Defensas del caso ERE alegan "déficit de concreción" en los hechos imputados en las conclusiones acusatorias

La defensa de Zarrías impugna la prueba pericial por vulnerar las normas que impiden una pericial judicial

SEVILLA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos de la Junta acusados de prevaricación y malversación por el procedimiento de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha continuado este miércoles con la evacuación por las defensas de sus conclusiones definitivas, alegando la mayoría "un déficit de concreción" en los hechos imputados a los enjuiciados en las conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal y acusaciones particulares.

   "Déficit de concreción, insuficiencia, vaguedad, inconcreción o generalidades" son algunos de los términos usados por los abogados de las defensas en sus intervenciones para elevar a definitivas sus conclusiones, en las que piden la absolución de sus representados, y expresar las modificaciones introducidas, lo que a juicio de Víctor Moreno Catena, abogado defensor de la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, "impide la defensa" de su clienta.

   Por su parte, el abogado del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías ha elevado a definitivas sus conclusiones, introduciendo algunas modificaciones. Así, además de defender la actuación de su cliente y pedir la libre absolución, ha alegado la vulneración del derecho al juez natural predeterminado por la ley, en referencia a la actuación del juez de refuerzo Álvaro Martín. Cuestión está ya rechazada por la Sala, presidida por el magistrado Juan Antonio Calle Peña, en fase de cuestiones previas.

   Igualmente, ha anunciado que impugna la prueba pericial conjunta desarrollada en la vista oral durante 26 sesiones, al considerarla "nula de pleno derecho por vulnerar las normas que impiden una pericial judicial". En la misma participaron tres peritos de oficial judicial pertenecientes a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), así como dos peritos propuestos por las defensas del expresidente de la Junta José Antonio Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Lozano, otros dos por la defensa de Martínez Aguayo, uno por la de la exconsejera de Hacienda Magdalena Álvarez y otro perito a propuesta de la representación legal del exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

   Según el letrado del exvicepresidente de la Junta, que este miércoles ha sustituido al abogado Gonzalo Martínez-Fresneda en la defensa de Zarrías, la prueba se ha practicado como una pericial judicial y cuyo contenido fue "clarificar al tribunal la ley, explicar participación de los acusados, su conocimiento o la conducta que debieron tener". Aludiendo a una sentencia del Tribunal Supremo, supone "un asesinato alevoso del principio 'iura novit curia' (aforismo latino que significa 'el juez conoce derecho').

   De otro lado, el abogado José Manuel Herrera, que defiende al exconsejero de Empleo José Antonio Viera, ha sido uno de los más insistentes en "la falta de concreción, insuficiencia y vaguedad de los hechos imputados en los escritos de conclusiones de la Fiscalía y las acusaciones". "De acuerdo con la jurisprudencia constitucional y penal, esa insuficiencia genera indefensión y vulnera el derecho de defensa recogido en la Constitución Española".

   Igualmente, ha apuntado que se vulnera los principios de seguridad jurídica y de legalidad penal.

   Por otra parte, como ya hiciera en la fase de cuestiones previas, donde fue rechazado, ha expuesto la prescripción de los hechos que acarrean el delito de malversación imputado a algunos de los enjuiciados, y por ello también del de prevaricación.

   Precisamente sobre el delito de malversación, Herrera ha manifestado que el Ministerio Fiscal "mantiene su oposición" al archivo de las actuaciones frente a los altos cargos acusados en esta causa en las piezas separadas de los ERE que instruye el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, lo que supone "una vulneración del derecho al juez competente" y un doble enjuiciamiento que vulnera el derecho de defensa.

   Las intervenciones más extensas han sido las de las defensas del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. La letrada Encarnación Molino, en defensa del exconsejero, ha expuesto también las "genéricas acusaciones, que no individualizan ni concretan la parte referente a los hechos sobre su representado".

   Entre los hechos que considera que han quedado acreditado tras la práctica de la prueba, la abogada ha indicado el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) --que pasó a estar adscrita a Innovación en 2004--, "no comprometía gasto alguno ni obligaciones frente a tercero" por el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo, "ni decidía sobre los fondos" del programa presupuestario 31L con el que se otorgaban las ayudas.

   "Que las ayudas las pagara IFA/IDEA no exonera a la Dirección General de Trabajo del deber de someter a la fiscalización previas la concesión de las mismas", ha afirmado Molino.

EL USO DE LAS TRANSFERENCIAS "NO ES ILEGAL NI DELICTIVO"

   De otro lado, ha expuesto que los informes de los Planes de Actuación, Inversión y Financiación (PAIF) de IFA/IDEA "no dicen nada de gastos ficticios consignados" en los presupuestos del ente, frente a "la calificación infundada de las acusaciones". También considera que carecen de sentido las acusaciones sobre el déficit en IFA/IDEA porque "no existió" tal.

   Además, ha asegurados los informes de la Intervención General de la Junta calificó de "inadecuado" el uso de las transferencias de financiación, pero "no de ilegal ni delictivo, por mucho que las acusaciones lo hayan criminalizado". Para la abogada, Vallejo "no puede ser calificado como autor ni cómplice de los hechos", por lo que procede la libre absolución.

   Por su parte, Miguel Delgado y Juan Carlos Alférez, abogados defensores de los ex directores generales de IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar y Jacinto Cañete, respectivamente, han solicitado la libre absolución para sus clientes, si bien de manera subsidiaria ha expuesto tres tesis defensivas en caso de que la Sala comparta las tesis acusatorias.

   En primer lugar, que los acusados "creyeran erróneamente que obraban y actuaban    de forma legal", pidiendo en este caso la eximente completa por error de prohibición. En segundo lugar, que los hechos cometidos no supusieron una actuación principal en los hechos delictivos, considerándolos entonces "cómplices" y no autores. Y en tercer lugar, que los hechos fuesen de cooperación necesaria en lugar de autoría.

   Si bien, el letrado Juan Carlos Alférez ha señalado que "las acusaciones no han acreditado la conducta constitutiva de delito penal" en relación a su cliente, algo que ha compartido Miguel Delgado sobre Serrano Aguilar. "Los escritos de conclusiones definitivos de las acusaciones no han variado un ápice de los provisionales, los hechos son idénticos. De su lectura es imposible colegia que las actuaciones de Cañete y Serrano Aguilar sean delictivas de prevaricación y malversación", han puesto de manifiesto sus defensas.

   La defensa del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el letrado Alfonso Martínez del Hoyo, que este martes pidió la suspensión de la sesión para estudiar los cambios "sustanciales" introducidos por la Fiscalía Anticorrupción, ha elevado a definitivas sus conclusiones, incluyendo la atenuante de dilación extraordinaria e indebida del procedimiento.