SEVILLA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla que juzga a 21 ex altos cargos del Gobierno andaluz por el procedimiento específico de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha oído este lunes el inicio del informe final de la defensa del exjefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río, quien ha asegurado que éste no participó en el "iter criminal" de las acusaciones en este procedimiento judicial.
Del Río, que fue jefe del Gabinete Jurídico de la Junta entre el año 2001 y 2008, está acusado de un delito continuado de prevaricación y por ello se enfrenta a una solicitud de pena de diez años de inhabilitación. Su abogado, Enrique del Río, ha señalado que las acusaciones sobre este acusado "son escasas", con cuatro o cinco "menciones escasas y sin concretar" en el relato de los hechos de Fiscalía y PP-A, pues Manos Limpias retiró la acusación contra Del Río.
El letrado defensor ha señalado que la Fiscalía y el PP-A se basa en sus acusaciones en la existencia de una organización de una serie de personas --acusados-- para realizar "determinadas actuaciones", cuando muchas de ellas "ni se conocían". Entonces "por qué se acusa a Del Río", se ha preguntado, ya que en los hechos por los que se acusa, "Francisco del Río no está".
Así, considera que las acusaciones creen que si hay un sistema desde el año 2000 para conceder ayudas "en el Gabinete Jurídico alguien tenía que asesorar", pero Del Río "no participó en lo que se dice que participó".
Haciendo un recorrido por los hechos o hitos acusatorios, el abogado ha apuntado que su defendido, que a su vez es su tío, "ninguna participación ni fue receptor" del reparo de la intervención delegada en Empleo en el año 2000 a las ayudas de Hijos de Andrés Molina; "ni participa ni tiene voto" en el 'consejillo' de viceconsejeros en el que se retira el proyecto de decreto del año 2000 para regular las ayudas sociolaborales presentado por la Consejería de Empleo.
A este respecto, el abogado señala que las acusaciones se basan en su presencia en el 'consejillo' para conocer el proyecto de decreto. Entonces, según el letrado, por qué no están en la causa los otros viceconsejeros, reprochando que las acusaciones no dan las razones por las que unos están en el juicio y otros no.
"Francisco del Río no podía hacer absolutamente nada" con respecto a este proyecto de decreto, que se retiró porque se entendió que lo lógico sería una norma y no un decreto para regular esta materia. "No sabemos qué ha hecho mal" a este respecto.
Además, según el abogado y pese a lo que dicen las acusaciones, existía normativa reguladora de las ayudas, como las órdenes ministeriales de 1994 y 1995, o el título VIII de la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía o el reglamento de subvenciones.
Tampoco tuvo participación en la elaboración del anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Junta cada año o en la introducción de las transferencias de financiación por parte de la Dirección General de Trabajo para allegar fondos del programa presupuestario 31L al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), para pagar las ayudas concedidas, en virtud del convenio marco de 2001.
Del Río, que también fue miembro del Consejo Rector de IFA/IDEA, "ninguna participación tuvo ni conoció" el convenio marco hasta la apertura de la causa judicial. Así como tampoco tuvo intervención directa en la elaboración o aprobación de las modificaciones presupuestarias del programa 31L, "ni tuvo conocimiento" de los informes de la Intervención General de la Junta sobre el sistema de concesión y pago de las ayudas de los ERE.
"En todo este iter criminal que las acusaciones hacen de carácter general no aparece Francisco del Río", ha afirmado el letrado.
Profundizando en la cuestión del convenio marco de 2001 firmado por el entonces consejero de Empleo, José Antonio Viera, y el presidente del IFA y viceconsejero de Empleo, Antonio Fernández, ambos acusados, el abogado ha indicado que "aún no sabemos qué tiene de malo este convenio, que en sí mismo no supone una actuación delictiva".
