CSIF-A pide "garantías" para que la Ley contra el Fraude "blinde" a empleados públicos que denuncien anomalías

SEVILLA 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical, Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía confía en que la futura Ley de lucha contra el fraude y la corrupción en Andalucía y protección de la persona denunciante "blinde a los empleados públicos que denuncien anomalías en el seno de la Administración pública, para que puedan actuar como aliados del buen funcionamiento del sistema", para lo que ha demandado "garantías".

Así lo ha manifestado la vicepresidenta de CSIF Andalucía, Yolanda Salgado, durante su comparecencia, este lunes, en la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local del Parlamento andaluz sobre el citado proyecto de ley, en la que, según ha informado el sindicato en una nota, ha señalado que "la ciudadanía merece poder creer en sus instituciones", y ha expresado el compromiso de la organización sindical "con la transparencia".

En este sentido, se ha referido a la publicación por parte de CSIF de sus cuentas auditadas de forma externa e independiente desde 2012, y ha considerado que "es preciso, más que nunca, un ejercicio de responsabilidad de los poderes públicos y de los agentes de la sociedad civil para generar credibilidad hacia la ciudadanía, reforzar y regenerar la instituciones y, en definitiva, fortalecer la democracia".

A juicio de la responsable de CSIF-A, los trabajadores del sector público "pueden ser una pieza clave para detectar e indicar el rastro de actuaciones incorrectas en la propia Administración", si bien "deben tener las suficientes garantías para ello".

CSIF-A ha valorado que la Oficina contra el Fraude y la Corrupción que contempla el proyecto de Ley se plantee como un órgano de extracción parlamentaria e independiente del poder ejecutivo, y ha lamentado los casos de corrupción que se han producido, "que han alejado a la ciudadanía de las instituciones y han manchado la imagen de los empleados públicos, además de provocar colapsos en el ámbito judicial que también han recaído en las espaldas de los trabajadores".

La vicepresidenta de CSIF Andalucía ha confiado en que el trámite parlamentario sirva para "enriquecer" el proyecto de ley y "para configurar un buen marco legal que permita conseguir los objetivos que se plantean", ha concluido Salgado.