C's dice que el gasto en alquiler de sedes judiciales sube "un 31%" en 2017

SEVILLA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Ciudadanos (C's), a través de su diputada autonómica Marta Bosquet, ha criticado este jueves que el proyecto del Presupuesto de la Junta para 2017 recoge un gasto en alquiler de sedes judiciales que es "un 31 por ciento" mayor respecto a 2016, a lo que el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha respondido que "está confundiendo las cifras" de las cuentas autonómicas y que la Administración andaluza ha logrado un ahorro de más de seis millones de euros en dichos arrendamientos desde 2010 hasta la actualidad.

Así lo ha expuesto De Llera en respuesta a una pregunta que en el Pleno del Parlamento le ha formulado la diputada Bosquet, que ha llamado la atención sobre el "cuantioso" incremento que contempla el Presupuesto de la Junta de 2017 en alquiler de sedes judiciales, cuando tanto el Gobierno andaluz como el propio consejero "se han pronunciado en multitud de ocasiones en el sentido contrario", el de que se va "reduciendo progresivamente ese coste de alquileres".

Al respecto, el consejero ha defendido que desde que asumió las competencias de justicia, la Junta "ha venido trabajando en la adquisición y construcción de edificios en propiedad" para no tender al alquiler, si bien han existido "dificultades para cumplir ese propósito", fundamentalmente "el rápido incremento hasta 2010 de nuevos órganos judiciales en Andalucía", según ha precisado De Llera, que ha concretado que "se han creado 220" órganos de ese tipo "en los últimos 15 años".

Ha defendido que "la necesidad de contratar alquileres para afrontar este crecimiento se adoptó como una solución provisional", y además ha destacado que "las medidas de control y racionalización del gasto" llevadas a cabo por la Consejería "han logrado un considerable ahorro en el coste de estos alquileres", de modo que "desde 2010 hasta hoy hemos logrado prescindir de 25 contratos y reducir en 21 el número de sedes de alquiler, lo que supone haber disminuido un 22 por ciento el número de inmuebles arrendados".

En concreto, según los datos de la Consejería, actualmente Andalucía cuenta con un total de 166 sedes judiciales, de las que 94 son en propiedad o cesión de uso. El resto, 72, se encuentran en régimen de alquiler, manteniéndose vigentes un total de 99 contratos.

Además, según ha explicado De Llera, la Junta ha revisado con los propietarios de los inmuebles "la totalidad de los contratos para reducir los costes", algo que, "junto a la puesta en funcionamiento de nuevos edificios judiciales en propiedad han permitido un ahorro de casi seis millones", al pasar "de 20,2 millones de euros abonados en 2010 a 14,3 millones que pagamos en la actualidad", una cifra que, según ha recordado, "volverá a reducirse cuando se ponga en marcha la Ciudad de la Justicia de Córdoba".

C'S: JUSTICIA "GASTA MÁS EN ALQUILERES QUE EN INVERSIONES"

Bosquet ha respondido indicando que no le cuadraban los datos aportados por el consejero, porque el coste de las oficinas judiciales en 2014 era "de algo más de 14 millones de euros según los datos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía" (TSJA), y "ahora, dos años después, estamos en más de 21 millones", por lo que "ha subido más de un 45 por ciento en estos últimos años".

"Es mucho mayor el dinero que se gasta en alquileres que el que se gasta en inversiones" y "nos gastamos el dinero en arrendamientos en vez de en nuevas sedes", ha reprochado la diputada de C's, que se ha referido al caso concreto del coste del alquiler de la sede judicial de Lucena (Córdoba), "200.000 euros anuales", y ha advertido de la "paradoja" de que desde la Consejería "siguen aplicando las pautas fijadas en el plan económico-financiero de reequilibrio de la Junta pese a que, tal como dice la propia memoria" del Presupuesto, "ya no está vigente". También ha lamentado que pese a que el Plan de Infraestructuras Judiciales de la Junta contempla la puesta en marcha de Ciudades de la Justicia en todas las provincias, por ahora sólo están en funcionamiento las de Málaga y Almería.

El consejero ha respondido apuntando que la representante de C's estaba "confundiendo" las cifras del presupuesto de la Consejería, ya que, aunque en la aplicación correspondiente al arrendamiento de edificios "se ha consignado la cantidad de 21,6 millones de euros", realmente lo que se destina al pago de las sedes judiciales son "14,3 millones". "El resto es una cantidad estimada y que corresponde al pago por disposición de contrato de colaboración público-privada a la entidad explotadora de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, cuyas obras finalizan el próximo año", según ha explicado De Llera.

Unos minutos después, en respuesta a otra pregunta que sobre la misma cuestión le ha planteado la parlamentaria socialista Noemí Cruz, el consejero ha insistido en destacar el ahorro conseguido en alquileres de sedes judiciales, destacando casos concretos como que "en Almería en los últimos seis años el coste se ha rebajado en 2,8 millones", mientras que en Cádiz "el ahorro global desde 2010 supera 1,2 millones de euros".

Además, ha avanzado que el traslado al Prado de San Sebastián, el próximo año, de los juzgados de Violencia contra la Mujer de Sevilla "va a permitir un ahorro de cerca de 300.000 euros", y también se va a lograr una reducción del gasto en arrendamientos merced a la adecuación de diferentes plantas del edificio de la Caleta de Granada, y "cuando el año que viene finalicen las obras de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, podremos ir prescindiendo de las siete sedes alquiladas" actualmente en la capital cordobesa, cuya renta anual "asciende a un millón de euros".

Igualmente, el consejero ha defendido que "el alquiler de inmuebles por parte de la administración pública no puede ser sinónimo de despilfarro, ni una medida inadecuada que debamos demonizar", sino que es "algo útil y necesario muchas veces y en ocasiones incluso imprescindible".

ANDALUCÍA Y MADRID

Ha argumentado en esa línea que cuando se transfirieron las competencias de justicia a la Junta, "buena parte de los edificios recibidos se encontraban en estado de verdadera precariedad", y aunque "el objetivo de la Junta desde el principio fue el de hacerse de un parque inmobiliario en propiedad, diferentes circunstancias como el incremento progresivo de nuevos órganos judiciales obligó a acudir, como medida provisional al menos, a los arrendamientos", algo que "no es nada censurable" si además se adoptan "las medidas necesarias para reducir y ajustar el gasto".

Además, ha comparado la situación de Andalucía con la de la Comunidad de Madrid, que "gestiona 77 inmuebles judiciales, menos de la mitad" que la comunidad andaluza, pese a lo cual "dedicó el año pasado a financiar el arrendamiento de uso judicial la formidable cifra de 29,8 millones, más del doble que Andalucía", al gasto en ellos.

En esta línea, la parlamentaria socialista Noemí Cruz ha defendido el trabajo "intenso" realizado por la Junta para que la comunidad disponga de unas "adecuadas" infraestructuras judiciales desde que asumiera el traspaso de las competencias de justicia, y ha señalado que el sistema de alquiler o arrendamientos "se ha utilizado en otras muchas administraciones y es absolutamente legítimo", no obstante lo cual gracias a la labor de la Junta se está consiguiendo reducir el gasto anual en alquileres de sedes judiciales, según ha defendido.