Cs espera que el dictamen de la comisión de formación apunte responsables políticos y "no haya votos particulares"

Plantea la creación de una comisión específica para denunciar casos de corrupción de los que luego se informe a Fiscalía

SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha expresado este miércoles su deseo de que el dictamen de la comisión sobre el presunto fraude en las ayudas a la formación que se somete a votación en el Pleno del Parlamento este miércoles por la tarde recoja "responsables políticos", así como confía en que finalmente "no haya votos particulares" que salgan adelante.

Así lo ha señalado Marín en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que ha subrayado que este miércoles por la tarde se aborda la "posibilidad o no de finalizar una comisión de investigación" como ésta de los cursos de formación con un dictamen, y ha felicitado el trabajo "muy difícil" que ha realizado el presidente de la comisión, Julio Díaz, también de Ciudadanos.

Marín ha destacado que para la formación naranja es "importante saber lo que sucedió con el dinero que venía para la formación" y también ser capaces de poner en marcha medidas para que lo sucedido no se repita en el futuro.

Así las cosas, el portavoz de Cs ha confirmado que su grupo "lógicamente" votará que "sí al dictamen", y lo hará "por coherencia" porque "es lo mismo que hemos venido diciendo desde el principio", y porque señala "responsables políticos de ese periodo en el que no se gestionaron los recursos para la formación como se debía haber hecho, con nombres y apellidos", aunque "a algunos como al PSOE no les guste escuchar", en alusión a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y los de "todos los responsables políticos que en aquellos años participaron en la gestión de esos fondos".

Ha incidido en que el "único objetivo" de Cs es que este miércoles "el Parlamento ratifique lo que ya han ratificado todos los grupos en la comisión", porque, según ha remarcado, el dictamen salió de la comisión para su votación en el Pleno "hace apenas dos semanas con el apoyo de todos los grupos", de ahí que, a su juicio, no sería "coherente ni serio" que puedan salir votos particulares adelante.

No obstante, ha reconocido que en Cs "temen que los intereses del resto de los grupos, incluido el PSOE-A, sea que este dictamen no salga adelante", pero que en ese caso serán esos grupos quienes tendrán que darle "explicaciones" a los andaluces.

Marín ha recordado que "habrá dictamen solo si un punto de los que se va a votar sale adelante, pero no nos sentiríamos satisfechos si en ese dictamen no se incluyen las responsabilidades políticas", que es lo que desea Cs, que "haya dictamen y haya un punto y final en el Parlamento en esta cuestión", y de manera "inmediata" se ponga en marcha seguidamente el decreto para la creación de la Oficina contra el fraude y la corrupción que desde la formación naranja acordaron con el PSOE-A en su pacto de investidura, para que así "no volvamos a cometer este tipo de errores imperdonables en la gestión de los recursos públicos en Andalucía".

Marín sospecha que algunos grupos "querían que no hubiera dictamen y esto fuera un nuevo fracaso del Parlamento, y más especialmente si ese dictamen venía de un presidente de comisión de Cs", pero en todo caso confía "en que no haya votos particulares". Si los hay finalmente, Ciudadanos "votará sí a todo el dictamen y no a los votos particulares", ha apuntado Marín.

De igual modo, después de que el portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, haya indicado también este miércoles que su grupo pedirá una votación separada de la parte "plagiada" por el presidente de la comisión de investigación en relación a artículos de revistas y a un documento de la fundación Fedea, Marín ha remarcado que el propio Julio Díaz ya reconoció que por un error no había incluido la referencia a la fuente de la que procedían esos párrafos.

Marín ha lamentado que IU "quiere llamar la atención sobre la paja y nosotros queremos ir al grano, porque ellos no fueron capaces de sacar un dictamen siendo socios de un gobierno con mayoría absoluta", en alusión al dictamen de la comisión de investigación sobre el fraude de los expedientes de regulación de empleo (ERE).

COMISIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN

Por otro lado, y a preguntas de los periodistas, Marín ha apuntado que Cs reclama que dentro del decreto que se apruebe para la Oficina contra el fraude se contemple "un marco reglamentario o normativo" que permita crear una comisión específica para que "cualquier funcionario de la administración pública o trabajador de empresa privada que tenga que denunciar algún tipo de irregularidad o tramas de corrupción política tenga el marco normativo adecuado y pueda hacerlo en sede parlamentaria".

Es más, desde Cs quieren que esa comisión permita que el Parlamento luego "ponga en conocimiento de la Fiscalía" las situaciones que se denuncien, de forma que esas denuncias no se queden simplemente en la comisión, y ha apuntado que a ese órgano invitarán a comparecer "a cuantos funcionarios o cargos públicos denuncien prácticas de corrupción". Ha explicado que al respecto de esa exigencia desde el PSOE-A "han tomado nota".

Marín se ha referido a esta cuestión al ser preguntado por la polémica suscitada la semana pasada después de que la vicesecretaria de Sociedad del Bienestar del PP-A y portavoz en la Comisión de Presidencia y Administración Local del Parlamento andaluz, Ana Mestre, denunciase que PSOE-A y Cs habían vetado "la transparencia", al rechazar la comparecencia de un funcionario de la Junta, Luis Escribano, para explicar los motivos de su cese como jefe de Servicio de Cooperación Económica en la Dirección General de Administración Local.

Marín ha reiterado que su grupo siempre ha mantenido el criterio a lo largo de la legislatura de que "en las comisiones parlamentarias comparezcan al máximo nivel los responsables políticos", de forma que con Escribano no cambiaron de opinión.

Igualmente, ha anunciado que Cs va a poner en marcha la tramitación de "una proposición de ley relativa a la protección de quienes puedan denunciar casos de corrupción política en las instituciones y en la contratación de las administraciones públicas".