 12 años de inhabilitación absoluta, por el delito de abuso en su función pública, y de 22 meses de multa con la cuota diaria de seis euros, en total 3.960 euros, así como una orden de alejamiento durante cinco años de una de las mujeres, a la que indemnizará con 5.000 euros por el daño moral causado, como autor de un delito continuado de abuso sexual.

   En la resolución judicial se explica que se condena al trabajador social del delito de abuso de funcionario en el ejercicio de sus funciones, porque "el acusado solicita para sí mismo el favor sexual de las mujeres que acuden a él en su condición de funcionario que ha de emitir un informe a sus peticiones de ayuda social del Ayuntamiento para el que trabaja aquél".

   Señala también que el funcionario es autor de un delito de abuso sexual, porque el procesado "realiza actos que atentan contra la libertad sexual de una de sus víctimas, prevaliéndose de la patente y manifiesta situación de superioridad que le da el que la ayuda social por ella pedida dependa en buena medida de su informe, estado que la lleva a ella a consentir tales actos que no son completamente queridos y que, sin que mediara esa coerción, no consentiría".

"NO DESPLIEGA VIOLENCIA"

   Asimismo, la sentencia expone que la propuesta de condena del acusado como responsable del delito de agresión sexual que hace la acusación particular no puede aceptarse, dado que "el acusado no despliega violencia o intimidación sobre ella que cubra sus actuaciones libidinosas hasta anular el consentimiento de la mujer".

   No obstante, apunta que "sí que es evidente que hay una falta de verdadero y franco consentimiento de la mujer por el vicio mencionado, toda vez que, como reconoce en el juicio, de no depender su ayuda de ese hombre jamás ella hubiera consentido relación sexual alguna con él".

   Los magistrados mencionan que la ley "castiga a la persona que atentare contra la libertad de autoderminación sexual de cualquier persona mediando violencia o intimidación, lo que exige que esa libérrima decisión que tiene cualquier ser humano para aceptar o no aceptar relaciones sexuales con otro no esté anulada por la fuerza física o la coerción equivalente, que su libre y voluntario consentimiento no se vea directamente doblegado por esa vis física o psíquica".

   Dicha situación, "en modo alguno es la que padeció esta mujer, como ella misma reconoce en plenario", dado que "consiente los tocamientos efectuados por su victimario, si bien el consentimiento que presta está viciado porque cree --pensamiento propio que no está alimentado por la concreta y directa actuación coercitiva del hombre-- que está en manos de él la obtención de la ayuda social que le ha reclamado".

"ARREPENTIMIENTO"

   En el acto del juicio, el extrabajador social del Ayuntamiento reconoció ante el juez los hechos parcialmente, de manera que pidió "perdón y disculpas" y mostró "arrepentimiento", según confirmaron fuentes judiciales, que detallaron que el hombre, que ya no se encuentra de empleado en Montilla, considera que "ha aprendido la lección" para no repetir hechos como por los que ha sido procesado.

   Al respecto, en la sesión solo declararon dos de cinco mujeres, cuyos casos se juzgaban, y una de ellas, que interpuso denuncia, manifestó a los periodistas que ha habido "muchos casos, pero no han sido denunciados". Según calcula, en torno a la veintena de mujeres.

   Mientras, el Ministerio Público rebajó su petición de penas después de que inicialmente sumaban 14 años y seis meses de prisión y 48 años de inhabilitación y se quedó en 21 meses de cárcel y 12 años de inhabilitación absoluta por un delito continuado de abusos en el ejercicio de su función, y multa de 3.960 euros, cinco años de orden de alejamiento y 5.000 euros de indemnización por un delito continuado de abuso sexual.

   Por su parte, la acusación particular mantuvo su calificación de los hechos como delito de abusos y agresión sexual, algo que en este último caso el acusado negó que cometiera.