El Defensor del Pueblo Andaluz respalda la reforma de la Ley de Extranjería y llama a aparcar la "polarización"

SEVILLA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha mostrado su respaldo este sábado a la reforma de la Ley de Extranjería, declinada el pasado martes en el Congreso y que pretende el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados desde las zonas más saturadas de España a otras comunidades autónomas, y ha realizado un llamamiento a "olvidar la polarización".

En una entrevista en el programa 'Espacio de Encuentro' de la Cadena Ser, Maeztu ha remarcado que es obligatorio la protección destinada a los menores sin vínculos familiares, para lo que se ha apoyado en la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución Española, la Ley de Protección Jurídica del Menor o la Ley Orgánica de Extranjería, y ha incidido así en que "jurídicamente, todos los textos hacen que esta proposición de ley tiene que salir".

"Otra cosa es cómo se negocia, y sobre todo si se asocia a este tema la delincuencia y los adultos", antes de hacer referencia en este sentido a una conversación mantenida con una representante de Vox en fechas recientes en el Parlamento andaluz, en la que conminó a esta persona a "si encuentra un adulto en un centro de protección de Andalucía, voy con usted a verlo".

Para Maeztu, el "ruido y la polarización se han comido a la realidad", la cual ha definido como "pacífica". Al hilo de ello, ha incidido en que Tarifa (Cádiz) vivió una fuerte presión migratoria en 2018 --más de 8.000 personas, según el defensor-- mientras que luego la situación empezó a "normalizarse". Así, reivindicado Andalucía como una región "muy solidaria", a pesar de que la polémica actual "ha empañado todo de falsos argumentos".

De este lado, ha aludido a la declaración de Tarifa, que fue suscrita en octubre de 2019, por parte de los defensores del pueblo en España --entre los que se encontraba el propio Maeztu--, "en defensa y protección de los niños que llegan a España sin la compañía de personas adultas que los protejan". En su artículo ocho, ha recordado, este documento demanda a los poderes públicos "un Plan Estratégico Nacional de Atención a Menores No Acompañados que asegure la protección de estos niños, adolescentes y jóvenes y que valore la necesidad de atenderlos de una manera coordinada, ordenada, solidaria y responsable entre todos los territorios".