El Defensor del Pueblo andaluz reclama planificación y sistemas de acogida "equitativos" ante las crisis migratorias

SEVILLA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha transmitido su "preocupación" por la llegada "improvisada y masiva" de miles de personas a las costas españolas en las últimas semanas, especialmente y en calidad de Defensor del Menor de Andalucía, de cientos de jóvenes y menores de edad sin compañía de un adulto.

Andalucía conoce bien esta situación, señala en un comunicado en su web, en el que añade que "no somos ajenos a lo que está sucediendo en las últimas horas en la Ciudad Autónoma de Ceuta y en las últimas semanas en Canarias" y que se encuentra "en comunicación permanente" con las autoridades nacional y autonómicas y con sus homólogos en el conjunto de la Nación para "hacer frente a esta situación que desborda la planificación y los sistemas de acogida ante las migraciones de personas".

"Nos encontramos ante un problema humanitario que requiere de la intervención del Estado y de la Unión Europea, al igual que reclamamos esta cooperación y colaboración en las crisis que se han venido sucediendo en Andalucía en ciclos pasados con la llegada masiva de adultos y de menores extranjeros", subraya, al tiempo que apunta que "estamos hablando de la obligación de los estados de proteger los derechos de estos menores, recogidos en todos los ordenamientos jurídicos, por lo que es necesaria la articulación de un sistema de acogida ordenado y equitativo, con recursos suficientes y con un reparto solidario entre comunidades".

Asimismo, recuerda que esta reclamación se recoge en la Declaración de Tarifa firmada en 2019 por los nueve defensores del pueblo autonómicos y el Defensor estatal, que persigue que "se garanticen la acogida, la integración y cooperación de los adolescentes y jóvenes extranjeros no acompañados".

"Renovamos, hoy pues, esta declaración resultante de las 34 Jornadas de Cooperación de los Defensores del Pueblo de España con el fin de que se garanticen las actuaciones de las distintas administraciones, con responsabilidad en la atención a estos menores de edad y exigir que estos niños, niñas y adolescentes son menores y, por tanto, han de ser objeto de protección con independencia de la autonomía que hayan alcanzado", concluye.