Defensa de Griñán: Las acusaciones en los ERE han sustituido la prueba por juicios de valor

Si quienes pudieron detectar riesgo de menoscabo no lo apreciaron, "cómo va a conocerlo o actuar" Griñán, cuestiona el abogado

SEVILLA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El abogado José María Mohedano, que ejerce la defensa del expresidente de la Junta y exconsejero de Economía y Hacienda José Antonio Griñán en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla contra 21 ex altos cargos del Gobierno andaluz acusados por prevaricación y malversación por el procedimiento de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha asegurado que las acusaciones, a lo largo de la vista oral, "han sustituido sistemáticamente" las pruebas del conocimiento, la intención y la voluntad de los acusados "por los juicios de inferencias o los juicios de valor".

Así lo ha expuesto Mohedano en la última parte de su informe final en la defensa de Griñán, que se enfrenta a seis años de prisión y 30 de inhabilitación por sendos delitos. El letrado, después de acudir a extensa jurisprudencia, ha expresado que no se pueden juzgar estos hechos "por convicciones íntimas" de las acusaciones "no probadas" en las sesiones del juicio, que este miércoles han alcanzado las 150.

"Las expresiones 'pudo haber conocido', 'debía haber conocido', 'tenía que conocer' y otras por el estilo todavía retumban en mis oídos, especialmente cuando las acusaciones hacían sus preguntas finales al perito Ángel Turrión", de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), ha expresado.

A su juicio, sobre las acusaciones recae la carga de la prueba ante el instructor y ante el tribunal juzgador y tomar conciencia jurídica de que los elementos subjetivos del dolo.

Esto es, "ya no vale decir que una persona --Griñán-- por el cargo que ocupa --consejero de Economía y Hacienda-- podía o tenía que conocer un informe --informe adicional de Control Financiero Permanente de IFA/IDEA del ejercicio de 2003-- cuando está suficientemente probado que la persona --el exinterventor general Manuel Gómez-- que se lo tenía que mandar no se lo remitió pero si se le remitió a otros --exconsejeros de Empleo y de Innovación-- y está también archiprobado que las personas que lo recibieron --exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo-- han afirmado rotundamente que no se lo dieron a conocer ni por escrito ni verbalmente a quien no fue el destinatario".

La prueba objetiva y externa "no puede sustituirse por un juicio de valor", según la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Para el letrado, es "inadmisible" dar condición de prueba de un "hecho subjetivo" a "una pura reflexión valorativa" y el argumento usado por las acusaciones de que "algo sucedió de un modo o era conocido y sabido por alguien porque no es posible que fuera de otra manera, careciendo de base objetiva, es un paradigma de 'inferencia inadmisible'".

La línea marcada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y "acogida plenamente por nuestra jurisprudencia" supone, según ha señalado Mohedano, que las acusaciones han de aportar pruebas externas tanto del hecho objetivo como del hecho subjetivo, del que forma parte "el conocimiento y voluntad, que son hechos de la conciencia", del acusado.

Por todo ello, "argumentar que la conciencia y voluntad de una persona determinada tuvo que estar presente porque no podía ser de otro modo, equivale a la confesión abierta de que carece de todo dato objetivo probatorio", según el abobado.

"DÓNDE ESTÁ PROBADO LA INTENCIÓN DE EVITAR LA FISCALIZACIÓN"

En esta línea, ha manifestado que toda la tesis acusatoria se basa en que unos cargos públicos concertaron allegar fondos del programa presupuestario 31L desde la Dirección General de Trabajo al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), a través de transferencias de financiación, herramienta que les permitía evitar la fiscalización previa de las ayudas concedidas. "¿Dónde está probado esta intención?, se ha preguntado Mohedano, "más allá del juicio de inferencia".

Tampoco ha quedado probado la concertación "sólo por ser un cargo de la Junta, conforme van llegando al cargo estaban concertados". "Se dice pero no se prueba la concertación para evitar la fiscalización previa y la inferencia no sirve para un juicio penal", según Mohedano, que también ejerce la defensa del que fuera director general de Presupuestos Antonio Lozano.

También el supuesto engaño o fraude de la Junta al Parlamento para aprobar los presupuestos anualmente con las transferencias de financiación del 31L a IFA/IDEA para pagar las ayuda está basado "en juicio, o prejuicio, de inferencia".

Mohedano, que ha vuelto a pedir la libre absolución de su cliente, ha insistido este miércoles en que "no hay prueba", pues "nadie informó a Griñán de que se estuviera produciendo un desfase" por las ayudas de los ERE "ni que se estuvieran asumiendo compromisos por encima del crédito presupuestado".

El letrado ha señalado que si no existía daño real, efectivo y evaluable para los fondos públicos, podría existir un déficit, pero no responsabilidad contable, añadiendo que es "obvio" que no se apreció riesgo de menoscabo por quienes pudieron detectarlo, que eran los interventores actuantes, entonces "cómo va a conocerlo o actuar Griñán", ha cuestionado.

En este sentido, ha reiterado que Griñán no fue informado de estas irregularidades "porque no fue detectado el riesgo de menoscabo" que conlleva la responsabilidad contable y la apertura de diligencias.

Este miércoles Mohedano ha vuelto a abordar el informe adicional de Control Financiero Permanente del ejercicio de 2003 y transmitido en 2005 de la Intervención General, que ahora "cobra especial importancia", pero que no fue remitido ni conocido por Griñán. Según la IGAE, "icono de la prueba pericial", el adicional no está previsto ni se conoce su alcance y consecuencias.

Para Mohedano es difícil entender que ni el Control Financiero Permanente ni el interventor general --Manuel Gómez-- no pusieran en conocimiento del interventor delegado en Empleo las irregularidades recogidas en el informe adicional tras el análisis de una veintena de expedientes de ayudas.

Dicho informe no promovía actuación alguna del consejero de Hacienda, ni se remitió al interventor delegado en Empleo, ni hizo que el interventor general se hiciera cargo de la fiscalización previa de las ayudas ni se volvieron a analizar los expedientes, ha expuesto la defensa de Griñán. "En ningún momento inició el interventor general procedimiento alguno para la actuación del consejero de Hacienda", ha añadido.

Pero "no necesitamos para defender a Griñán hablar de lo que pudieron o no hacer los demás, pues Griñán hizo todo lo que tuvo que hacer", ha afirmado.

El abogado también se ha sumado a la impugnación de la prueba pericial desarrollado durante seis semanas por ser "una disertación jurídica que siempre empezaba el mismo --Turrión". Ha mostrado su respeto por todos los nueve peritos participantes en la prueba que al final se convirtió "en una prueba de doctrina o intento de doctrina jurídica", llegando las materias de disputa legal de Turrión a abarcar "el mundo infinito del Derecho".

En este sentido, ha criticado que "no es propio de un perito decir que la Junta engaño al Parlamento" en la aprobación de los presupuestos, teoría que ha sido "contundentemente" por el expresidente del Parlamento Manuel Gracia o el ex letrado mayor José Antonio Víboras.

Por último, ha indicado que "difícilmente" se puede acusar a Griñán de inacción cuando "actuó siempre a instancias de la Intervención General de la Junta", pues "lejos de mostrar pasividad", adoptó "todas las propuestas de mejoras del Control Financiero Permanente de las empresas públicas para aprobarlas por el Consejo de Gobierno".