La defensa de Zarrías acusa al PP-A de intentar "politizar" el juicio de los ERE

El abogado de Viera pide la prescripción del delito de prevaricación y revocar la acusación por un delito continuado de malversación

SEVILLA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La defensa del que fuera consejero de Presidencia de la Junta Gaspar Zarrías, en el marco del juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla contra los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos autonómicos por el procedimiento específico por el que se concedían ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, ha acusado al PP de intentar "politizar" el proceso al incluir en su escrito de acusación el delito de asociación ilícita por "intereses extraprocesales". 

Durante la sesión de este miércoles, el abogado defensor de Zarrías, Gonzalo Martínez-Frenesda, ha expuesto dos cuestiones previas, comenzando por la solicitud de las actuaciones del juez Álvaro Martín desde el 27 de enero de 2016 --cuando comenzó a instruir la pieza judicial ahora elevada a juicio--, pues "no era el juez ordinario" y , en consecuencia, "todo lo actuado por el mismo es nulo de pleno derecho".

Cabe recordar que en la sesión del martes, José María Mohedano, abogado defensor de Griñán y Lozano, reclamó también la nulidad de las actuaciones de instrucción del juez de refuerzo Álvaro Martín, al considerar vulnerado el derecho al juez predeterminado por la ley o "juez natural" que consagra el artículo 24.2 de la Constitución Española.

En 2013, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concedió una comisión de servicio para que el citado juez actuase como "refuerzo" o "apoyo" en el juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, con Mercedes Alaya como instructora inicial de todo lo relativo a la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, canalizada en subvenciones para expedientes de regulación de empleo supuestamente fraudulentos y ayudas directas y presuntamente arbitrarias.

Posteriormente, en 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aprobó el plan acordado por la juez María Núñez Bolaños, sucesora de Alaya al frente del Juzgado, y Álvaro Martín como magistrado en comisión de servicio, para que éste asumiese la tramitación de las seis piezas en las que Núñez había dividido el macrocaso de los expedientes de regulación de empleo, entre ellas la pieza correspondiente al procedimiento específico.

Según ha expuesto el abogado de Zarrías durante su exposición, la causa que se juzga se había iniciado antes de la entrada "en funciones" de Martín, con la actuación de María Núñez. "De repente y de una forma brusca, el 27 de enero 2016 aparece firmando un auto por el juez, que desde el punto de vista material supone una ligera variación de la línea de investigación".

A juicio de Martínez-Fresneda, el documento donde se puede localizar "esta brusca irrupción" del juez Martín es el acuerdo adoptado "por consenso" entre el magistrado y la juez María Núñez Bolaños, en virtud del que consideran "adecuado" encomendar al juez Martín la tramitación de seis piezas. Para la defensa de Zarrías, el término adecuado es "inquietante", y ha indicado que el criterio de "adecuación" no se expone en ese acuerdo ni en posteriores de los órganos gubernativos para aceptar esta "encomienda".

La defensa de Zarrías, que ha insistido en que estas actuaciones del juez Martín son "nulas de pleno derecho sin necesidad de demostrar que han generado indefensión en su representado".

"TENÍA QUE TERMINAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 SÍ O SÍ"

De otro lado, Martínez-Frenesda también ha hecho referencia en su exposición a la cuestión temporal y las prórrogas del mandato al juez Martín. Según ha recordado, la última prórroga concedida al magistrado, hasta el 31 de diciembre de 2016 e improrrogable, cambiaba los criterios de prórrogas semestrales fijadas anteriormente y suponía "someter" el procedimiento a urgencias y "se llegó a vulnerar el derecho a la defensa de Gaspar Zarrías".

"Este juez especial tenía que terminar el 31 de diciembre sí o sí", ha manifestado Martínez-Fresneda sobre las prisas del magistrado. El letrado ha rechazado que mientras las acusaciones tuvieron cuatro meses para presentar sus escritos de acusación, las defensas "tuvimos 30 días naturales". A su juicio, "es más difícil defender que acusar".

De otro lado y como segunda cuestión previa planteada, Martínez-Fresneda ha expuesto la vulneración del derecho fundamental a ser informado de las acusaciones contra su representado, después de que la acusación popular del PP haya acusado a Zarrías de un delito de asociación ilícita, que para el abogado defensor ha "sorpresiva".

"Cabe mayor sorpresa para la buena fe de los acusados el cambio que se ha producido aquí", ha expresado después de que el PP andaluz haya incluido en su escrito de acusación el presunto delito de asociación ilícita para Zarrías.

"PRETENSIÓN DE POLITIZAR" EL PROCESO

Para Martínez-Fresneda, el PP "sostiene esta acusación en la pretensión de politizar" el proceso, atendiendo "a sus intereses extraprocesales". Además, el letrado ha manifestado que algunos de los testigos que se propusieron por el PP --entre ellos la presidenta de la Junta, Susana Díaz, o el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios--, "tienen la misma finalidad".

La acusación de un delito de asociación ilícita, según el letrado de Zarrías, tiene "un lastre político" que el tribunal "no puede permitir". Además, ha añadido que en el auto de transformación en procedimiento abreviado "no se utilizan las palabras organización, asociación, estructura, jerarquía o reparto de papeles, elemento objetivos y subjetivos del delito de asociación ilícita", ha concluido Martínez-Fresneda, que ha reiterado la acusación "sorpresiva".

En este sentido, Pedro Apalategui, el abogado del exviceconsejero de Empleo Agustín Barbera, ha insistido en esta cuestión previa de vulneración de derecho a ser informado de su acusación, calificando de "sorpresiva y extravagancia jurídica" la inclusión del delito de asociación ilícita por el PP-A en su escrito de acusación.

DEFENSA DE JOSÉ ANTONIO VIERA

Igualmente, el letrado defensor del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, tras pedir varias pruebas testificales, ha planteado, entre otras cuestiones previas, que procede "excluir" del procedimiento el delito de asociación ilícita, solicitado en su escrito por el PP-A, "por cuanto es una acusación sorpresiva contraria al derecho de defensa de su representado".

Además, el abogado de Viera, José Manuel Herrera, ha solicitado la nulidad del auto de apertura del juicio oral revocando la acusación de su representado por un delito continuado de malversación de caudales públicos, pues ya está siendo juzgado en otros procesos por estos hechos y "no puede existir un doble encausamiento penal". Al hilo de esto, también ha planteado que no procede juzgar a Viera por un delito continuado de malversación" por falta de concreción en el escrito de acusaciones y en el auto de apertura y transformación", entre otros razonamientos.

Por último, el letrado ha solicitado que se estime la prescripción del delito de prevaricación por el que se le acusa a Viera, quien fue consejero de 2000 a 2004, participando como miembro del Consejo de Gobierno de la Junta en la aprobación de las modificaciones presupuestarias de los programas 22E y 31L. En este sentido, entiende el letrado que este delito sólo puede entenderse dirigido contra Viera a partir del auto de imputación judicial por un órgano competente, en este caso, el auto del Tribunal Supremo con fecha de 13 de noviembre de 2014, por lo que habrían transcurrido los diez años previstos para la prescripción de un delito de prevaricación.