Defensa del exinterventor: El Consejo de Gobierno conoció "irregularidades" y pudo "suspender ayudas" de los ERE

SEVILLA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El abogado del ex interventor general de la Junta Manuel Gómez ha concluido su informe final en el juicio de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos señalando que el Consejo de Gobierno, que tuvo conocimiento de irregularidades detectadas en el sistema de concesión y pago de las ayudas, "podría haber suspendido la gestión y pago" de las mismas.

Gómez se enfrenta a una petición de seis años de prisión y 30 de inhabilitación por un delito de prevaricación y malversación en el juicio que celebra desde hace casi un año la Audiencia de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis por parte de la Dirección General de Trabajo mediante el programa presupuestario 31L, cuyos fondos eran allegados al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), a través de transferencias de financiación, en virtud del convenio marco de 2001.

El letrado José Rebollo, en la parte final de su informe, ha abordado "lo que pudieron hacer los demás". Si bien, antes ha expuesto las actuaciones de control efectuadas durante la etapa investigada por la Intervención de la Junta relativas a la gestión del programa 31L.

Rebollo, que ha defendido que la actuación de Gómez fue siempre "conforme a derecho", ha enumerado "las numerosas actuaciones de control desarrolladas durante los años 2000 y 2009, por medio de las cuales se puso en conocimiento de otros órganos las irregularidades y la forma en la que éstas debían ser subsanadas".

Centrándose en los informes de Control Financiero Permanente de IFA/IDEA, ha indicado las principales observaciones que se formularon en dichos informes, como el "uso inadecuado" por parte de Empleo de las transferencias de financiación o que la Dirección General de Trabajo "había generado obligaciones por encima de los créditos presupuestarios".

En este sentido, ha señalado que el informe adicional del ejercicio 2003, conocido en 2005, enumeraba "pormenorizadamente la concurrencia
de hasta 23 irregularidades legales distintas", lo que llevó a señalar que Empleo "estaba gestionando subvenciones prescindiendo del procedimiento legalmente establecido".

Igualmente, ha apuntado las irregularidades recogidas en las memorias elaboradas por la Intervención sobre control financiero permanente, que
acompañaba al Acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se aprobaba el Programa de Control anual.

"El uso inadecuado de las transferencias de financiación, con su ineludible consecuencia de elusión de la fiscalización previa del gasto público, era conocido por todos los miembros del Consejo de
Gobierno de la Junta de Andalucía", según esta defensa.

"LO QUE OTROS ÓRGANOS RESPONSABLES PUDIERON HACER"

Expuesto lo que la Intervención "hizo y lo que no pudo hacer", Rebollo ha plantado lo que otros órganos responsables de la instauración y mantenimiento del sistema pudieron hacer.

Así, empezando por el Consejo de Gobierno, Rebollo ha manifestado que este órgano "podría haber dictado las oportunas instrucciones a las
consejerías de Empleo, Innovación y Hacienda, para que
corrigieran las deficiencias advertidas; podría haber impartido directrices vinculantes a las consejerías anteriormente reseñadas, con el fin de que se subsanaran las deficiencias puestas de manifiesto; podría haber suspendido la gestión y pago de las ayudas, así
como del convenio marco de 2001, tal y como sí que hizo a partir del año 2010; podría haber presupuestado los créditos para las ayudas que
se concedían en las aplicaciones adecuadas; podría haber regulado el régimen de las ayudas sociolaborales, tal y como se hizo en el año 2012 con el decreto ley de regularización de las ayudas; y pudo regular con detalle el régimen de las transferencias de financiación".

Pese a que se niega el conocimiento por parte del Consejo de
Gobierno de las irregularidades que la Intervención había puesto de
manifiesto en sus informes, Rebollo ha precisado que este órgano "tuvo conocimiento de forma directo por los acuerdos sobre Control Financiero Permanente. Además, ha apuntado que algunos de los consejeros destinatarios de los informes de la Intervención --Empleo, Innovación y Hacienda-- integraban el Consejo de Gobierno.

Sobre la Consejería de Empleo, como órgano competente para formular el anteproyecto de presupuesto de su departamento, debería haber presupuestado las partidas adecuadas para la concesión de subvenciones y en lugar de las transferencias, "lo que hubiera permitido la fiscalización previa de las ayudas".

Además, "entre sus facultades se encontraba la de resolución del
convenio marco de 2001 y la de ordenación a la Dirección General de Trabajo del cese inmediato en la concesión y pago de las ayudas".

"El consejero de Empleo podría haber dejado de proponer los pagos de las transferencias, retirándole al director general de Trabajo la delegación de competencias en materia de gastos que en su caso ostentara". Por último, apunta que el consejero pudo "haber
ordenado la suspensión cautelar del pago de las ayudas a ésta".

HACIENDA PUDO ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE LOS PAGOS

En cuanto a la Consejería de Hacienda, Rebollo ha indicado que "ostenta amplias facultades que hubieran podido dificultar, si no impedir, la forma de proceder completamente inadecuada de los otros órganos a los que ya nos hemos referido".

"Podría haber ordenado la suspensión de los pagos de las transferencias a IFA/IDEA así como la suspensión de los pagos de las ayudas por dicha entidad a sus destinatarios", ha añadido.

Igualmente, indica el letrado que Hacienda, una vez que tuvo conocimiento de la imposibilidad de fiscalización de las ayudas, "pudo no incluir en el proyecto de Presupuesto la partida de las transferencias de financiación".

Por todo esto, Rebollo ha asegurado que tanto el Consejo de Gobierno
como los titulares de las respectivas consejerías, en ejercicio de sus respectivas facultades discrecionales, adoptaron una serie de decisiones, cuando se debían haber adoptado otras que hubieran puesto fin al sistema.

Prueba de ello, es que de hecho, "esto último fue lo que ocurrió
tras incoarse la presente causa" en 2011. "Decidieron suspender la vigencia del Convenio de 2001, no volver a conceder y pagar las ayudas, o no volver a presupuestar transferencias de financiación".

"Resulta sorprendente que quienes pervierten un sistema con el fin de eludir los controles de la Intervención y quienes no supieron reaccionar frente al mismo en el ejercicio de sus competencias, reprochen a la Intervención una supuesta falta de control que no le era posible", ha señalado, en referencia a las acusaciones y la estrategia de algunas defensas.

"Especialmente llamativo es que la estrategia de defensa del consejero de Empleo --en la causa están enjuiciados José Antonio Viera y Antonio Fernández, pero no ha concretado-- sea atribuir cualquier tipo de culpa a la Intervención", ha afeado, sobre todo, cuando "fue el consejero quien incluyó en su anteproyecto de Presupuesto la partida de las transferencias".

Por todo ello, no cabe que la acusación y algunas defensas pretendan atribuir a la Intervención una responsabilidad que corresponde a otros órganos, ha concluido Rebollo para pedir la absolución de su cliente, no si antes aclarar que cuando habla de responsabilidad no es responsabilidad penal, "para la que tendrían que darse los elementos del delito, que cree que no concurren".