El Defensor del Pueblo Andaluz destaca que más de 22.000 personas solicitaron su actuación en 2018

Jesús Maeztu comparece en comisión parlamentaria para exponer el resumen del Informe Anual de la institución el pasado año

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz en funciones, Jesús Maeztu, ha destacado este martes en comisión parlamentaria que más de 22.000 personas solicitaron una actuación de la institución durante 2018, toda vez que ha considera que, "pese a los mensajes de recuperación, de que la crisis se ha quedado atrás, todavía hay colectivos que padecen los efectos de la crisis económica, con secuelas que serán difíciles de subsanar".

En su comparecencia ante la Comisión Consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo andaluz y Peticiones para exponer el resumen del Informe Anual 2018, ha saludado por primera vez a los componentes de esta Comisión parlamentaria, cuya composición obedece a los resultados de las últimas elecciones autonómicas. Jesús Maeztu ha ofrecido su colaboración y ha deseado una relación "cordial y fructífera".

Como datos del Informe Anual, el Defensor ha recogido que fueron un total de 24.761 actuaciones, repartidas en 10.915 quejas, de las que, la mayor parte, 7.570 fueron nuevas (7.436 a instancia de parte y 134 de oficio) y el resto tramitadas de años anteriores; 13.117 consultas y 729 actividades de promoción de derechos. Según ha comentado el Defensor, estos registros "son los más elevados" en la historia de la institución, tanto en quejas nuevas y en el total de tramitadas como en consultas. Con respecto al año anterior al del informe, el número de quejas se incrementó un 11,2% y el de consultas un 26,3%. Con respecto al inicio del mandato, el número de quejas presentadas se elevó casi un 10% y el de consultas un 56,8%.

Como reflexión, el Defensor ha considerado que, "pese a los mensajes de recuperación todavía hay colectivos que padecen los efectos de la crisis económica, con secuelas que serán difíciles de subsanar". No obstante, ha destacado "un aspecto positivo, la reacción que ha producido en la sociedad, con movilizaciones dirigidas a la recuperación de los derechos". "Pensamos que la crisis nos ha proporcionado una valiosa lección: vamos siendo más conscientes de las amenazas de pérdida o retroceso de derechos y de lo costoso que sería su recuperación".

En cuanto a las materias, el Defensor ha indicado que en educación bajaron los conflictos por el proceso de escolarización, pero siguen siendo habituales las reclamaciones relacionadas con la educación especial, mientras que en salud de nuevo el protagonismo recayó en la reclamación vinculada a los tiempos de respuesta asistencial, que en sus distintas vertientes (primeras consultas de especialidades, otras consultas, procedimientos diagnósticos e intervenciones quirúrgicas de todo tipo).

Como novedad en este ejercicio, ha destacado que tuvieron gran acogida por su actividad y destacaron por su importancia las conclusiones del Informe Especial sobre derechos de las personas en el proceso de muerte presentado en 2017.

En dependencia, ha indicado que los "puntos de discordia se concentraron en las vulneraciones del plazo para resolver el procedimiento administrativo". En servicios sociales, el Defensor ha apuntado "a las críticas sobre deficiencias de personal, sobrecargados por el aumento de la población destinataria de su intervención, así como un incremento de funciones y demandas ciudadanas a las que dar respuesta, que no parece nacer acompañada de la suficiencia de medios".

Maeztu ha destacado las expectativas generadas tras la aprobación de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, aunque ha denunciado los "retrasos en el acceso a este reconocimiento, de ocho meses de media, en lugar de los dos meses preceptuados para que la resolución sea dictada y notificada".

En vivienda, ha criticado que un gran número de familias "no puedan acceder a una vivienda digna y adecuada, un fenómeno agravado por las aún elevadas tasas de desempleo, la precariedad laboral, la especulación inmobiliaria y el alza de los precios del alquiler, entre otras cuestiones". Mención aparte ha hecho con las ayudas al alquiler convocadas por la Junta, "un año más con fallos en su gestión".

En menores, ha subrayado la atención a la llegada de menores de edad migrantes no acompañados y ha anunciado que el DPA acogerá en Andalucía las Jornadas de Coordinación de los Defensores del Pueblo estatal y autonómicos, cuyo tema central será este año la atención y acogida de los Menas, y en justicia, ha apuntado a la situación de "colapso" en algunos juzgados, así como con las circunstancias coyunturales que "agravan" este servicio.

En prisiones, ha destacado las quejas de oficio sobre los problemas de la población reclusa sorda, las medidas para el fomento del ejercicio de voto para los reclusos o la información requerida acerca de los criterios para la presencia y acceso de menores en las visitas a los internos, y ha resaltado las actuaciones en materia de igualdad, con especial atención a la violencia de género, y la labor realizada en la protección de Doñana, sobre "el que lleva trabajando tres años".

Como balance interno, ha hecho hincapiés en las 21 visitas realizadas por la Oficina de Información y Atención Ciudadana, seis de ellas en 2018, visitando las comarcas andaluzas, y ha dicho que en 2018, la institución asentó el Servicio de Mediación profesional y especializado, que obtuvo el pasado año el respaldo jurídico en el Parlamento en un primer paso a nivel reglamentario.

El diputado de Vox Alejandro Hernández ha dicho que ve "innecesario y redundante" el DPA y que "en términos de absoluto respeto no pueden acoger favorablemente el informe". Así, le ha reprochado que su intervención en relación a la Mezquita-Catedral de Córdoba en el informe anual "fue forzada" y en ella el DPA "poco tenía que decir", a la par que ha apuntado que "acudieron llamados por determinadas fuerzas políticas". Además, reprocha que se hable del suicidio asistido "aludiendo a pros y contras, cuando el mero hecho de permitir hablar de esto supone un posicionamiento, ya que el hecho de que haya un pro supone defender esa posibilidad".

Desde el PSOE, Javier Carnero ha dicho que "no van a cuestionar la existencia" de la Defensoría, y ha destacado que el número de actuaciones muestra "el arduo trabajo que realiza". Señala que les preocupa la referencia a la crisis, porque "sigue habiendo muchos andaluces a lo que les es muy difícil salir adelante" y ha aplaudido el "crecimiento" de los colectivos que reclaman sus derechos, la mediación y el acercar la Defensoría al resto del territorio.

El popular Toni Martín ha apuntado que las actuación "dan muestra de la importancia del trabajo" del DPA y su "buen funcionamiento", toda vez que ha concretado que los datos de este informe corresponden a 2018 "coincidiendo con el último año del anterior gobierno" y ha resalado que "un nuevo modelo de gestión podrá tener un reflejo en futuras memorias del Defensor en que habrá menos quejas".

CS: ES UN BUEN BARÓMETRO DE LA SOCIEDAD ANDALUZA

La diputada de Cs Ana María Llopis ha destacado que el incremento de las actuaciones del Defensor "pone en valor su gestión" y ha subrayado que el informe "es un buen barómetro sobre la situación de la sociedad andaluza y su principales problemas, siendo necesario abordar sus soluciones desde las administraciones públicas". Sobre inmigración, ha resaltado que Justicia "viene trabajando para dar soluciones a los problemas que se han registrado en este informe".

María Isabel Mora de Adelante, quien también ha manifestado su apoyo a la función del Defensor porque "da una visión global de la vulneración de derechos en la comunidad", ha saludado el decálogo de los principios irrenunciables de la institución que "puede servir dentro de la labor parlamentaria". Además, echa en falta en el informe que se hable sobre la sanidad penitenciaria o los asentamientos de jornaleros en Huelva.