CSIF Andalucía lamenta la decisión del TC sobre las 35 horas y estudiará movilizarse si el Gobierno no "rectifica"

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

CSIF Andalucía ha lamentado la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional, aunque respeta las decisiones judiciales, sobre la jornada laboral de 35 horas semanales en la Función Pública andaluza y critica el "ensañamiento" del Gobierno central con los empleados públicos andaluces, por lo que estudiarán movilizarse si el Ejecutivo central no "rectifica".

Así el sindicato, estudia movilizaciones para reclamar "un derecho recortado dos veces por el mismo gobierno que sigue insensible con Andalucía y que pondrá en peligro más de 8.000 empleos"

En una nota, el presidente de CSIF-A, José Luis Heredia, ha exigido al Ejecutivo de Rajoy que "acepte la propuesta del sindicato a nivel nacional para reinstaurar esta jornada de 35 horas como normativa básica estatal, como llevamos reclamando en todas las mesas de negociación desde que se recortó este derecho en 2012".

A su juicio, "se trata de un nuevo ataque del Gobierno central, que esperamos sepa rectificar en las negociaciones que estamos llevando en todos los niveles de la administración para que la jornada de 35 horas se reinstituya considerándose normativa básica" y ha advertido de que, "de no ser así, estudiaremos movilizaciones".

A este respecto, Heredia ha criticado también que el mismo Gobierno de Rajoy haya recortado "dos veces el mismo derecho", lamentando "la falta de sensibilidad ante las necesidades de Andalucía, de los empleados públicos andaluces, de la sanidad y de la educación, así como del desempleo en nuestra comunidad". "CSIF-A está francamente decepcionado con la falta de sensibilidad del Gobierno ante un nuevo recorte a nuestros derechos", ha añadido.

Así, el presidente de CSIF-A ha recordado que la vuelta en enero a la jornada de 35 horas en el sector público "ha provocado la contratación de más de 8.000 personas en la Función Pública, ayudando a luchar contra la temporalidad y la precariedad en la Administración y a recuperar los indicadores socioeconómicos andaluces gracias a la estimulación del consumo. Esta noticia es un nuevo varapalo para los empleados públicos andaluces, pero también para Andalucía y para la ciudadanía andaluza".

Para Heredia, "estaban en juego puestos de trabajo, estabilidad en los servicios públicos y derechos de los empleados públicos".