Defensa niega un plan concertado en el caso ERE porque entonces tenían que estar "200 personas más" en el juicio

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El letrado Adolfo Cuéllar, que defiende al ex secretario general técnico en Empleo Javier Aguado en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta por prevaricación y malversación por el procedimiento específico de concesión de ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha rechazado de pleno la tesis de la acusación de que en el caso ERE existió un plan concertado por todos los encausados, puesto que de ser así tenían que estar "150 y 200 personas más" en el juicio.

"Dónde están los miembros del 'consejillo' durante una década o los miembros del Consejo de Gobierno, dónde los interventores delegados en Empleo o los interventores del Control Financiero Permanente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), funcionarios y personal de las gerencias de IFA/IDEA, o parlamentarios", ha cuestionado Cuéllar, asegurando que "es imposible" por la dinámica de funcionamiento de una administración que "estos señores no estuvieran o participaran" en los hechos. "El concierto es materialmente imposible", ha añadido.

Cuéllar ha desarrollado en la sesión de este lunes su informe final, pidiendo la absolución para su defendido, Javier Aguado, secretario general de Trabajo entre 1994 y mayo de 2000 y secretario general técnico desde mayo de 2004 hasta mayo de 2008, adhiriéndose a los informes que le han precedido respectivos a los acusados Lourdes Medina y Juan Francisco Sánchez, también ex secretarios generales técnicos de Empleo.

Como otras defensas, ha reprochado la falta de concreción de los escritos de las acusaciones para poder conocer "con exactitud las conductas delictivas" de los encausados. "Cuáles son los hechos de los que se acusan a Aguado", se ha preguntado el abogado, más allá de la acusación de la participación en un procedimiento específico para la concesión de ayudas sin "procedimiento administrativo y sin control", la elaboración del anteproyecto de presupuestos o las modificaciones presupuestarias.

"No conocemos las resoluciones flagrantes que ha cometido, tampoco si era consciente o si tuvo una actuación activa y omisiva o un ánimo de lucro propio o ajeno", ha añadido Cuéllar, advirtiendo de que "no entiende los hechos por los que se acusa de malversación, por el que se pide ocho años de prisión" para Aguado.

LA HISTORIA DEL DELITO DE MALVERSACIÓN

"Un delito --malversación-- cuya historia nace con la negativa de la juez instructora Mercedes Alaya a dividir la causa de los ERE, pues era casi imposible juzgar por prevaricación sin el delito de malversación. Además, en el juez instructor de la causa en el Tribunal Supremo señaló que en esta pieza sólo se debía juzgar conductas prevaricadoras. Pero sorprendentemente el juez Álvaro Martín en el auto de procedimiento abreviado y de apertura de juicio oral y las acusaciones introducen el delito de malversación sin traer a empresarios beneficiarios o a trabajadores que aún siguen cobrando las ayudas", ha explicado el abogado.

Frente a lo que dice la jurisprudencia sobre la acusación, que ha de ser "clara y concisa", en este caso "la inconcreción provoca indefensión", si bien durante el juicio no ha quedado desvirtuada la presunción de inocencia de Javier Aguado.

Según Cuéllar, "estamos al final de un juicio de un año de duración, en el que están sentados en el banquillo 22 servidores públicos por delitos gravísimos como prevaricación y malversación, los delitos más infames a los que se puede enfrentar un funcionario". Pero también "han sufrido y han estado sometidos a un juicio paralelo insólito en nuestra historial procesal, que lleva al común ciudadano a entender que aquí discutimos que si han desviado para sí o para familiares caudales públicos. Y eso no es así, porque a Javier Aguado no se le acusa de quedarse con un sólo céntimo de forma ilícita".

"Afortunadamente este juicio contará con una sentencia dictada por un tribunal profesional ajeno a elementos externos", ha valorado el abogado.

Volviendo a la acusación de la existencia de un plan concertado por todos los encausados, Cuéllar ha señalado que "nula prueba" existe al respecto tras el juicio, porque esta acusación es "inviable" y el concierto "no se demuestra". Con respecto a Aguado, ha bromeado que "participó en el concierto antes del 2000, se desconcierta desde mayo de 2000 y 2004 y vuelve al concierto".

Sobre la prueba pericial conjunta, el abogado se ha adherido a la impugnación de la misma anunciada por el abogado del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías, por tratarse de una prueba jurídica, criticando que por las acusaciones se le conceda mayor relevancia a los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y que a los de las defensas, minusvalorando sus informes, sobre todo por parte de la Fiscalía y Manos Limpias.

SAN IGNACIO DE LOYOLA

Como diría San Ignacio de Loyola en su doctrina sobre la indiferencia de las cosas, las cosas no son buenas o malas, sino que dependen del uso que se dan a éstas. Las transferencias de financiación usadas por la Dirección General de Trabajo para allegar fondos del programa 31L a IFA/IDEA para el pago de las ayudas "no son ilegales, ni presuponen un mal uso de los fondos, ni evitan el control de éstos", sino que es un instrumento presupuestario neutro y es la ejecución la que es "adecuada o inadecuada, lícita o ilícita".

De otro lado, ha negado el presunto engaño a los parlamentarios, como defienden las acusaciones, para que aprobasen las leyes de presupuestos con las transferencias de financiación del 31L a IFA/IDEA incluidas. "En un juicio penal siempre que las acusaciones sostienen que ha existido un engaño a alguien traen a esa persona para someterlo a contradicción y aquí no han traído a nadie que haya dicho que se ha sentido engañado. Es una conjetura", ha subrayado el abogado, insistiendo que "no es más que una opinión sin base jurídica".

Igualmente, ha negado que su defendido conocieran las irregularidades de las ayudas recogidas en el informe adicional de Control Financiero Permanente de IFA/IDEA correspondiente al ejercicio de 2003. "No hay prueba de cargo, sólo unas declaraciones sumariales del exconsejero de Empleo Antonio Fernández que no ha ratificado", ha afirmado.

Por último, Cuéllar, que ha agradecido al tribunal, presidido por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, ha expresado "el honor" de compartir este juicio con los representantes del Ministerio Fiscal, acusaciones y defensas, especialmente con el abogado defensor José Rebollo, quien pese a su enfermedad ha dado una "lección de dignidad y de lo que es un abogado en la defensa de los intereses ajenos":

También ha sido "un honor" defender a Aguado, persona "cabal, funcionario sensato y que ha sabido llevar con dignidad la tan traumática situación que le ha tocado vivir" con este proceso.