SEVILLA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Diputación Permanente del Parlamento, el órgano encargado de velar por la actividad parlamentaria en los periodos inhábiles, ha convalidado este miércoles por unanimidad el Decreto-Ley 6/2016 aprobado por la Junta por el que se destinan 2,7 millones de euros a la reparación urgente de las infraestructuras municipales dañadas por el temporal de principios del pasado diciembre en las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga.
De esta manera, a favor de la convalidación del decreto han votado los cinco grupos parlamentarios --PSOE-A, PP-A, Podemos, Ciudadanos e IULV-CA--, si bien el PP-A ha solicitado que el decreto se tramite como proyecto de ley, algo que se ha sometido también a votación pero que no ha salido adelante al votar en contra de la propuesta tanto PSOE-A como Ciudadanos e IULV-CA. Podemos, en cambio, ha votado a favor.
Al inicio de la sesión de la Diputación Permanente, que traía como único punto del orden del día la convalidación o derogación de este decreto, ha comparecido el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, quien ha recordado que en las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga se vivió una situación de "emergencia y catástrofe" ante la que se ha buscado desde la Junta "dar una respuesta lo más ágil y eficaz posible dentro de sus competencias".
Además, ha lamentado las dos muertes se produjeron en el marco de este temporal, un pesar al que se han sumado los cinco grupos, y ha indicado que el Gobierno andaluz, mediante este decreto, ha creado el Programa de colaboración financiera específica con las entidades locales para la restitución de infraestructuras afectadas a la prestación de servicios esenciales y básicos de la competencia municipal.
Jiménez Barrios ha detallado que esta medida tiene como finalidad evitar la paralización de servicios de competencia municipal esenciales para la salud, la seguridad y la movilidad de la ciudadanía y, en especial, los vinculados a infraestructuras de abastecimiento de agua potable; evacuación y tratamiento de aguas residuales; acceso a los núcleos de población; pavimentación y alumbrado público.
Junto a ello, ha señalado que tienen también la consideración de proyectos financiables los referidos a la reparación o adquisición de mobiliario urbano dañado; la limpieza de vías urbanas; la adquisición de cisternas de agua, y la retirada de escombros y lodos.
La financiación se distribuirá entre las entidades locales afectadas atendiendo a su población, a la superficie urbana de que dispongan y a la gravedad de los daños sufridos, así como a la capacidad económica, con la limitación para el cálculo distributivo de que ninguno de ellos reciba menos de un uno por ciento ni más de un diez por ciento de la cantidad a distribuir.
MUNICIPIOS BENEFICIARIOS
El vicepresidente ha señalado que los municipios afectados de la provincia de Cádiz han sido Algeciras, Barbate, La Línea de la Concepción, Los Barrios, San Fernando, San Roque, Tarifa y Vejer de la Frontera; en la provincia de Huelva, los municipios de Aljaraque, Almonte, Alosno, Cartaya, El Granado, Lepe, Moguer, Palos de la Frontera, Santa Olalla del Cala y Villarrasa y la ELA de La Redondela (Isla Cristina), y en la provincia de Málaga, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Álora, Alozaina, Benahavís, Cártama, Casarabonela, Casares, Coín, Colmenar, Estepona, Fuengirola, Guaro, Istán, Málaga, Manilva, Marbella, Mijas, Pizarra, Ronda, Torremolinos y Villanueva de la Concepción.
Según esta distribución, se destinan 712.484,59 euros de este programa de colaboración financiera específica a la provincia de Cádiz, 390.972,70 euros a la de Huelva, así como 1.592.542,59 euros a la de Málaga.
Tras la publicación de esta orden, los alcaldes de la entidad local beneficiaria han dispuesto de un plazo de tres días hábiles para aceptar la financiación de las actuaciones a ejecutar mediante su notificación electrónica a través de la página web de la Consejería de la Presidencia y Administración Local. Con posterioridad a ese trámite, los ayuntamientos beneficiarios disponen de un plazo de dos meses para la presentación telemática de la documentación relativa a los proyectos o actuaciones que se realizará.
Una de las condiciones establecidas es que la de recepción de los fondos debe hacerse en una cuenta separada de la entidad local que será empleada exclusivamente para situar los ingresos y realizar los pagos que se deriven de la aplicación del presente Decreto-ley, y que, según ha adelantado Jiménez Barrios, empezarán a producirse la próxima semana.
PP-A PIDE QUE SE TRAMITE COMO PROYECTO DE LEY
En nombre del PP-A, la diputada Patricia Navarro ha valorado la reacción "rápida, inmediata y coordinada de todas las administraciones, también del Gobierno andaluz", pero ha apuntado "ciertas deficiencias" en el procedimiento seguido que le han llevado a solicitar que el decreto-ley se convalide como proyecto de ley.
Así, ha explicado que aún se están tramitando expedientes de daños "en muchos municipios", por lo que le genera "dudas" la evaluación que haya realizado el Gobierno andaluz para el establecimiento de las ayudas, y ha llamado la atención acerca de que "municipios con daños graves y que han solicitado ayudas no las han recibido", como Conil (Cádiz) o Isla Cristina (Huelva).
Igualmente, Navarro ha señalado que en el decreto hay una "gran ausencia" como es la provincia de Almería, que unos días después de la aprobación de este decreto sufrió también "cuantiosos daños" como consecuencia de otro temporal, y el PP-A considera que aunque se retrase el procedimiento sería lógico modificar este decreto para incluir como beneficiarios del mismo también a municipios almerienses.
Por parte del PSOE-A, la parlamentaria María Luisa Bustinduy ha defendido que la convalidación del decreto-ley es suficiente, y ha subrayado la "rapidez y eficiencia" con la que ha actuado el Gobierno andaluz para dar respuesta a una situación de emergencia derivada de unas lluvias "absolutamente extraordinarias".
Además, ha aprovechado la ocasión para trasladar que pese a que el Gobierno de la Nación actuó "con mucha celeridad en los primeros días" tras el temporal, "ha pasado un mes y una semana y hay alcaldes que no saben todavía ni cómo ni qué pueden solicitar" a la Administración central, y ha defendido además la conveniencia de que el Gobierno central autorizara a determinados ayuntamientos un aumento de su techo de gasto para poder emplear "dinero propio" ante estas circunstancias.
Por parte de Podemos, la parlamentaria Esperanza Gómez, que ha apuntado elementos positivos en la tramitación de este decreto como que se pida a los ayuntamientos beneficiarios de las ayudas la creación de una cuenta específica para recibirlas, también ha señalado "dudas", acerca, por ejemplo, de la cuantía establecida, que les "cuesta decir si es suficiente" al desconocer la valoración que ha realizado la Junta.
En representación de Ciudadanos, la diputada Marta Bosquet ha señalado que se ha actuado con "eficacia" y espera que se dé también "eficiencia" en los pasos siguientes a dar, así como una "correcta aplicación" de los recursos que se destinan a estas ayudas. De igual modo, ha señalado que situaciones de catástrofe como las vividas el pasado mes de diciembre deberían servir para pensar en medidas de prevención de cara a otras situaciones similares en el futuro.
Finalmente, el diputado de IULV-CA José Antonio Castro ha llamado también a "reflexionar" sobre "cómo se pueden mejorar los entornos" naturales de cara a emergencias similares y así "paliar" daños "inevitables" como los que generan lluvias extraordinarias. También ha felicitado la "rápida y ágil" respuesta dada por las administraciones y ha concluido pidiendo al Gobierno andaluz que realice una "labor de seguimiento" de la materialización de estas ayudas.