SEVILLA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Guardia Civil ha dado por desarticulada una presunta trama de tráfico de armas en el marco de una operación --denominada 'Balin'-- iniciada en Sevilla, desarrollada en dos fases y que se ha saldado a nivel nacional con 25 personas detenidas y otras 17 investigadas por los supuestos delitos de tráfico de armas, tenencia ilícita y el depósito de armas, depósito de municiones, depósito de explosivos y tráfico de drogas, así como con la intervención de 126 armas de fuego y más de 6.000 cartuchos metálicos, entre otros efectos.
Según ha informado este domingo la Benemérita en una nota de prensa, ha sido el Grupo de Información de la Comandancia de Sevilla, de forma coordinada con la Jefatura de Información (UCE3) y con el apoyo de la SIZ de Andalucía y de los GIC de las Comandancias de Jaén, Ciudad Real, Gijón, Murcia, Badajoz, Almería, Madrid, Barcelona, Granada, Zamora, A Coruña, Bizkaia, Gipúzcua, Álava, Huelva, Cádiz, Córdoba, Valencia, La Rioja, Guadalajara y Zaragoza, la que ha llevado a cabo en dichas provincias españolas esta operación.
Esta operación se inició en Sevilla el mes de noviembre de 2016 tras detectar el Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla varios anuncios en portales de Internet en los que, bajo diferentes subterfugios, se ofertaba la venta de armas detonadoras transformadas para efectuar fuego real, así como munición con proyectil para las mismas.
Fruto de las investigaciones practicadas se pudo descubrir que el autor de dichos anuncios era un vecino de Sevilla de 53 años de edad, quien se dedicaba a adquirir masivamente en diferentes establecimientos del territorio nacional armas detonadoras que posteriormente, sus compradores, siguiendo sus instrucciones vía teléfono o través de una red social, manipulaban para que pudieran efectuar fuego real y disparar munición con proyectil, munición que de igual modo facilitaba los elementos y las instrucciones necesarias para su fabricación artesanal, según detalla el Instituto Armado.
Una vez identificado y localizada la ubicación donde ocultaba las armas, el pasado 7 de junio se procedió a la explotación de la primera fase de esta operación, con la detención de este individuo, así como a la detención o imputación de otros 15 presuntos compradores de armas ilegales que se habían identificado hasta el momento, realizando 20 entradas y registros en sus domicilios en cuyo transcurso se intervinieron, entre otros efectos, 23 armas de fuego y 1.460 cartuchos metálicos de diferentes calibres.
En uno de los registros en la provincia de Granada también fue desmantelada una plantación 'indoor' de marihuana que ocupaba la práctica totalidad de las habitaciones de la vivienda y en la que fueron intervenidas 263 plantas de esta sustancia estupefaciente, y la cual estaba dotada con todos los elementos necesarios para el cultivo intensivo de esta droga, tales como extractores, ventiladores o lámparas, entre otros.
Fruto del análisis de la documentación intervenida durante esa primera fase se logró identificar a 27 de estos compradores de armas ilegales y municiones, los cuales fueron detenidos o imputados el pasado día 8 de noviembre durante la segunda fase de la operación, en la que, de forma simultánea se realizaron un total de 30 entradas y registros en cuyo transcurso se han intervenido, entre otros efectos, un total de 67 armas de fuego, 4.570 cartuchos metálicos de diferentes calibres, tres detonadores eléctricos de explosivos, 250 gramos de pólvora y dos silenciadores que estos poseían ilegalmente.
Entre las armas de fuego incautadas destacan por su peligrosidad varias de fabricación artesanal intervenidas en Asturias, tales como bujías-pistola del calibre 22 y machetes-pistola del mismo calibre; así como la incautación en la provincia de Jaén de varios detonadores eléctricos para explosivos.
Las armas detonadoras transformadas para efectuar fuego real tienen la misma letalidad y características que un arma de fuego original, por lo que están consideradas armas de fuego prohibidas, al ser el resultado de la modificación de sus características esenciales de fabricación, estando penada tanto su tenencia como su comercio.
Esta operación se enmarca dentro del Plan Integral para el Control de las Armas de Fuego (Picaf) de la Guardia Civil, que es el cuerpo que a nivel nacional tiene encomendada en exclusiva la competencia sobre el control de las armas y explosivos; motivo por el cual el Servicio de Información de la Guardia Civil viene realizando "un constante esfuerzo para detectar y neutralizar los nuevos procedimientos y canales de distribución ilegal de armas de fuego que van apareciendo", según pone de relieve la Benemérita.
Desde la Guardia Civil destacan que, con la presente actuación, se ha impedido que el elevado número de armas incautadas llegaran al mercado negro, "con las consecuencias imprevisibles y graves que ello puede traer consigo para la seguridad ciudadana si tal cantidad de armas hubieran llegado a manos de delincuentes".
EFECTOS INTERVENIDOS
En total, se han incautado en el marco de esta operación 27 armas de fuego reales --23 cortas y cuatro largas--, 28 armas detonadoras transformadas para efectuar fuego real, 32 armas detonadoras, cuatro armas de fuego de fabricación artesanal, 6.030 cartuchos metálicos de diferentes calibres, dos silenciadores, tres detonadores eléctricos de explosivos, 250 gramos de pólvora, 250 pistones o cebadores para la recarga de munición, cinco ballestas, 41 armas prohibidas no de fuego, 3.912 rodamientos de acero utilizados como proyectiles para la fabricación ilegal de munición metálica, y una plantación 'indoor' de marihuana con 263 plantas de esta sustancia estupefaciente, dotada de todos los elementos necesarios para su cultivo intensivo tales como extractores, lámparas y ventiladores.
También se han intervenido 3.000 cajetillas de tabaco de contrabando, 6.000 euros en metálico, tres placas-insignia de la Guardia Civil, herramientas, tornos y taladros, entre otros efectos, para la transformación de armas y la fabricación artesanal de munición, además de documentación y equipos informáticos para estudio.
Las investigaciones han sido dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla.