El Defensor del Pueblo Andaluz defiende la "suspensión definitiva" del proyecto de almacén de gas de Doñana

SEVILLA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha abogado por la "suspensión definitiva" del proyecto de almacenamiento y explotación de gas en el espacio natural de Doñana en todos sus tramos, incluido el de Marismas Occidental, un criterio que ha trasladado al Defensor del Pueblo estatal mediante un escrito enviado a finales del pasado mes de octubre.

Así lo ha indicado en declaraciones a los periodistas tras inaugurar en Sevilla el Seminario de Expertos sobre el Modelo de Mediación del Defensor del Pueblo Andaluz, en las que ha afirmado que la conclusión final del informe elaborado por la Defensoría es que "se debe suspender el proyecto".

De este modo, la institución apunta que esta conclusión se hace en base a la información que actualmente se posee sobre los posibles riesgos que se pueden derivar de la ejecución del proyecto de gasoducto de Doñana; lo acontecido en el Depósito de El Castor; y la forma en que se han tramitado los proyectos, tanto en lo que concierne a la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto Marismas Occidental como en lo relativo a la ausencia de una evaluación conjunta que tenga en cuenta las afecciones que se pueden generar asociadas a los cuatros proyectos.

Y sobre todo, apunta la Defensoría, teniendo en cuenta los valores ambientales y la "extraordinaria" diversidad del espacio único de Doñana, que es "muy necesario" mantener, conservar y, en la medida de lo posible, acrecentar ante las amenazas que ha tenido y tiene pese a haber sido declarado Patrimonio de la Humanidad, derivadas de la actividad humana.

"Sugiero que se debe suspender y no empeñarse en hacer este proyecto en Doñana cuando lo podemos hacer en otro sitio, y no arriesgamos un bien tan preciado", insiste Maeztu.

SIN GARANTÍAS DE QUE NO SE AFECTE AL PARQUE NACIONAL

En el informe del Defensor del Pueblo Andaluz, consultado por Europa Press, la oficina que lidera Maeztu recuerda que la solicitud de informe sobre los riesgos geológicos, hidrogeológicos, geotécnicos y sísmicos en relación con el proyecto de Marismas Occidental se efectúa más de cuatro años después de haberse formulado la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) sobre este subproyecto.

Sobre la conveniencia de suspender definitivamente el proyecto de gaseoducto, se incide en la necesidad de hacer un completo análisis de las afecciones acumuladas y sinérgicas que podrían producirse sobre los hábitats y las especies amparadas por la Directiva de Hábitats, "que no se ha llevado a cabo por parte del Ministerio y sobre la que mantenemos una clara discrepancia".

"Todo ello sería suficiente, a nuestro juicio, no sólo para que continúen suspendidos los tres proyectos sobre los que no se ha concedido Autorización Ambiental Unificada, sino también para que se procediera a la inmediata suspensión del proyecto del que venimos hablando, el de Marismas Occidental", prosigue el Defensor, que, con todo, se remite a una razón "mucho más importante".

Ello, en referencia al hecho de que con reconocimientos como el de Patrimonio de la Humanidad, reserva de la Biosfera desde 1980, humedal de importancia internacional, zona Ramsar desde 1982 o Espacio Protegido Red Natura 2000, "en caso de haberse conocido de antemano los serios riesgos sísmicos y de contaminación del acuífero que se pueden derivar de la ejecución del proyecto de gaseoducto, y de haberse producido el desastre provocado por el depósito de El Castor unos años antes, el proyecto no hubiera obtenido el visto bueno para su ejecución".

"Debemos tener muy presente que el hecho de que unas partes del proyecto se hayan trazado para su ejecución en el entorno del Espacio Natural de Doñana no supone una garantía de que no se vayan a producir afecciones al Parque Natural o al Parque Nacional de Doñana, cuya conservación y protección es inseparable de su entorno", según la Defensoría, que recuerda que una DIA "ni impide que se produzca impacto ambiental derivado de su mera ejecución ni es una garantía absoluta de que no van a tener lugar los riesgos analizados en la evaluaciones, pese a que se hayan adoptado medidas para intentar evitarlos o amortiguarlos".