Convalidado el decreto que recupera las 35 horas con la abstención de PP-A y C's

SEVILLA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento ha convalidado este jueves, con los votos a favor del PSOE-A, Podemos e IULV-CA y la abstención del PP-A y de C's, el decreto-ley del Gobierno andaluz que devuelve a los empleados públicos de la Junta el próximo mes de enero la jornada laboral de 35 horas semanales, implantada en 1999 y suspendida en 2012 por imposición de las normas estatales de reequilibrio económico-financiero.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha explicado ante el Pleno del Parlamento que este decreto-ley, que mejorará las condiciones de más de 270.000 trabajadores, forma parte del compromiso de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de restablecer durante esta legislatura todos los derechos laborales que se han visto afectados desde 2012, decisión que fue ratificada en el acuerdo del pasado 2 de junio con los sindicatos CCOO, UGT y CSIF.

Según ha destacado la titular del ramo, la tramitación como decreto ley, fórmula que el Estatuto de Autonomía prevé por razones de "extraordinaria y urgente necesidad", permitirá implantar la medida dentro del calendario acordado. El 16 de enero se llevará a cabo en la Administración General, para extenderse después a los sectores sanitario y educativo.

La adaptación de los servicios públicos al restablecimiento de las 35 horas estará sujeta a la negociación colectiva con los representantes de los empleados. En este proceso se tendrán especialmente en cuenta las características del sector sanitario, donde se aplicará en función de los turnos de trabajo diario y los criterios de flexibilidad que se negocien en cada ámbito, mientras que en la Administración educativa la jornada se implantará progresivamente a partir del curso 2017/2018 por razones de organización y planificación del calendario escolar.

La devolución los derechos laborales suspendidos a los empleados públicos se ha venido realizando gradualmente durante los últimos dos años y se completará en esta legislatura. Así, el personal funcionario interino y temporal ya ha recuperado del cien por cien de su jornada y de las retribuciones, que se vieron reducidas en un 25 por ciento por el proceso de redistribución del trabajo que se llevó a cabo, frente al modelo de despidos y privatizaciones seguido en otras comunidades.

PP-A DENUNCIA QUE SE INCUMPLE LA LEY

En el turno de intervención de los grupos, el diputado del PP-A Pablo Venzal ha polemizado con el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, al inicio de su intervención, cuando le ha pedido, en virtud del artículo 78 del Reglamento, que el letrado mayor de la Cámara informe "sobre si lo que se va a votar es legal o no", dadas las sentencias en contra por parte del Tribunal Constitucional en Castilla-La Mancha y Cataluña.

Después de que dicha petición fuera negada, el diputado del PP-A ha indicado que el decreto-ley es "contrario al principio de legalidad, a la división de poderes, a la lealtad institucional y al cumplimiento de los acuerdos". "Incumplen la ley porque saben que estamos ante una potestad exclusiva del Estado", ha señalado Venzal, para quien la única intención de la Junta es "confrontar" con Rajoy.

Por su parte, la diputada de Podemos Begoña Gutiérrez ha indicado que su formación siempre ha estado al lado de quienes defienden a nuestros empleados públicos y que, desgraciadamente, el PSOE-A "ha caminado próximo a la idea de gestión de lo público" del Partido Popular. Se ha preguntado por qué la Junta no adoptó antes medidas para la devolución de derechos a los empleados públicos y por qué no se declaró en "rebeldía" ante el decreto de recortes del Ejecutivo nacional. Ha señalado que este decreto llega "tarde y mal" y ha lamentado que la Junta no haya buscado consenso con todos los grupos.

El parlamentario de Ciudadanos Julio Díaz ha asegurado que la formación naranja "no va a ser un obstáculo infranqueable" pero ha agregado que "tampoco va a ser colaborador necesario en la habitual confrontación entre los gobiernos de la Nación y el andaluz". Ha planteado que el Gobierno central puede recurrir este decreto ley, a la par que ha defendido que los presupuestos de la Junta para 2016 y 2017, que tienen "el sello naranja", tienen ese "espíritu" para recuperar derechos de los empleados públicos.

La diputada adjunta del grupo parlamentario de IULV-CA, Elena Cortés, ha indicado que este decreto-ley supone "un paso adelante" pero que tal vez el aumento de la jornada laboral fue el "mal menor" respecto a otros sacrificios por parte de empleados públicos que han dejado muchos derechos "por el camino". Ha asegurado que a IULV-CA no le gustan los discursos "triunfalistas" y ha advertido de la posibilidad de que el Gobierno de la Nación recurra al TC el citado decreto-ley.

El parlamentario del PSOE-A Jesús María Ruiz ha manifestado que con este decreto de restitución de derechos se pretende "hacer justifica" con los empleados públicos y confirmar el compromiso del Gobierno andaluz y del grupo socialista con todos ellos. Se persigue, según ha apuntado, de conseguir casi definitivamente su "dignificación" después del esfuerzo que han hecho en los peores momentos de la crisis.