Defensa de exdirector de IDEA pregunta qué tenía que haber hecho si no fue advertido de irregularidad en los ERE

Ser "una mera caja pagadora" no es delito, asegura el abogado Miguel Delgado en referencia al rol de IFA/IDEA en el sistema de los ERE

SEVILLA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El abogado Miguel Delgado, que ejerce la defensa de Miguel Ángel Serrano, ex director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), antes Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por el procedimiento específico de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha lanzado una pregunta a la Sala, "qué tenía que haber hecho" su cliente si "nunca, jamás recibió advertencia de irregularidad, no ya ilegalidad penal", relacionada con el sistema de concesión y pago de las ayudas.

Serrano, que se enfrenta a ocho años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación, fue director de IDEA desde junio de 2004 y mayo de 2008, cuando la agencia pasó a estar a adscrita a la recién creada Consejería de Innovación, cuyo titular era el también acusado Francisco Vallejo.

El informe final defendido por el letrado Miguel Delgado ha tenido como hilo conductor que ni su cliente ni su sucesor, el también acusado Jacinto Cañete, no recibieron "advertencia alguna de irregularidad" por parte de los interventores de Control Financiero Permanente de IFA/IDEA relacionada con las ayudas de los ERE, ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo a través del programa presupuestario 31L cuyos fondos eran allegados a IFA/IDEA por transferencias de financiación para la materialización de las mismas, en virtud del convenio marco de 2001.

Como todas las defensas que le han precedido han expuesto, Delgado también se ha referido a la falta de concreción de los escritos de acusación de Ministerio Fiscal y acusaciones, lo que supone la vulneración de los derechos de defensas y a un proceso con todas las garantías.

"¿Qué es lo que tendría que haber hecho Miguel Ángel Serrano cuando llega a IDEA en 2004 y Francisco Mencía le pasó los trastos, irse a la Fiscalía y empezar a denunciar a tontas y a locas?", se ha preguntado el abogado y todo ello sin que nadie le advirtiera de ilegalidad sobre un sistema de actuación que llevaba cuatro años en funcionamiento. "¿O es que el delito está en el cargo, por el simple hecho de estar en un cargo ya eres delincuente?", ha añadido. Ha lamentado que aún "no sabemos dónde está el delito de prevaricación, ni los actos administrativos ilegales que acordó Serrano".

Con respecto a los informes de Control Financiero Permanente y la Intervención General de la Junta, como el informe adicional de 2003 y clave para las acusaciones, el letrado ha asegurado que "ni siquiera Ángel Turrión", jefe de los peritos de auxilio judicial pertenecientes a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), "base de las tesis de la acusación", dijo que "no había recomendación alguna para IFA/IDEA, sino que todas iban dirigidas a la Consejería de Empleo".

NO PAGAR LAS AYUDAS SERÍA PREVARICACIÓN

Ha defendido el rol de "mera caja pagadora" de IFA/IDEA, cuestión que la Sala, presidida por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, "tiene clara", al tiempo que ha insistido como hiciera la defensa de Jacinto Cañete, el abogado Juan Carlos Alférez, en que el ente instrumental "no podía no pagar, estaba obligado", ni Serrano se podía negar a firmar los convenios particulares de concesión de las ayudas. "La prevaricación existiría si se hubiera negado a pagar las ayudas", ha manifestado. "No es un delito ser caja pagadora", según Delgado.

En este sentido, ha señalado que durante el mandato de Serrano, así como en el de Cañete, "no se adelantó ni un sólo euro de las ayudas" por parte de IFA/IDEA sin haber recibido los fondos por parte de la Dirección General de Trabajo.

Delgado, que ha mostrado su "sorpresa" porque el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez se encuentre acusado en la causa, ha acudido a la composición de un tortita de trigo, que está recogida en el derecho alimentario aprobado por el Parlamento Europeo, para evidenciar la dificultad que supone esta materia para quien no es experto, como igualmente pasa con el derecho presupuestario, "que a mí me sonaba a japonés cuando empecé el caso", ha reconocido el abogado.

Los parlamentarios europeos cuentan con expertos a su disposición para explicarles lo que aprueban, algo parecido a lo que sucede en el Parlamento andaluz con las leyes de presupuestos, por ello ha rechazado de pleno la teoría de las acusaciones de que los parlamentarios autonómicos fueron inducidos al engaño con la aprobación de las transferencias de financiación del programa 31L en los presupuestos anuales, pensando los diputados que iban para cubrir la cuenta de pérdidas y ganancias de IFA/IDEA y no para pagar las ayudas.

LOS PERITOS DE LA IGAE SE CONSIDERABAN "EN UN PLANO SUPERIOR"

Sobre la prueba pericial, Delgado, que se ha adherido a la impugnación planteada por otra defensa, ha señalado que Ángel Turrión en sus intervenciones "se consideraba en un plano superior al resto de peritos" por ser nombrado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, si bien "no distingo entre peritos de primera y de segunda división".

En este sentido, ha rechazado el argumento que expuso "hasta la saciedad" Turrión de que IFA/IDEA consignaba "ingresos y gastos" ficticios en sus presupuestos, "uno de los mantras" de la acusación.

Además y para abordar otro asunto en su informe final, Delgado ha subrayado que todos los peritos "han argumentado sus tesis en la norma y la jurisprudencia" y la IGAE ha mantenido en todas las cuestiones una posición "frontal y contraria" al resto de peritos. Ante esto, el abogado ha afirmado que si las actuaciones de Serrano y Cañete están avaladas por las tesis de los peritos de las defensas "difícil lo va a tener el tribunal para dictar una sentencia condenatoria en base a los peritos de la IGAE, pues tendrán que razonar la decisión que adopten".

"¿Van a poder --los magistrados-- condenar a Serrano y Cañete cuando sus hechos han sido guiados por razonamientos de la lógica y basado en la norma y la interpretación de ésta?", ha planteado el abogado, reiterando que es "complicado" que la Sala pueda condenarlos cuando hay reputados catedráticos que señalan que sus actuaciones son conforme a la norma. "No es de recibo que prevalezcan las tesis de la IGAE para una condena", ha advertido.

De otro lado, ha negado que IFA/IDEA tuviera alguna intervención en la gestión y tramitación de las ayudas, "no se ha aportado prueba al respecto porque no existe". Por esto, el Tribunal de Cuentas, en sus sentencias condenatorias por menoscabo, no alcanzan a cargos del ente público.

Por último, analizando algunas cuestiones jurídicas, Delgado ha impugnado "la autenticidad" de los correos electrónicos como prueba documental y ha asegurado que es "imposible" encontrar un acto administrativo dictado por Serrano que sea objeto de prevaricación. Además, se ha preguntado "cómo es posible acusar de malversación" a Serrano si no existe beneficio propio ni de tercero en sus actuaciones.

Y si hubiera malversación, "quiénes son los que cobraron las cantidades malversadas, por qué no están aquí --juicio-- los casi 6.000 beneficiarios, que algunos siguen incluso cobrando las ayudas", se ha preguntado, aunque sólo fuera como "partícipe a título lucrativo".

Finalmente el informe de Miguel Delgado en la defensa de Miguel Ángel Serrano se ha extendido durante toda la sesión de este miércoles, por lo que la Sala, ante el no cumplimiento de sus previsiones, se ha visto "obligada" a incluir una sesión adicional la próxima semana, en la mañana del jueves, cuando podría terminar este juicio, justo un año después, otro 13 de diciembre.