La cuñada de Ojeda declara que denunció en Fiscalía irregularidades en un consorcio

SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ex directora general de Formación Profesional para el Empleo María Teresa Florido, cuñada del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, ha declarado este jueves como investigada ante la juez María Núñez Bolaños por las ayudas concedidas a los consorcios de formación Ciomijas y Formades y ha asegurado que denunció ante la Fiscalía de Huelva las irregularidades detectadas en éste último.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que María Teresa Florido ha comparecido este jueves ante la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla y ha relatado que, tras llegar a la Dirección General, mantuvo una primera reunión con los responsables del consorcio Formades en la que pidió explicaciones a la coordinadora sobre determinados gastos.

Según han indicado las mismas fuentes consultadas, Florido, que ha comparecido por tercera vez en sede judicial, ha dicho a la juez instructora que, como quiera que las explicaciones que recibió no le satisficieron, tomó la decisión de crear un grupo de trabajo a fin de estudiar "a fondo" los consorcios de formación, poniendo al frente a un jefe de servicio.

Al hilo de ello, la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo ha asegurado que, en octubre de 2011, propuso la destitución de la gerente de Formades, Ana María Orihuela, tras lo que en marzo del año 2012 denunció ante la Fiscalía de Huelva determinadas irregularidades en relación a la contratación de familiares de la gerente.

En relación a Ciomijas, ha relatado que se ordenaron expedientes de reintegro parciales, punto en el que ha precisado que, realmente, se produjeron reintegros parciales en cuanto a las subvenciones concedidas a los 14 consorcios de formación existentes en la región andaluza.

COMO EL PILOTO DE UN AVIÓN DE PASAJEROS

En un momento de la declaración, la Fiscalía Anticorrupción ha cuestionado a la investigada sobre por qué fueron aprobadas las certificaciones de la justificación de las ayudas a Formades, a lo que Florido ha respondido usando como símil "el piloto de un avión de un pasajeros que no comprueba lo que ya ha comprobado el mecánico". Es decir, no podía comprobar toda la actuación administrativa y se regía por el "principio de confianza" en sus técnicos.

En la jornada de este jueves, la juez también ha tomado declaración como testigo al interventor en Formades entre los años 2009 y 2011, quien ha explicado que su función era fiscalizar las cuentas y que ha indicado que, en este marco, observó que una de las facturas vinculada al hijo de la gerente no tenía contrato, por lo que se negó a firmar y se lo trasladó al delegado provincial de Empleo, que a su vez lo elevó a los servicios centrales de la Consejería.

Según han manifestado las fuentes consultadas, este interventor, que ha asegurado que su labor fiscalizadora se llevaba a cabo cuando el gasto ya se había realizado, elaboró dos informes sobre las "deficiencias" detectadas en los meses de mayo y octubre de 2011, el segundo de los cuales fue trasladado al entonces viceconsejero de Empleo de la Junta.

El pasado día 20 de octubre, la juez ya tomó declaración como investigados en relación a Formades y a Ciomijas al ex director general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo Andrés Sánchez, al ex director general de Empleabilidad y Formación Profesional Manuel Brenes, y a la exdirectora general de Formación Profesional para el Empleo María José Lara.

MÁS DECLARACIONES

Tanto Andrés Sánchez como Manuel Brenes mostraron su "absoluta convicción de ajuste a la legalidad" tanto general como específica de los consorcios y manifestaron que actuaron "desde el principio de confianza en la actuación de los servicios técnicos y en el trabajo" de las personas destinadas en estos servicios.

Así, indicaron que cualquier acto "venía amparado por los correspondientes informes y actuaciones" de la Intervención, añadiendo que, si ha existido algún gasto que a posteriori se ha demostrado que no era correcto, se ha puesto en marcha el correspondiente expediente de reintegro.

Según declararon ambos, esto último estaba "expresamente previsto en la resolución de concesión, obedece a la más estricta normalidad y supone la evidencia del buen funcionamiento de la Administración desde la perspectiva del cumplimiento de la normativa".

La magistrada ha citado a declarar a estos cuatro ex altos cargos a petición de la Fiscalía Anticorrupción, destacando que todos ellos fueron detenidos en el marco de la operación 'Barrado' que desarrolló la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en marzo de 2015.

Cabe recordar que la juez ya archivó la pieza 'política' de los cursos de formación financiados con fondos de la Junta de Andalucía, como es la que afectaba a 24 exdirigentes del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), entre ellos el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o los ex delegados del ramo en las ocho provincias andaluzas.

En esta pieza permanecían imputados 13 ex altos cargos de la Junta que fueron detenidos en el marco de la operación 'Barrado', entre ellos los citados a declarar como investigados dentro de las piezas de Ciomijas y Formades.