SEVILLA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Andalucía (CSIF-A) participará "por responsabilidad" en las comisiones que creará la Junta de Andalucía para negociar la futura Ley de Función Pública de la región, aunque ha valorado "negativamente" el texto propuesto por el Gobierno andaluz en la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatuario y laboral al entender que "tira por tierra y supone una falta de respeto hacia el trabajo de diálogo realizado durante meses con las organizaciones sindicales".
Así lo ha manifestado el presidente de CSIF Andalucía, Germán Girela, al término de la reunión ordinaria de la Mesa General celebrada este miércoles y que tenía como único punto del orden del día abordar un nuevo documento de anteproyecto de Ley tras el procedimiento de exposición pública del texto anterior.
Según ha explicado el sindicato en un comunicado, la Junta ha establecido que durante las próximas semanas habrá reuniones de trabajo con las organizaciones sindicales en comisiones los lunes, martes y miércoles para analizar los 13 títulos de los que se compone el documento. "A pesar de que el trabajo de diálogo previo haya caído en saco roto, desde CSIF se espera que la negociación a partir de ahora sea real y efectiva y conduzca a tener la mejor ley posible", ha indicado Girela.
Asimismo, ha apuntado que "en Mesa General celebrada el 20 de enero de 2020, la propia Administración fue la que estableció el formato de diálogo para avanzar en un texto preliminar a través de grupos de trabajo en el seno de la propia Mesa". "Dichos grupos se pusieron en marcha y tras más de un centenar de reuniones en torno a la futura Ley de Función Pública y los términos del anteproyecto, tanto con la Administración como internas, CSIF realizó sus aportaciones, algunas de las cuales quedaron recogidas en el documento que presentó el propio consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, el 15 de febrero pasado, y otras no", ha añadido.
Dicho documento que se presentó como anteproyecto fue valorado "positivamente" por la central sindical como "un buen punto de partida para profesionalizar y despolitizar la Administración andaluza", aunque entendían "que era susceptible de muchas mejoras".
El presidente de CSIF-A ha lamentado que "el texto que se ha puesto hoy sobre la Mesa adultera sustancialmente el contenido del inicial y evoluciona hacia derroteros que nada tienen que ver con esa visión que sí aportaba en un principio y que suponen un claro paso atrás". "No sólo no se mejora, sino que se retrocede", ha apostillado.
La organización sindical ha advertido que "la Administración autonómica ha faltado al respeto al propio formato de diálogo que ella estableció para avanzar en la elaboración de la futura Ley de Función Pública, que Andalucía lleva esperando 35 años, y al intenso trabajo de la central sindical al respecto".
Girela ha subrayado que "el documento que ahora se presenta posibilita, por ejemplo, un mayor blindaje para el personal directivo, algo que va en contra de la pretendida despolitización y profesionalización", remarcando que "no garantiza que, una vez realizada la evaluación del desempeño, los funcionarios perciban como mínimo las mismas retribuciones que en la actualidad, algo que choca frontalmente con el planteamiento de la organización sindical".
"REPRODUCE EL MODELO DE REORDENACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO"
En relación a las potestades públicas, "lejos de avanzar hacia una definición clara de cuáles son", se permite que personal contratado de entes instrumentales realicen tareas que "son funciones propias del personal funcionario", según ha explicado el presidente de CSIF-A.
Ha precisado que "lejos de darse carpetazo a la conocida como Ley de Reordenación del Sector Público, con la que CSIF estaba en desacuerdo, el nuevo texto reproduce el modelo de Función Pública de la citada norma y no regula de forma clara la funciones y potestades públicas a desempeñar exclusivamente por funcionarios como fórmula para garantizar la seguridad jurídica y la prestación del servicio público".
"DE DOS A TRES AÑOS DE PERMANENCIA PARA CONCURSAR"
El responsable sindical ha explicado que "se pasa de dos a tres años el tiempo de permanencia necesario para optar al concurso abierto y permanente y existen supuestos de situaciones administrativas en casos de reingreso en los que no se tiene preferencia en la reserva el puesto".
Igualmente, el sindicato se ha referido a un nuevo punto que indica que "las administraciones públicas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley velarán para que no haya menoscabo en el derecho a la carrera profesional del funcionario que sea nombrado alto cargo, miembro del poder judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios, o que sea elegido alcalde retribuido y con dedicación exclusiva, presidente de Diputación o de Cabildo o Consejo insular, diputado o senador de las Cortes Generales, diputado del Parlamento de Andalucía o miembro de las asambleas legislativas de las demás comunidades autónomas".
Girela ha apuntado que "como mínimo, estas personas recibirán el mismo tratamiento en la progresión en su carrera profesional que el establecido para los directores generales y otros cargos equivalentes o superiores de la Administración general de la Junta de Andalucía".
Para CSIF, al no establecerse máximos sino mínimos, "se deja a la arbitrariedad del Ejecutivo hasta dónde se quiera llegar y supone claramente un elemento en pro de la profesionalización de la política en lugar de lo contrario, que es lo que defendemos desde nuestra organización".
En suma, CSIF Andalucía ha considerado "un despropósito que tras el trabajo realizado y el esfuerzo dedicado a esta Ley, que aún no ha iniciado su trámite parlamentario, la Junta de Andalucía presente un nuevo documento que en lugar de avanzar y aportar mejoras, lo que haga sea retroceder".
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