Una defensa de los ERE pide al tribunal no dictar una sentencia política como "cambalache" con Gürtel

SEVILLA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El abogado José Manuel García-Quílez, que defiende al exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román en el juicio contra 21 ex altos cargos de la Junta acusados por prevaricación y malversación por el procedimiento de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha solicitado al tribunal de la Sección Primera una sentencia dictada "sin influencias políticas" que haga justicia y "obvien consecuencias políticas y mediáticas", al tiempo que ha pedido a los magistrados que olviden la sentencia de la Gürtel que condenaba al PP como partido y "que no traten de compensar, pues esto no es un cambalache".

   De esta manera ha concluido este lunes su informe final el abogado defensor de Rodríguez Román, que se enfrenta a ocho de prisión y 30 de inhabilitación dos delitos continuados de prevaricación y malversación. Así, ha echado en falta que "alguien contara qué ha pasado en este asunto" y ve necesario "desmontar los mantras" del caso, aludiendo, como ya dijera el expresidente de la Junta Manuel Chaves, que los ERE era "una cuestión de unos cuantos golfos, presuntos golfos".

   "Es cierto que quizás fueron más de cuatro", ha añadido, recordando que la "macrocausa ingobernable" se dividió, en contra del criterio de la instructora Mercedes Alaya, en piezas separadas, con lo que no sólo se buscó juzgar a esos "presuntos golfos, intrusos, intermediarios de las pólizas y empresarios, sino también a los políticos que permitieron ese mangazo".

   La pieza separada del procedimiento específico, que se juzga en la Sección Primera desde diciembre de 2017, se formó para "justificar" que los ex altos cargos acusados "crearon" un sistema para la concesión de ayudas "sin control y a amigos" para disponer de "una red clientelar" para obtener réditos electorales para el PSOE.

   Los acusados han sido "condenados públicamente por el mayor caso de corrupción de  Andalucía, sacrificados políticamente y excluidos de los cargos públicos", haciendo de este juicio a políticos "un juicio político", ha lamentado García-Quílez. Se ha pasado de la politización de la justicia a "la judicialización de la política" para que los tribunales resuelvan los asuntos políticos.

"¿CUÁNTAS CAUSAS PENALES NECESITA EL PSOE PARA NO GOBERNAR?"

   Recordando la expresión de "linchamiento político" usada por el periodista Luis María Ansón para conseguir derrotar a Felipe González en las elecciones generales tras varias victorias o el que sufrió Alfredo Sánchez Monteseirín como alcalde más longevo de la ciudad de Sevilla por parte del PP, que "atascó los tribunales para atacar al PSOE" como el caso Mercasevilla, el abogado defensor ha planteado, como así recogieran algunos medios, "¿cuántas causas penales necesita el PSOE para que no gobierne en Andalucía?", enumerando las diferentes causas abiertas contra la Junta como los ERE, Invercaria, Faffe, etc.

   Los acusados "no son delincuentes, al menos el mío -cliente--, de esos cuatro golfos". Ha asegurado que las acusaciones están huérfanas de prueba, insistiendo en que su defendido "no era del club de esos cuatro golfos, no tenía la contraseña", resaltando que Rodríguez Román, a consecuencia del juicio paralelo y mediático, es "un apestado" por ser acusado en los ERE, cuyo delito es "formar parte del Gobierno andaluz".

   García-Quílez se ha adherido a los informes de los abogados de los acusados que le han precedido, principalmente en lo que a cuestiones jurídicas se refieren, como la adecuación de las transferencias de financiación de la Dirección General de Trabajo al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), para allegar fondos del programa presupuestarios 31L para pagar las ayudas; el conocimiento del Parlamento del programa 31L, o las modificaciones presupuestarias.

   También se ha adherido a la impugnación de la prueba pericial ya anunciada por la defensa del exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías por tratarse de una prueba "jurídica", pues como señala una reciente sentencia del Tribunal Supremo esto supone "un asesinato alevoso del principio 'iura novit curia' (aforismo latino que significa 'el juez conoce derecho').

   En este sentido, ha expuesto una comparación: En un accidente de tráfico, los peritos ilustran sobre la velocidad del vehículo, la huella de los neumáticos y otros factores técnicos, pero no interpretan el reglamento general de circulación o dicen que el conductor iba distraído, que "es lo que hicieron los peritos de la Intervención General de la Administración General del Estado (IGAE)" en la prueba pericial, ya que "no son juristas y comparecieron como expertos".

   Por ello considera "aberrante, inadecuado e intolerable" que los peritos de la IGAE actuaran como "juzgadores" de los encausados, atribuyéndoles conocimiento de las irregularidades y subjetividad en las actuaciones.

   Para García-Quílez, en este causa "se ha instruido demasiado, se ha acusado demasiado y se aportó documentación a la causa en demasía", por lo que "no hacía falta acusar a tantos acusados, ni imputar a tanta gente, ni invadir el juzgado con tanta documentación".

   Las acusaciones sustentan sus tesis en "hipótesis, sospechas o conjeturas" que conducen "al absurdo", por ello las rechaza, exponiendo que para sostener una sentencia absolutoria "basta con acudir a los principios fundamentales del derecho penal" que hacen decaer estas acusaciones.

   "La acusación contra los ex altos cargos se viene manteniendo por el delito de falta de control, el delito de validación de las modificaciones presupuestarias, el delito de la finalidad de las transferencias de financiación o el delito de formar parte de la Junta, delitos que no aparecen en el Código Penal", ha manifestado.

   Tras apuntar, entre otros, el principio de presunción de inocencia, el abogado ha acusado a la Fiscalía de "discriminación" en la "incriminación" de su representado con respecto a otros exviceconsejeros de la Junta de su etapa o exmiembros del Consejo Rector de IFA/IDEA, del que formó parte Rodríguez Román.

   En este procedimiento, "las acusaciones han sustituido el principio 'in dubio pro reo' --en caso de duda, se favorecerá el acusado-- por 'in dubio contra reo', sustentado en mera fantasía".

POR SER CARGO DE LA JUNTA, "DELINQUIÓ"

   Con respecto a los hechos por los que se acusa a Rodríguez Román, el abogado ha señalado que "por el solo hecho de ser cargo de la Junta e ir a las reuniones por su cargo, el político de turno delinquió", lo que para el letrado supone "un triple salto mortal con tirabuzón sin red ni trapecio, una pirueta jurídica de la Fiscalía".

   "Tras casi 150 sesiones de juicio, sigo sin saber que competencia tenía Rodríguez Román para actuar en el procedimiento específico de las ayudas", ha afirmado el abogado, que ha reprochado a las acusaciones que hayan hecho "una acusación colectiva o coral, una incriminación grupal como si los acusados fuesen una manada".

   Profundizando en los informes de las acusaciones y sus referencias a Rodríguez Román, se ha preguntado si ser nombrado por el presidente de la Junta o dejar que su nombramiento salga en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), como le acusa el PP-A, es delito. "No he encontrado en el Código Penal el delito de formar parte del Consejo de Gobierno", ha afirmado.

   Al respecto de la acusación de Manos Limpias y el refrán de la cabra: "Rodríguez Román no fue quien mató a la cabra, ni quien sujetó la pata, ni el que miró ni que miró hacia otro lado. Más bien los acusados han sido la cabra, a los que han matado como políticos".