Defensas del caso ERE piden excluir el delito de asociación ilícita y acusan al PP de "politizar" el juicio

SEVILLA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha celebrado este miércoles una nueva sesión del juicio contra los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros 20 ex altos cargos autonómicos por el procedimiento específico por el que se concedían ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente fraudulentos, durante la que las defensas han continuado presentando sus cuestiones previas, coincidiendo la mayoría de los letrados defensores de los altos cargos en solicitar excluir del objeto de enjuiciamiento el presunto delito de asociación ilícita esgrimido por el PP andaluz en su escrito de acusación, así como han señalado la intención del PP-A de querer "politizar" el proceso.

Así, por ejemplo, se ha manifestado durante su intervención Gonzalo Martínez-Fresneda, el abogado defensor del que fuera consejero de Presidencia de la Junta Gaspar Zarrías, quien ha planteado la vulneración del derecho fundamental a ser informado de las acusaciones. Para el letrado, el PP-A "sostiene esta acusación en la pretensión de politizar" el proceso, atendiendo "a sus intereses extraprocesales".

Además, Martínez-Fresneda ha manifestado que algunos de los testigos que se propusieron por el PP --entre ellos la presidenta de la Junta, Susana Díaz, o el vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios--, "tienen la misma finalidad". La acusación de un delito de asociación ilícita presentada por el PP-A, según el letrado de Zarrías, tiene "un lastre político" que el tribunal "no puede permitir".

La exclusión del delito de asociación ilícita también ha sido solicitada por la defensa de la exministra de Fomento y exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta, Magdalena Álvarez, el abogado Rafael Alcácer, quien ha argumentado que dicho delito no sólo no ha figurado en las diligencias previas de 2011 de las que nace la causa elevada ahora a juicio, --pues no olvidemos que la macrocausa de los ERE fue dividida en seis piezas a finales de 2015--, sino que tampoco se recoge en el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado.

Es más, el letrado ha advertido de que ni su representada ni el resto de los acusados han sido "preguntados" a lo largo de la instrucción de la causa por hechos o situaciones relacionadas con este presunto delito, y ha considerado "inverosímil que hubiese un acuerdo de voluntades entre 22 personas que estaban al frente de departamentos tan dispares (de la administración andaluza), durante diez años".

En este sentido, Pedro Apalategui, el abogado del exviceconsejero de Empleo Agustín Barbera, y José Manuel Herrera, el letrado defensor del exconsejero de Empleo José Antonio Viera, han insistido en esta cuestión previa de vulneración de derecho a ser informado de las acusaciones, calificando de "sorpresiva y extravagancia jurídica" la inclusión del delito de asociación ilícita.

DECLARAR "NULAS" LAS ACTUACIONES DEL JUEZ DE REFUERZO

Otra de las cuestiones previas presentadas por algunas de las defensas de los acusados este miércoles, como ya hiciera ayer el abogado defensor de Griñán y del ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, es declarar "nulas de pleno derecho" las actuaciones del magistrado Álvaro Martín como juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6, encargado de la investigación de los hechos elevados ahora a juicio.

Cabe recordar que en la sesión del martes, José María Mohedano, abogado defensor de Griñán y Lozano, reclamó también la nulidad de las actuaciones de instrucción del juez Álvaro Martín, al considerar vulnerado el derecho al juez predeterminado por la ley o "juez natural" que consagra el artículo 24.2 de la Constitución Española, argumento compartido este miércoles por las defensas de la exconsejera de Hacienda y Administración Pública Carmen Martínez Aguayo y de Gaspar Zarrías, los abogados Víctor Moreno y Gonzalo Martínez-Fresneda, respectivamente.

En 2013, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concedió una comisión de servicio para que el citado juez actuase como "refuerzo" o "apoyo" en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, con Mercedes Alaya como instructora inicial de todo lo relativo a la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, canalizada en subvenciones para expedientes de regulación de empleo supuestamente fraudulentos y ayudas directas y presuntamente arbitrarias.

Posteriormente, en 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aprobó el plan acordado por la juez María Núñez Bolaños y Álvaro Martín como magistrado en comisión de servicio, para que éste asumiese la tramitación de las seis piezas en las que Núñez había dividido el macrocaso de los expedientes de regulación de empleo, entre ellas la pieza correspondiente al procedimiento específico.

Para la defensa de Zarrías, estas actuaciones del juez Martín son "nulas de pleno derecho sin necesidad de demostrar que han generado indefensión en su representado".

De otro lado, el abogado defensor de Martínez Aguayo ha solicitado, como estaba previsto, una modificación en el orden de práctica de las pruebas durante la vista oral, para que los acusados declaren después de los testigos y los peritos y no antes de los mismos, como sucede habitualmente, alertando de que "con el concurso" del juez instructor y la Fiscalía, la causa se ha convertido en "un maremágnum" en el que el papel de cada uno de los acusados en los hechos en cuestión ha quedado "desdibujado". A su juicio, media una "absoluta imprecisión" de los hechos y responsabilidades exactas que se achacan a cada uno de los acusados, cuando "es un derecho del acusado conocer la acusación" concreta que recae sobre él.

ORDEN MINISTERIAL DE 1995

De otro lado, Fernando de Pablo, letrado defensor del ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero ha solicitado los "expedientes previos" a la regulación estatal que sostuvo las ayudas a la prejubilación de mineros de la Faja Pirítica de Huelva, tras la reciente comparecencia de la que fuese directora general de Trabajo del Ministerio durante la etapa de José María Aznar Soledad Cordova Garrido, en la pieza de la macro causa que aborda las ayudas estatales concedidas para las prejubilaciones de los mineros de la Faja Pirítica de Huelva.

Y es que Soledad Cordova, investigada por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, defendió ante la juez Núñez Bolaños que las ayudas estatales investigadas fueron concedidas conforme a una orden ministerial emitida en 1995, de forma que "cumplían los requisitos exigidos" por dicha orden y por tanto todo "fue legal". Según el abogado defensor de Guerrero, de la comparecencia de Cordova se desprende una "interpretación completamente distinta" a la que había prevalecido hasta ahora sobre este tipo de subvenciones y su regulación.

En paralelo, José Manuel Herrera, abogado del exconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, ha solicitado que la propia Soledad Cordova comparezca en la vista oral, para que profundice en el "sistema legal" seguido por el Ministerio para las ayudas estatales para las prejubilaciones en la Faja Pirítica y poder averiguar cómo podría incidir o no la orden de 1995 en las subvenciones concedidas desde la Junta.

El juicio, tras concluir la presentación de las cuestiones previas por las partes en las sesiones de este martes y miércoles y en las que no ha intervenido el abogado defensor del expresidente de la Junta Manuel Chaves, continuará el próximo lunes a las 10,0 horas con el trámite de réplica de cada una de las partes a las cuestiones previas planteadas.