SAYALONGA (MÁLAGA), 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Sayalonga (Málaga), José Luis Navas Camacho (PSOE), aseguró este jueves que renuncia a la Alcaldía, cuya Corporación está formada por nueve concejales --siete socialistas, uno del PP y uno del PA--, tras ser condenado por un delito urbanístico, y declaró que prefiere defenderse "sin perjuicio para la imagen del municipio". Así, agradeció la confianza del pueblo y afirmó que el proyecto socialista para la localidad "es sólido".
Navas anunció su intención de presentar recurso contra la sentencia del Juzgado de lo Penal de Málaga, que lo condenó a un año de prisión y nueve de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público, incluido el de alcalde, por un delito contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación urbanística, al entender que concedió una licencia "ilegal" y, luego, archivó "sin justificación alguna" el expediente de restablecimiento de legalidad.
El alcalde, que ya ha informado a su grupo político y a su partido, tanto a nivel local como provincial, la decisión adoptada, manifestó a través de un comunicado que ha desempeñado su cargo "con honestidad y honradez", siendo "un orgullo servir públicamente al pueblo de Sayalonga, siempre defendiendo los intereses generales con entrega y trabajo".
Asimismo, quiso agradecer la confianza depositada en él por la ciudadanía y el PSOE durante estos años de gestión en los que ha liderado el proyecto político socialista para Sayalonga, que, según apuntó, "goza de buena salud, es sólido y queda ahora en buenas manos". La renuncia se hará efectiva en virtud de los trámites y los calendarios fijados por la ley.
En la sentencia, contra la que se puede presentar recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, se considera probado que se concedió por decreto la licencia para una vivienda unifamiliar con un informe desfavorable del técnico municipal al ser terreno no urbanizable. Además, en 2006, se abrió expediente de restablecimiento de la legalidad, que fue archivado por el alcalde en 2007, con la disconformidad del secretario municipal.
Según señala el juzgador en su resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, el alcalde "prescinde del criterio del técnico municipal en el expediente de concesión de licencia y del asesoramiento del secretario del Ayuntamiento en el de restablecimiento de la legalidad", por lo que considera que ambos decretos se emiten contraviniendo de forma "palmaria" las normas urbanísticas vigentes.
