SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha intervenido este lunes en la Comisión de Igualdad y Políticas Sociales del Parlamento de Andalucía en relación a la tramitación del proyecto de Ley de Participación Ciudadana en Andalucía, del que destaca que supone "un avance innegable en la profundización democrática al incorporar instrumentos de participación ciudadana propios de la democracia participativa".
Además, y entre las conclusiones expuestas, para Maeztu significa "una oportunidad inmejorable para ir introduciendo, en la práctica cotidiana de administraciones y ciudadanía, unas fórmulas participativas que no solo resultan novedosas para la mayoría, sino que además suponen la ruptura con una cultura basada tradicionalmente en el abstencionismo de la ciudadanía y en el paternalismo de la Administración".
No obstante, la Defensoría estima que el proyecto presenta algunos márgenes que "permitirían ahondar en la incorporación real de la ciudadanía a los procesos decisorios, potenciando así un régimen de responsabilidad compartida entre ésta y los poderes públicos".
Asimismo, entiende "aconsejable no demorar la regulación del tercer pilar que sustenta el modelo de Gobierno Abierto, que afecta a la rendición de cuentas, ni el desarrollo reglamentario que requiere el Proyecto de Ley al objeto de que su efectividad resulte garantizada".
Del mismo modo, cree "necesario ahondar desde ya en el desarrollo de políticas de fomento de la participación, de formación de la ciudadanía para la utilización adecuada y responsable de los instrumentos participativos, y de sensibilización de los poderes y empleados públicos para la asunción de nuevos principios de actuación que resulten más acordes con este nuevo modelo de administración".
Según Maeztu, la sociedad de hoy exige "opinar, expresar y participar en condiciones de igualdad en los asuntos públicos, un modelo de gobierno más transparente, más participativo y que rinda cuentas a partir de la evaluación conjunta de las políticas públicas".
"La reforma de nuestro Estatuto de Autonomía ha servido de impulso para este cambio de modelo con el reconocimiento del derecho a la Buena Administración, la fijación de la transparencia como principio de actuación de la Administración Pública y las reiteradas referencias que se hacen en el texto a la participación ciudadana, entre otras", señala.
En este sentido, indica que como DPA es una asunto que siempre ha formado parte de su actividad, de ahí el Informe Especial 'Normativa sobre Participación Ciudadana en las Diputaciones Provinciales y en los Grandes Municipios de Andalucía' de 2009.
"El mismo, aunque centrado específicamente en el ámbito local, nos llevó, entre otras cuestiones, a sugerir la mejora de la regulación de la participación ciudadana en la normativa autonómica; a reivindicar el indudable protagonismo que en todo este proceso han de tener las nuevas tecnologías; y a demandar ayudas e iniciativas de apoyo a colectivos y entidades que adquieren un marcado protagonismo en los procesos participativos", concluye.