SEVILLA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de la Coordinadora Andaluza por la Memoria Histórica y Democrática, Antonio Manuel Mateos, ha instado a la Junta a cumplir la Ley, "le guste o no", porque si no lo hace está "incumpliendo derechos humanos por omisión, como apunta el relator de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Fabián Salvioli.
Durante la presentación del balance de gestión de políticas de Memoria en Andalucía en 2021, Mateos ha confirmado el "desmantelamiento" de estas políticas por parte del gobierno andaluz, máximo órgano competente en la materia y que se traduce en "una ejecución del presupuesto de 2021 del 15% hasta la fecha; el año pasado año fue del 17%".
El colectivo ha afirmado que en exhumaciones, "solo se ha ejecutado un pírrico 4,48%, y un 0,6% en investigación y va a dejar pasar toda la Legislatura sin aprobar ninguna iniciativa propia".
De 49 intervenciones en fosas que se están llevando a cabo actualmente en Andalucía, "solo en una participa la Junta con financiación, Pico Reja, y porque estaba comprometida por convenio desde 2017". Así, las 49 intervenciones en las que se está trabajando "están sufragadas por financiación del Gobierno de España y por diputaciones y ayuntamientos".
"Por cada 100 euros que destinaba a Memoria el anterior Ejecutivo autonómico, presidido por el PSOE, el 'Gobierno de las Derechas' destina ocho", apunta el colectivo.
El portavoz memorialista ha señalado que el Gobierno de España está financiando las actuaciones a través de una convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que en 2020 tuvo una dotación económica de 462.000 euros, más 265.000 euros que el Gobierno central está aportando a Pico Reja.
"Entre 2020 y 2021, ha transferido a Andalucía para exhumaciones un 35% más --2.074.000 euros a fecha noviembre-- que lo que ha presupuestado, que no ejecutado, el Gobierno andaluz para exhumaciones en toda la Legislatura (1,53 millones)".
Tres de los proyectos nominativos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) son andaluces: La Salud, San Rafael (Ayuntamiento de Córdoba), la fosa 702 del cementerio de San Eufrasio (Ayuntamiento de Jaén) y fosa del cementerio de La Soledad (Ayuntamiento de Huelva).
"Reclamamos al Gobierno andaluz que no paralice la investigación, porque lo hace para demorar al máximo las futuras exhumaciones que tienen que comenzar por esa investigación e indagación". En este sentido, Mateos ha apremiado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, a que responda al "grito de la gente en la calle por la Memoria Democrática para que cumpla con la ley y con los derechos humanos".
La Coordinadora también ha puesto de manifiesto "la política de brazos caídos de la Junta", con "consecuencias sociales", como los conflictos entre vecinos y vecinas como los ocurridos "con la retirada de la cruz de homenaje en Aguilar de la Frontera (Córdoba), la reversión en la nomenclatura de calles en Córdoba a nombres de dirigentes franquistas, como el espacio dedicado a Pemán en El Puerto, y por supuesto abordar la retirada del genocida franquista de su actual enterramiento con exposición pública en la Basílica de la Macarena".