GRANADA, 8 May. (EUROPA PRESS) -
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha detenido este martes a un total de 23 personas en una operación policial vinculada a una nueva investigación que está llevando a cabo el Juzgado de Instrucción 4 de Granada sobre supuestas irregularidades en el sistema de contratación de la Alhambra.
De los 23 detenidos, once son trabajadores del monumento y entre ellos se encuentran la exdirectora de la Alhambra María del Mar Villafranca, la exsecretaria general del monumento Victoria Chamorro y el que fuera jefe de la Sección Económica y de Contabilidad del Patronato de la Alhambra, José María Visedo, según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.
Los tres están también investigados en el caso que lleva este juzgado sobre supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de audioguías de la Alhambra, aunque las detenciones de este martes --que forman parte de la labor policial en el caso-- corresponden a las nuevas diligencias previas que se han abierto para investigar el sistema de contratación que ha existido en la Alhambra años atrás, según han precisado a Europa Press fuentes judiciales.
La operación se ha desplegado a primera hora de la mañana y se ha dado por culminada pasadas las 11,30 horas, según han detallado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, que precisan que se han detenido a un total de 23 personas, incluyendo a empresarios y trabajadores del monumento, algunos de ellos han sido arrestados en sus propios domicilios.
Los arrestados se encuentran en dependencias policiales y se les está tomando declaración, estando previsto que queden luego en libertad a la espera de ser llamados por el Juzgado que está llevando el caso, según han detallado a Europa Press fuentes del Cuerpo Nacional de Policía.
La declaración ante el juzgado se prevé que no sea inmediata, en tanto que el juez debe analizar toda la documentación que le ha sido requerida al Patronato de la Alhambra y el Generalife y trasladarla luego a las partes para que la analicen antes de que se produzcan las declaraciones.
El Juzgado de Instrucción 4 de Granada ya investiga a un total de ocho personas por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales a raíz de una querella de la Fiscalía en 2015 por supuestas irregularidades en la adjudicación del servicio de audioguías en la Alhambra, considerado el monumento más visitado de España.
Entre los investigados se encuentran también la que fuera directora del monumento María del Mar Villafranca, que dimitió a raíz de este asunto. La primera fase de declaraciones por este caso, que está en fase de instrucción, se produjo entre abril y junio del año pasado.
Aunque en junio de 2016, el Juzgado amplió el objeto de la investigación, sumando diez nuevos investigados y el objeto de la investigación a siete nuevas empresas que mantuvieron relaciones contractuales o comerciales con el Patronato de la Alhambra y el Generalife, decidió más tarde separar este llamado caso de las audioguías de otras posibles irregularidades en otras contrataciones, que se están investigando aparte de este caso. Ahora ha abierto nuevas diligencias en relación al sistema de contratación que ha existido en el monumento nazarí.
AUDITORÍA
La auditoría que la Intervención General de la Junta de Andalucía realizó a petición de la Consejería de Cultura en agosto de 2015 en el Patronato de la Alhambra y el Generalife detectó "importantes debilidades" en los procedimientos de gestión y control del monumento que, según se exponía, "han permitido la existencia de graves irregularidades en los expedientes tramitados".
Según se desprendía del informe definitivo de esta auditoría, al que ha tenido acceso Europa Press, estas irregularidades habrían significado que "determinadas personas y empresas" accedieron a "múltiples contratos públicos mediante el incumplimiento reiterado de los principios básicos de la contratación administrativa de publicidad, transparencia y concurrencia". A ello se sumaba la posibilidad de "un importante menoscabo de ingresos públicos en beneficio de determinadas empresas adjudicatarias".
Así consta en el extenso informe de 200 folios que ha realizado la Intervención General de la Junta y que fue remitido en su día al Juzgado de Instrucción 4 de Granada.
Esta auditoría interna en el ámbito del Patronato de la Alhambra fue solicitada por la Consejería de Cultura en agosto de 2015 y su alcance temporal está comprendido entre los años 2011 y 2014, aunque también se revisaron hechos acaecidos en ejercicios anteriores y posteriores cuando se han considerado relevantes o que podían "no ser conformes a derecho".