CSIF exige pruebas PCR a todo el personal de Justicia enAndalucía para detectar a personas portadoras del virus

El sindicato avisa de que si esta petición no es atendida, "se reserva el derecho de emprender acciones tanto civiles como penales"

SEVILLA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sector de Administración de Justicia de CSIF Andalucía ha reclamado que se realicen pruebas diagnósticas PCR a los funcionarios que se están incorporando a partir de esta semana a sus puestos en las sedes judiciales y que entre este jueves y el próximo lunes serán unos 1.600 trabajadores, que se sumarán a los que prestaban servicios esenciales desde que se decretó el estado de alarma.

El objetivo de la realización de estas pruebas es detectar posibles personas que sean portadoras del SARS-CoV-2 Covid-19 y proteger así la salud, tanto del personal de Justicia que paulatinamente se esta incorporando, como de los usuarios, señala el sinciato en una nota de prensa.

Así lo ha exigido el Sector de Justicia de CSIF-A en un escrito dirigido a la Administración de Justicia ante el inicio de la incorporación presencial de empleados de este ámbito en Andalucía, donde entre este jueves y el próximo lunes se habrán sumado 1.600 funcionarios de Justicia. La central sindical entiende que es "esencial" la realización de dichas pruebas y avisa de que si dicha petición no es atendida, "se reserva el derecho de emprender las acciones, tanto civiles como penales, que puedan corresponder".

Por el momento, CSIF destaca que la incorporación de funcionarios de Justicia se está produciendo "con normalidad, salvo alguna incidencia relacionada con falta de coordinación en la entrega de material de protección".

No obstante, en general se dispone del material necesario, como mascarillas, geles y guantes, así como mamparas que ya habían sido colocadas, añade el sindicato, que subraya que "consiguió que se demorara el inicio de la reincorporación de los trabajadores al exigir provisión efectiva de los medios de protección a la Consejería como requisito ineludible previo".

No obstante, desde CSIF Justicia Andalucía afirman que "van a permanecer vigilantes ante cualquier carencia de material o de incumplimiento del protocolo establecido, de manera que se preserven las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores". Subraya que "está realizando un exhaustivo trabajo de campo", comprobando que no falte ninguno de los elementos de protección individual ni colectivos necesarios en los órganos judiciales.

Asimismo, CSIF apunta que ha exigido a la Administración que se informe a los Comités de Seguridad y Salud, tanto provinciales como Sectorial, de la planificación y periodicidad con la que se van a distribuir los medios de protección con el que se debe proveer a todo el personal que presta sus servicios en los órganos judiciales, y que fueron establecidos por Resolución del Ministerio de Justicia de 13 de abril.

PROTOCOLO DE DESINFECCIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO

La central sindical pide, igualmente, dotación de equipos de protección individual (EPIS); mascarillas, y guantes para todo el personal de la Administración de Justicia, así como la implantación de un protocolo de desinfección de las herramientas de trabajo.

La instalación de dispensadores de solución hidroalcohólica en los centros de trabajo, así como la instalación de cartelería informativa sobre utilización de EPIS y mantenimiento de distancia social de al menos 1.5 metros, son otras de las cuestiones en las que CSIF estará vigilante.

Asimismo, señala que se comprobará que existe instalación de mamparas o pantallas de seguridad en todos los puntos susceptibles de llevarse a cabo la atención al público con el fin de evitar contagios, así como el rediseño, en su caso, de los puestos de trabajo para que exista una distancia de seguridad entre los trabajadores de al menos un metro y medio.

En cuanto a las medidas preventivas orientadas a la protección de los trabajadores, se solicita la creación de un protocolo de cara a la efectiva incorporación de la totalidad del personal del servicio público de Justicia en la medida que se acuerde por la autoridad sanitaria, de manera que "se eviten improvisaciones en relación a la protección de la salud de los funcionarios de Justicia".