Contable y auditor se eximen de responsabilidad en el hundimiento de la cooperativa La Unión, de Úbeda (Jaén)

JAÉN 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El contable y el auditor, las dos únicas personas que se han sentado en el banquillo por el hundimiento de la que segunda mayor cooperativa de aceite española, con más de 2.000 socios, han rechazado cualquier tipo de responsabilidad en la quiebra de la cooperativa La Unión, de Úbeda (Jaén).

El tercero de los acusados, el que fuera presidente de la cooperativa, José Conseguegra, falleció en enero de 2018, y a él ha sido al que el contable ha atribuido las decisiones que él se limitaba a acatar.

Dos horas y 40 minutos es lo que ha durado el interrogatorio de J.L.R.P, de 64 años. Durante este tiempo ha tenido que responder las preguntas del Ministerio Fiscal, de los 12 abogados personados como acusación particular y de los otros dos letrados que ejercen las defensas.

El que fuera contable de La Unión ha señalado que sus funciones "estaban limitadas y no tenía firma". Su misión, como oficial administrativo, por las que percibía un sueldo de unos 3.700 euros al mes, eran las de registrar los asientos contables, de los que el 80 por ciento se encargaba automáticamente el sistema informático con el que operaban.

Ha reconocido en su declaración que había socios 'VIP' a los que se pagaba la aceituna más cara que al resto y otros a los que se les abonaban los portes a la cooperativa, pero eso siempre era "por orden del presidente", el fallecido José Consuegra. Además, ha añadido que era el presidente el que autorizaba anticipos a "gente que no tenía aceituna".

Ha negado que él ejerciera como gerente o asesor fiscal en la cooperativa, al mismo tiempo que ha rechazado tener alguna responsabilidad sobre la sección de crédito de la cooperativa.

Por su parte, el auditor M.R.A. solo ha aceptado responder a las preguntas de las defensas y de la compañía aseguradora. En su declaración ante el tribunal, ha apuntado que él solo se encargaba de hacer la auditoria contable, pero no la de gestión.

Ha indicado que advirtió tanto en 2014 como en 2015 que había seis millones de euros "en la calle por cobrar" y que planteó que se recuperara ese dinero mediante cobradores y a porcentaje, pero "nadie tenía prisa por cobrar nada" porque "había 40 millones de euros a plazo fijo".

M.R.A., a sus 88 años, ha dicho que confiaba en que se pusieran medios para cobrar ese dinero porque así se lo dijeron y que por eso no hizo constar nada al respecto. Ha reiterado que él solo era "asesor" y que por tanto no tomaba ninguna decisión ni modificaba ningún tipo de asiento contable.

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén es la que acoge este juicio que se prologará durante esta semana y en el que se juzga al contable y al auditor de la cooperativa La Unión, de Úbeda (Jaén), acusados de apropiarse de 2,6 millones de euros.

Tras dos suspensiones, finalmente se ha podido celebrar la vista en la que la propia cooperativa ejerce la acusación particular, al tiempo que cuenta con la condición de poder ser considerada responsable civil subsidiario.

El Ministerio Fiscal en el escrito de calificación al que ha accedido Europa Press establece que el contable y el presidente fallecido "movidos por un ánimo de obtener un lucro a costa de los ajeno", procedieron a apoderarse del dinero de los cooperativistas.

Para ello, según el relato de Fiscalía, no sólo realizaron salidas de tesorería por importe de 1,2 millones y anticipos de remuneraciones por importe de 1,2 millones, sino que "falsearon las cuentas anuales de la sociedad, los tickets de entrega de aceituna propios y de otros propios, e incluso el acusado J.L.R.P., apoderándose de modo directo de un total de 187.600 euros".

Para ocultarlo, en 2007 "se concertaron" con el otro acusado, auditor de las cuentas y de sus filiales para que en su informe contable anual omitiera de modo "consciente y voluntario" la situación real de la cooperativa y los actos de disposición tanto del presidente como del contable. Así, les proporcionó programas informáticos para la contabilidad "de modo que se engañaba a los miembros del consejo rector al exponer su informe anual de auditoría".

Relata Fiscalía que amparándose, en una situación de "aparente solvencia y gestión", el presidente de la cooperativa, ya fallecido, y el contable abrieron una sección de crédito en la que tanto los socios como terceros a la sociedad realizaban depósitos que se retribuían a un interés muy superior al del mercado, consiguiendo de esta forma "efectivo con el que disimular la situación real de la empresa".

Debido a la "pésima" gestión, la cooperativa tuvo que someterse a un concurso de acreedores que concluyó con la aprobación del correspondiente convenio que dejaba al descubierto una deuda superior a los 40 millones de euros.

El Ministerio Fiscal ha calificado los hechos de un delito de administración desleal, otro de apropiación indebida y otro de falseamiento de cuentas. Como presuntos autores de los mismos reclama a los dos acusados nueve años de prisión y 4.800 euros en multas. Además, en concepto de responsabilidad civil les reclama 2,67 millones de euros por el dinero supuestamente detraído y no recuperado.

Para este martes está previsto que se retome el juicio con las declaraciones de testigos.