El Defensor del Pueblo alerta del "aumento" de la desigualdad como legado de la crisis

SEVILLA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El Defensor del Pueblo Andaluz ha recibido en 2016 un 15 por ciento más de quejas y consultas que en 2015, según los datos extraídos del Informe Anual de la institución que Jesús Maeztu ha entregado este martes al presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, y en el que advierte del "aumento" de la desigualdad social como uno de los legados de la crisis económica.

   Así, y en rueda de prensa, Maeztu ha indicado que la crisis económica ha vuelto a protagonizar "gran parte" de las actuaciones de la institución, toda vez que ha lamentado que "la desigualdad económica haya pasado a ser una desigualdad social" y que "la brecha se haya agudizado tanto que es insoportable la situación de desigualdad que se está dando. "Estamos ante la era con más desigualdad de la historia, una plaga que carcome países y destruye sociedades", ha enfatizado el Defensor, que ha añadido que "el tsunami de la crisis puede que haya pasado pero ahora toca recompensar los daños y prepararnos ante una posible réplica".

   Asimismo, y tras señalar que 22.492 personas requirieron su  intervención, Maeztu ha indicado que la Defensoría gestionó durante el pasado año 10.128 quejas, de las que 7.103 fueron nuevas --6.900 a instancia de parte y 203 de oficio--, un 15,1 por ciento más que en 2015, y atendió 10.811 consultas (también un 15,7% más), lo que sumado a las 507 acciones de promoción de derechos (jornadas, guías, informes especiales, etcétera) ofrece un balance global de 21.446 actuaciones por parte del Defensor del Pueblo Andaluz en 2016.

   Además, según el Defensor, que también ha destacado en su intervención el refuerzo de la Oficina de Información, que ha visitado las comarcas andaluzas, y el inicio de un Servicio de mediación profesional y especializada, dichas quejas están relacionadas un año más con el personal del sector público (1.272 quejas), la vivienda (1.061), la educación (968) o los menores (878).

   Igualmente, ha resaltado la preocupación especial que este año ha provocado la crisis de los refugiados; los retrasos en el pago del salario social o la preocupación ciudadana sobre el acoso escolar, que motivaron sendos informes especiales; los impagos de las ayudas al alquiler de vivienda; o el derecho a un domicilio libre de ruidos, tema central de las jornadas de coordinación de los Defensores del Pueblo celebrada en septiembre en Pamplona.

   De este modo, ha apuntado que las materias que afectan al Estado de Bienestar han copado el 59 por ciento de las actuaciones, seguidas de las relacionadas con la sostenibilidad de las ciudades y el territorio, y las reclamaciones en materia de justicia. La Administración ha aceptado la actuación de la Defensoría en el 94 por ciento de los casos cerrados en los que había detectado que existía una irregularidad y solo en el seis por ciento no se han atendido sus resoluciones, dando cuenta de ello al Parlamento.

   Por materias, en sanidad, el informe del Defensor se refiere a la "intensa" movilización social de 2016 por las denominadas fusiones hospitalarias, y "la sensación de pérdida de calidad de la atención sanitaria", aunque la institución reitera "su apoyo decidido" al sistema público de salud" y precisa que su intervención ha sido mayormente requerida en el ámbito de la atención especializada. Igualmente, dice que sobre los tiempos de respuesta asistencial "ha podido constatar el incumplimiento de los tiempos máximos", suponiendo estas quejas el 25 por ciento del total en esta materia y prácticamente el grueso de sus resoluciones, y que también se reclama por los plazos intermedios y por la nuevas infraestructuras sanitarias debido "a la paralización de las inversiones".

EL AMIANTO PROVOCA EL "MAYOR" NÚMERO DE QUEJAS EN EDUCACIÓN

   En educación, señala que la institución continúa la tendencia a una reducción de quejas por los procesos de escolarización y un repunte de protagonismo de la equidad en la educación, con un "incremento" de reclamaciones sobre el servicio complementario de comedor escolar, de padres "lamentándose de que los centros no dispongan de todos los recursos para atender debidamente a sus hijos afectados por algún tipo de discapacidad" o sobre el acceso a las becas. También indica Maeztu que el "mayor" número de quejas en 2016 lo ha provocado el "elevado" número de centros en los que muchas de sus infraestructuras e instalaciones contienen amianto.

   Por su parte, y en relación a los servicios sociales, el Defensor saluda la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía, aunque defiende haber incluido la prestación de una renta básica y denuncia que "persisten los retrasos" en el pago del Programa de Solidaridad (el conocido como salario social). Además, lamenta que los problemas en torno a las ayudas por dependencia "siguen apareciendo irremediablemente año tras año en el informe anual" y considera que continúa siendo "especialmente problemática" la situación especial de las personas dependientes afectadas por una discapacidad.

   En el tema de la vivienda, Maeztu insiste en que "no existen" viviendas protegidas públicas "suficientes" destinadas al sector de población con una economía precaria, y alude a los problemas que ha ocasionado la tramitación de algunas convocatorias como las ayudas al alquiler. Ante esta situación, ha exigido a las administraciones implicadas "la necesidad de buscar nuevas fórmulas de resolución de este conflicto social, que no pueden tener otro propósito que ampliar el parque público de vivienda".

   Por su parte, en el ámbito del empleo, la Defensoría ha incidido un año más en la "mala orientación" de las políticas activas de empleo, toda vez que "siguen persistiendo" otros problemas en el acceso al empleo público en los casos a las sustituciones a los maestros de apoyo en los centros de Educación Infantil y Primaria. Al respecto, Maeztu aboga por "evaluar las políticas públicas de empleo o se repetirán los mismos errores" y ve "bastante grave que no se haya empleado el dinero de la formación por el deterioro de la gestión procedimental de los cursos de formación".

   Sobre menores, Maeztu ha instado a no olvidar a los niños afectado por la pobreza, especialmente en los últimos tiempos debido a la crisis económica, al tiempo que asegura que asisten a una infancia "todavía demasiado invisible" como son los menores víctimas de trata de seres humanos, los menores extranjeros no acompañados y los menores refugiados.

   Así, en el ámbito de extranjería, ha puesto en valor la labor juntos a otros defensores del pueblo para pedir "un trato justo" a los refugiados y ha destacado la mención especial de este informe anual a la Asociación de la Prensa de Sevilla, por su contribución a la defensa y difusión de los derechos de los refugiados, mediante la campaña #AcojamosAlosRefugiadosYA y por su colaboración con el Defensor del Menor en la campaña #LosNiños Contamos, puesta en marcha por el Foro Profesional de la Infancia.

   En materia de justicia, el Defensor apunta en esta informe que sigue existiendo en 2016 una situación de "colapso" en numerosos órganos judiciales, mientras que en materia de prisiones sigue reivindicando el modelo organizativo que "necesita la atención a los presos y que sigue siendo dual". Por su parte, en medio ambiente denuncia la "pasividad" de las administraciones antes las denuncias por ruidos, y destaca que las quejas recibidas sobre tributos cedidos por el Estado a la comunidad han sido principalmente el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

   Por último, y cuestionado sobre si la Junta aborda de manera adecuada todos estos problemas planteados en el informe anual, Maeztu cree que "hay intentos de mejorar", pero insiste en que "hay que atajar la desigualdad".