SEVILLA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
El abogado Enrique del Río, que defiende al ex jefe del Gabinete Jurídico de la Junta Francisco del Río en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla contra 21 ex altos cargos del Gobierno andaluz acusados por el procedimiento específico de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha reprochado a la Fiscalía "la ametralladora de acusaciones nuevas" que lanzó en su informe final.
En este sentido, el letrado defensor ha precisado que la Fiscalía no recogió estas acusaciones "nuevas" ni en sus conclusiones provisionales ni en las definitivas, al tiempo que ha señalado que tampoco se han analizado en el juicio, que ha alcanzado en la mañana de este martes su sesión 148. Tras acudir a la jurisprudencia sobre lo que determina el objeto de un proceso, Enrique del Río ha manifestado que "verter nuevas acusaciones en el informe oral" no recogidas en las conclusiones provisionales ni definitivas genera "una total y absoluta indefensión" y "deben --estas nuevas acusaciones-- quedar proscritas de este procedimiento si estamos en un Estado de Derecho".
Francisco del Río, jefe del Gabinete Jurídico desde 1982 hasta 2012, se enfrenta a diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, según las acusaciones del Ministerio Fiscal y el PP-A, toda vez que Manos Limpias retiró su acusación contra quien accediera al Cuerpo de Abogados del Estado en 1973.
Enrique del Río, que ha vuelto a reclamar una sentencia absolutoria para su defendido, ha recordado las palabras que le dijo Francisco del Río cuando comenzó a defenderlo, "es el peor delito del que le pueden acusar a un funcionario, prevaricación, y más cuando no lo ha hecho".
Francisco del Río tenía a sus órdenes por toda Andalucía a 70 letrados, "tendría que haber entrado a saco para ver que todas las actuaciones en los centros directivos eran conforme a derecho", se ha preguntado el letrado, algo que "no parece lógico".
El letrado ha defendido que los convenios interadministrativos, como el convenio marco de 2001 firmado entre Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), por el que la Dirección General de Trabajo allegaría fondos de programa presupuestario 31L al ente público a través de transferencias de financiación para materializar el pago de las ayudas concedidas por la propia Dirección General, o los convenios particulares sobre ayudas concretas no requerían de informe preceptivos del Gabinete Jurídico. "No sabemos que resolución es no emitir un informe que no era preceptivo", ha cuestionado el abogado con respecto al delito de prevaricación.
Tras abordar diferentes ayudas aprobadas por el Consejo Rector de IFA, posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), del que Del Río formó parte, y a cuyas sesiones no asistió el acusado, el abogado ha señalado que "no es la primera vez" que la Fiscalía "acusa citándolo en hechos en los que no participó".
Otro de los hechos que se le acusa es de tener conocimiento de las modificaciones presupuestarias del 22E y 31L por ser miembro del 'consejillo' de viceconsejeros, es decir, "por estar presente" cuando las modificaciones "pasaban y se tramitaban, elevándolas al Consejo de Gobierno". "Y éste es el hecho ilícito", según ha cuestionado el abogado, sobre todo, cuando las modificaciones presupuestarias era asuntos de trámite, porque el 'consejillo' sólo veía que cumplían los requisitos formales para elevarlos al Consejo de Gobierno.
Además, ha indicado que si la Ley de Presupuestos es un acto político, las modificaciones también lo son, "luego no cabe la prevaricación". En este punto, ha preguntado "cómo puede existir prevaricación y en qué consistió" por tramitar las modificaciones, y, según ha añadido "por qué dos o tres miembros del 'consejillo' --como Del Río-- cometieron prevaricación y los demás no, cuando hicieron lo mismo, ver cómo pasaban por este órgano".
"Qué hicieron ellos que mereció que no se les acusaran", ha planteado el abogado, que ha añadido que la acusación de prevaricación contra Del Río porque "conoció" y no porque dictara resolución alguna.
