SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, Jesús Maeztu, ha reclamado este miércoles una batería de medidas para cuantificar, prevenir y detectar situaciones de riesgo que en el ámbito familiar, social o educativo puedan afectar al bienestar y los derechos de los niños.
Entre otras propuestas, Maeztu ha demandado el desarrollo del sistema de información previsto en la ley de Infancia y Adolescencia de Andalucía, que incluye la creación de un Registro de declaraciones de riesgo para estos menores que permitiría un conocimiento y seguimiento "más detallado" de la protección de este sector de la población.
"Las administraciones públicas son las encargadas de paliar el riesgo antes de tener que proceder a la adopción de una medida más drástica como es la separación del menor de su entorno familiar", ha señalado Maeztu en rueda de prensa acerca de la cuestión relevante que incluye el Informe Anual 2023, un trabajo entregado al presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre.
El Defensor ha apuntado que las medidas preventivas no siempre son suficientes o, en su caso, no llegan a todos los menores y familias que las demandan; en otras ocasiones, las intervenciones públicas no se identifican con las necesidades de las personas afectadas; o, en el peor de los casos, el abordaje de la situación no ha podido revertir el riesgo y culmina con una declaración de desamparo del menor por la Entidad Pública que conlleva su separación de la familia, "con el coste emocional y social que de ello se deriva".
Por otra parte, Maeztu ha explicado que, tras las reclamaciones sobre asuntos de Educación (1.946 en 2023), las cuestiones más numerosas trasladadas a la Defensoría fueron asuntos relativos a cuestiones de familia como conflictos por la guarda y custodia de los hijos, sistema de protección o centros de internamiento (1.695), seguidas de Vivienda (571) y Salud (446) como áreas temáticas con mayor número de quejas iniciadas.
Fueron un total de 5.728 actuaciones las realizadas este ejercicio por la Defensoría de la Infancia (un 15% más que en 2022), de las cuales 2.762 se refirieron a quejas y 2.966 a consultas. Del total de 2.762 quejas gestionadas, las iniciadas en 2023 fueron 2.096, de las cuales 2.063 fueron instadas por la ciudadanía y 33 se iniciaron de oficio promovidas por la institución. Junto con estas actuaciones se han tramitado otras 666 más de años anteriores.
Entre otros asuntos destacados, el Defensor ha apuntado en cuanto a la salud las carencias de especialistas en pediatría en atención primaria, que sigue siendo la demanda "más acuciante" en numerosas zonas rurales.
Sobre educación, Maeztu ha recordado la elaboración del Informe especial 'La atención educativa en los colegios rurales de Andalucía', en la que visibiliza esta realidad educativa, según detallan desde la institución, como uno de los servicios públicos elementales para luchar contra la despoblación en el entorno rural.
Maeztu ha señalado que a lo largo de los 40 años de existencia de la institución --25 como Defensor del Menor de Andalucía, desde 1998-- ha sido testigo de los "avances" para conseguir una educación inclusiva y de calidad en los términos señalados, si bien ha señalado que quedan retos como la lucha contra el abandono escolar; la plena inclusión del alumnado más vulnerable; la mejora de las instalaciones escolares, sobre todo en lo que respecta a las condiciones térmicas y ambientales; el impacto de la brecha digital en el alumnado con mayor vulnerabilidad y la incidencia de la Inteligencia Artificial; en el aumento de la oferta de docentes con especial cualificación y de la participación de las familias, y seguir luchando contra el acoso escolar.
De otro lado, el Defensor ha abordado situaciones de violencia que afectan a los derechos de la infancia, entre los que ha incluido, por ejemplo, la pobreza infantil, los malos tratos, la violencia vicaria o la infancia huérfana de la violencia de género.
Así, la institución traslada que un 29,2% de los niños se encuentran en riesgo de pobreza en Andalucía o vive en hogares con ingresos por debajo del umbral de pobreza de la comunidad, según deduce a partir de datos extraídos de la tasa 'Arope' (realizada por la UE).
Además, advierte de situaciones en las que la infancia ha sido, o está siendo, objeto de maltrato, con 10.787 notificaciones de maltrato registradas en 2023 por el sistema 'Simia', entre las que un 39,8% corresponden a maltrato físico y un 25,2% a abuso sexual.
En cuanto a la violencia vicaria, según datos del Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, desde 2014 a 2023 han muerto o han sido asesinados 44 niños, niñas y adolescentes en España, víctimas de violencia de género vicaria, es decir, violencia de género contra la madre que se ejerce sobre hijas y/o hijos. En Andalucía fueron 6.
También lamenta la Defensoría que en este período de tiempo se contabilizaron en España 390 menores de 18 años huérfanos por violencia de género contra sus madres y 86 en Andalucía, lo que representa el 22,1% del total de menores de edad huérfanos por este motivo en España. En este punto, vuelven a reclamar que no exista límite de edad en la ayuda que se concede de 5.000 euros anuales a los menores huérfanos por violencia de género en la comunidad, y que pueden solicitar todos los menores hasta que cumplan los 18 años desde 2024.
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