Defensa de Barberá rechaza el papel "de tonto útil" del Parlamento para ser engañado por la Junta en los ERE

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El abogado Pedro Apalategui, que ejerce la defensa del exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha rechazado el papel del Parlamento de Andalucía "de tonto útil a las pérfidas intenciones" del Ejecutivo andaluz.

De esta manera rechaza la defensa de Barberá, viceconsejero entre abril de 2004 y abril de 2010 y que se enfrenta a ocho años de prisión y 30 de inhabilitación como presunto autor de sendos delitos, la tesis acusatoria, sustentada en la posición de los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), de que el Gobierno de la Junta indujo a error a los parlamentarios para que aprobasen los presupuestos año a año.

Según las acusaciones, el Ejecutivo autonómico introducía en los presupuestos de forma fraudulenta las transferencias de financiación por parte la Dirección General de Trabajo de fondos del programa presupuestario 31L al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), para el pago de las ayudas, cuando según las acusaciones este instrumento presupuestario sólo puede usarse para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de las empresas públicas en virtud del artículo 18 de la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2002.

Apalategui, que ha agradecido su labor al tribunal, ha comenzado su intervención dando un expreso y especial agradecimiento al abogado José Rebollo, que defiende al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, quien pese a estar en causa de suspensión del juicio --por enfermedad-- sigue desarrollando la defensa del acusado, poniendo en valor su sentido del ejercicio de la abogacía.

Barberá, como ya han expresado otros abogados, se ha adherido a la impugnación de la prueba pericial, señalando que el tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, debe "desterrar" todos los juicios de valor emitidos por el portavoz de los peritos de la Administración de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), Ángel Turrión, sobre las actuaciones de cada acusado, a preguntas de la Fiscalía.

Igualmente, también ha subrayado la "inconcreción" de las acusaciones con respecto de Barberá, apuntando que el tribunal "no puede rellenar los huecos" que éstas han dejado en "los hechos recogidos en sus escritos".

Para Barberá las transferencias de financiación usadas para allegar fondos a IFA/IDEA son "el virus maligno por que se pretende" por parte de las acusaciones incriminar a todos los encausados, añadiendo, de otro lado, que el garante de la gestión de los fondos por el órgano concedente de las ayudas, la Dirección General de Trabajo, era "obvio", la Intervención General de la Junta.

NO HAY PRUEBAS DEL "PACTO CRIMINAL"

A este respecto, ha indicado que el "punto nuclear" de la causa es la transferencia de financiación, pero "por un uso nada lícito por parte de las acusaciones", siendo el elemento "clave" para su tesis de que se utilizaron "para omitir el control del dinero y la fiscalización previa de las ayudas", algo que para el abogado "no se sostiene".

Ese argumento "incriminatorio" se atribuye a todos los acusados pero "está huérfano de prueba" que sustente "el quebrado pacto criminal", pues a su juicio hay que exigir "un mínimo probatorio" sobre este "concierto criminal".

La idea de que la transferencia de financiación impide la fiscalización previa es "simplemente incierta", añadiendo que "si se ha omitido habrá que analizar el motivo en la Dirección General de Trabajo, pues el uso de la transferencia ni impedía ni eximía esta fiscalización por imperativo legal".

Aunque la IGAE y las acusaciones atribuyen "perversos efectos" al uso de las transferencias de financiación, "no impedía el cumplimiento de la obligación de la Dirección General de Trabajo de fiscalizar las ayudas, ni permitía el menoscabo de fondos públicos".

Sobre los informes de la Intervención General de la Junta y en concreto sobre el informe adicional de cumplimiento de Control Financiero Permanente de IFA/IDEA correspondiente al ejercicio de 2003 y conocido a 2005, que concluye que se estaban concediendo las ayudas de los ERE prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, el abogado ha señalado que Barberá, viceconsejero desde 2004, no firmó las alegaciones al provisional de ese informe.

Además, ha señalado que este informe lo que genera es un debate técnico jurídico sobre el sistema de concesión de las ayudas y la ausencia de procedimiento, pero "de ahí a pensar que hay malversación es un salto de gran magnitud sin doctrina jurisdiccional que la ampare".

Igualmente, ha restado valor probatorio a las declaraciones en fase de instrucción del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, cuyo abogado expondrá su informe final este martes, en las que señalaba que sus superiores --viceconsejero y consejero-- conocían de las ayudas en los consejos de dirección de la Consejería, pues "no fueron ratificadas" en la vista oral.

La última parte de su intervención ha estado centrada en la "desestructuración" penal de este proceso desde sus orígenes, sobre todo por la división de la causa matriz de los ERE en piezas separadas, entre ellas, esta pieza política, apuntando como consecuencia que se acuse a ex altos cargos en dobles procesos por el mismo delito.

"Hasta que llegó la Sección Séptima de la Audiencia y dictó varias resoluciones
dando amparo a los derechos fundamentales de los acusados con el principio 'non bis in ídem'", ha afirmado.

Además, ha recordado "la extravagante" petición de la Fiscalía a esta Sala para que emitiera un pronunciamiento sobre el objeto de enjuiciamiento en esta causa, cuya "negativa respuesta" en auto de cuestiones previa "removió la estructura acusatoria del Ministerio Público, dejando fuera las ayudas concedidas, con las consecuencias que tiene en el delito de malversación".

Para ampliar el horizonte fijados en los cargos de Empleo, las acusaciones usaron el anteproyecto de ley de presupuestos de la Junta para ampliar los encausados a otros departamentos.

Además, ha puesto en evidencia "puntos débiles" de las tesis acusatorias, como el hecho de que el uso de las transferencias de financiación "no han merecido más reproche que inadecuado", por lo que resulta "complicado" inculpar a los encausados, así como defender que el "tonto útil" del Parlamento ha sido engañado durante diez años por el Ejecutivo.

Apalategui, como el abogado que le ha precedido, José Manuel García-Quílez, ha confiando en la "impermeabilidad" del tribunal "profesional" a posibles presiones por estar ante un juicio de naturaleza "mediática".