Defensa de Martínez Aguayo ve "un disparate jurídico" sostener en los ERE que las leyes de presupuestos son "ilegales"

Considera "extraordinario" este juicio porque "pone patas arriba el derecho penal" al cuestionar la potestad legisladora del Parlamento

SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El abogado Víctor Moreno Catena, que ejerce la defensa de la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo en el juicio contra 21 ex altos cargos de la Junta acusados de delitos continuados de prevaricación y malversación por el procedimiento específico por el se que concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, considera "un disparate jurídico" que las acusaciones sostengan que existe "una ley ilegal o irregular" al señalar que el Parlamento fue "engañado" por los encausados para aprobar las leyes de presupuestos "sin conocer lo que aprobaban".

La defensa de Martínez Aguayo, que ha comenzado este lunes la lectura de su informe final, ha pedido al tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, una sentencia absolutoria para la exviceconsejera, que se enfrenta a seis de prisión y 30 de inhabilitación como presunta autora de delitos continuados de prevaricación y malversación de fondos públicos.

Moreno Catena ha manifestado que "a nadie le cabe duda" de que éste es un juicio "extraordinario", no sólo por el número de acusados y sus cargos en el Gobierno andaluz, por los miles de folios de la causa o por el número de sesiones de la vista oral (hoy se han alcanzado las 135), sino porque, para su "asombro y sorpresa", "pone patas arriba el derecho penal y el ordenamiento jurídico", al "cuestionar" la acción legisladora de la Cámara autonómica andaluza, que es quien aprueba las leyes.

Las acusaciones, como "referente de fe", defienden que los 21 acusados se organizaron para "engañar" al Parlamento con la elaboración de los presupuestos al introducir las transferencias de financiación para allegar fondos desde la Dirección General de Trabajo al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDE) para el pago de las ayudas de los ERE, "sin conocer" los diputados "lo que aprobaban".

De ser así, según Moreno Catena, las leyes de presupuestos serían "nulas", al tiempo que los parlamentarios "hubieran contribuido al delito" de prevaricación. Pero "no hay leyes nulas o erróneas", por lo que es "un auténtico disparate jurídico" que sostengan --las acusaciones-- que existan leyes "ilegales o erróneas".

El punto de partida de las tesis de las acusaciones es que durante los años 2001 y 2010 se articuló un mecanismo que comenzaba en los borradores del anteproyecto de presupuestos y finalizaba con el pago de las ayudas con "resoluciones administrativas groseramente injustas y a sabiendas" dentro de un sistema "opaco" para eludir la fiscalización previa de las subvenciones concedidas "sin control y sin procedimiento legalmente establecido".

Sobre el supuesto engaño al Parlamento, Moreno Catena considera "engañoso y que contiene una falacia" este razonamiento de las acusaciones, "pues se salta de la presupuestación al control del gasto, haciendo una pirula para no explicar el núcleo central del procedimiento", la aprobación del Parlamento de los presupuestos.

"AGUAYO NUNCA SE REUNIÓ CON GUERRERO"

"Pero obvian la aprobación de los presupuestos por el Parlamento, es decir, el mecanismo se monta por toda la Junta dejando de lado a la Cámara", ha añadido el abogado, quien al mismo tiempo ha señalado que las acusaciones atribuyen "una responsabilidad colectiva y coral" a todos los acusados, con "mismo grado de ejecución y participación en los hechos".

A Moreno Catena le llamó "poderosamente" la atención que la Fiscalía sostiene sus tesis acusatorias en dos elementos "relevantes" pero por los cuales no preguntó a Martínez Aguayo en su interrogatorio. Por un lado, su participación como miembro del Consejo Rector de IFA/IDEA y en una reunión en 2005 con el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y otros acusados tras el informe adicional al de cumplimiento de Control Financiero Permanente del IFA/IDEA del ejercicio 2003 y en el que se recogían una serie de deficiencias del sistema de concesión de las ayudas y el uso inadecuado de las transferencias.

Guerrero en su declaración en el juicio matizó que en aquella reunión no estuvo el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano pero sí Aguayo, el entonces interventor general de la Junta Manuel Gómez y el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, ambos también acusados.

"La reunión nunca existió, como declaró Agustín Barberá", ha asegurado Moreno Catena, quien ha realizado una defensa de los "catedráticos" propuestos por las defensas para la prueba pericial. "No he buscado un perito que acredite mis argumentos", ha manifestado en referencia a las manifestaciones realizadas en este sentido por la acusación de Manos Limpias.

"Esto es una falacia", según el letrado de la defensa, que ha recordado que los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), "designado" por la juez instructora Mercedes Alaya, parten sus argumentos de elementos bases, las transferencias son "ilegales" y, "sin duda", que las ayudas son subvenciones y como no se aplicaron las normas subvencionadoras "se ha pervertido el sistema".

El abogado ha abordado este lunes la elaboración de la presupuestación, "clave de bóveda" para las acusaciones y las transferencias de financiación, "demonizadas" por éstas.

Martínez Aguayo, como viceconsejera desde abril de 2004 hasta 2009, participó en la elaboración de los presupuestos del 2005 hasta el 2009, si bien ha reprochado la "falta de concreción" del Ministerio Fiscal en la responsabilidad de su defendida. "Parece que participó en la elaboración del anteproyecto pero sin especificar cómo", ha añadido el abogado.

El anteproyecto se forma a raíz de la previsión de ingresos del Gobierno andaluz, que se conoce como "envolvente" y que fija Hacienda. Después comienza "el debate político" con otras consejerías. "Hacienda no puede dictar cuáles son las prioridades de Salud, Educación, Justicia o Empleo, porque no tiene un rango superior sobre éstas, tampoco el consejero ni el viceconsejero pueden imponer líneas o iniciativas políticas al resto del Consejo de Gobierno".

Ha negado que la viceconsejera tuviera competencias de control sobre el estado de gastos de otras consejerías, ni podía imponer "cómo tenían que presupuestar".

"CONTRADICCIÓN FLAGRANTE"

Moreno Catena, sobre las transferencias de financiación, ha rechazado que el "manido" artículo 18 de la ley de acompañamiento para los presupuestos de 2002 establezca que este instrumento de presupuestación sólo pueda usarse para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de empresas públicas, "espina dorsal" de las tesis de la IGAE.

En este sentido, ha apuntado la existencia durante el tiempo investigado de "una gran confusión" sobre las transferencias de financiación, no sólo en los órganos de gestión de la Junta sino también en los órganos interventores. Por ello, rechaza "de plano" el "reproche" general a todos los acusados de que las transferencias de financiación no se podían usar para sufragar las ayudas.

Además, ha apuntado la "flagrante" contradicción existente en las acusaciones porque el Parlamento al mismo tiempo aprueba este artículo y la Ley de Presupuestos para el 2002 que lo incumple. Además, ha señalado, como hiciera el abogado de Magdalena Álvarez, que entonces se estaría ante un Consejo de Gobierno "esquizofrénico", que por un lado aprueba la ley de presupuestos fija la finalidad de las transferencias y por otro la ley que "limita" esa finalidad.

"Las transferencias no pueden ser ilegales porque están autorizadas y lo dice la ley, que lo puede decir, por ello las acusaciones acuden al fraude al Parlamento", ha concluido, añadiendo que era conocido "perfectamente por la Cámara autonómica".