El exconsejero "no tuvo nada que ver con la concesión de ayudas a ninguna empresa, se puede decir más alto o más veces"
SEVILLA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
El abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, que defiende al exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías en el juicio que celebra la Audiencia de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, ha evidenciado las "contradicciones" de las acusaciones en este juicio "por la escasez de argumentos", que hace que "busquen por todas partes e incurran en contradicciones".
Frente a los "nueve minutos" dedicados por el Fiscalía a Zarrías en su informe final lleno de "generalidades e inconcreciones", Martínez-Fresneda ha explicado, en su informe final, que es frecuente que las macrocausas devengan en una "causa general", perdiéndose "el camino de la instrucción y la investigación" y provocando contradicciones en las imputaciones, pues se sostiene el papel activo de los acusados en el diseño e implementación del sistema y que no hacen nada cuando conocieron las irregularidades, "conductas excluyentes e incompatibles, pues no se te puede acusar de tirar a alguien por la borda y al mismo tiempo de omisión de auxiliarlo".
Ha defendido que a Zarrías, exconsejero de Presidencia entre 1996 y 2009 y que se enfrenta a diez, "no se le reprocha comportamiento alguno en calidad de consejero, ni la más mínima relación con el otorgamiento de las ayudas" de autos.
En este sentido, ha expuesto que existe en la documentación obrante un certificado de que Zarrías "no ha dictado ni una sola resolución para la concesión de ayudas", por lo que en lo referente a la prevaricación activa sería "suficiente" con este certificado, pero tampoco existe "cartas, fax, correos enviados a o por Zarrías en materia de las ayudas de los ERE".
"Ni la Consejería de Presidencia ni Zarrías recibieron informe alguno de la Intervención General de la Junta" en relación a los hechos.
A Zarrías, según las acusaciones, se le presupone "una serie dispersa de conductas que son insinuaciones de ínfimo nivel probatorio". "Podía obviarlas, pero adentraré en esas insinuaciones del informe final de la Fiscalía", que para algunas de éstas se basa en la experiencia y la lógica para señalar que Zarrías debía conocer por ser consejero. Pero "qué saben del día a día de un consejero o presidente, vicepresidente o ministro, de su agenda, de sus reuniones o citas diarias, experiencia de la que no participamos el común de los mortales, por lo que invocar esa experiencia no tiene sentido".
Otra teoría invocada por la Fiscalía es la de la pirámide para explicar el acuerdo de los acusados durante una década para la concesión de las ayudas de forma ilegal, si bien usa una pirámide invertida, donde en el suelo coloca "el cargo que repartió las ayudas" --Dirección General de Trabajo-- y se va subiendo hacia arriba, estando en la base de la pirámide el Consejo de Gobierno.
"Pero a los lados" del director general de Trabajo "nadie sabía nada, como los interventores delegados en Empleo, si bien "cualquier cargo por encima se presume que conocía todo el procedimiento". Para ser un sistema opaco pero que conocía todo el mundo en la Junta, como señala la Fiscalía, menos los interventores delegados en Empleo, "no está mal".
Ha citado, de otro lado, otras "contradicciones" de las acusaciones como el reproche de que las ayudas a Pickman se trocearon en el Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), para evitar que se elevaran al Consejo de Gobierno para su aprobación. "No hemos quedado que el Consejo de Gobierno lo conocía todo, qué interés había entonces en ocultarlo", ha cuestionado el abogado, añadiendo: "Con qué versión nos quedamos".
"NO ES MALA FE" DE LAS ACUSACIONES
A su juicio, estas contradicciones de las acusaciones "no es mala fe", sino que responde a "la escasez de argumentos" por parte de éstas, que intentan buscar por todas partes incurriendo en contradicciones.
En la sesión de tarde, el abogado ha abordado "la cadena de reproches" de la Fiscalía contra Zarrías por su participación en la comisión general de viceconsejeros 'consejillos', comenzado por las modificaciones presupuestarias, que no eran examinadas en este órgano, que se limitaba a comprobar que cumplían los requisitos necesarios para ser elevados al Consejo de Gobierno.
Sobre el convenio marco de 2001 firmado entre la Consejería de Empleo y el IFA, "clave de arco" en la historia de los ERE, "no hay referencia alguna en las actas del consejillo, según el abogado. El convenio marco explica el modelo de gestión de las ayudas --la Dirección General de Trabajo allegaría fondos del programa presupuestario 31L a IFA/IDEA por transferencias de financiación para pagar las ayudas concedidas por la propia Dirección General--, que las acusaciones "necesitan demostrar que todos --acusados-- lo conocían, lo que no es cierto".
"LA VERDADERA REPARACIÓN" ES LA ABSOLUCIÓN
Martínez-Fresneda ha asegurado que "absolutamente nada tiene que ver Zarrías con la concesión de ayudas a empresas, se puede decir más alto y más veces", rechazando las insinuaciones de la Fiscalía sobre su participación en ayudas a Gres de Vilches, EDM Séneca, Dhul o Primayor.
De otro lado, ha recordado que el ex interventor general, el acusado Manuel Gómez, "quien tiene un alto concepto de sí mismo", en la comisión de investigación del Parlamento, donde declaró bajo juramento y con obligación de decir verdad, dijo que "jamás informó de ninguna ilegalidad, pues de las actuaciones de la Intervención General nunca se dedujo existencia de un supuesto fraude o menoscabo".
Para concluir, Martínez-Fresneda ha señalado el efecto "devastador" que este largo procedimiento ha tenido sobre Zarrías, quien cuando fue imputado era parlamentario en el Congreso, teniendo que dejar su acta, "perdiendo su sueldo y apartado de su carrera política". Además, ha apuntado los problemas que ha sufrido para el desarrollo de una vida profesional normal.
El abogado ha agradecido a la Sala, presidida por el magistrado Juan Antonio Calle, por "liberar de la pena de banquillo" a Zarrías parte del juicio para no tener que asistir a las sesiones, pudiendo así desarrollar su actividad profesional, si bien, "la verdadera reparación es una sentencia absolutoria".
