Foto de archivo de una reunión de la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía.
Foto de archivo de una reunión de la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía. - ALFREDO DE ANCA/PARLAMENTO
Actualizado: martes, 31 mayo 2022 7:33

SEVILLA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz se reúne este martes, 31 de mayo, para debatir la convalidación o derogación del Decreto-ley 5/2022, de 17 de mayo, aprobado por el Consejo de Gobierno para regular la estancia y la acogida de las personas menores de edad desplazadas en Andalucía con motivo del conflicto bélico en Ucrania.

Se trata del único punto del orden del día de dicha sesión de la Diputación Permanente, el órgano que vela por los poderes de la Cámara cuando el Parlamento no está reunido por vacaciones o, como ocurre ahora, por haber expirado el mandato parlamentario y hasta que se constituya el nuevo Parlamento.

Según se recoge en la agenda parlamentaria de esta semana, consultada por Europa Press, dicha reunión de la Diputación Permanente está prevista para las 14,00 horas y se celebrará en la sala de la Junta de Portavoces del Parlamento, apenas dos días antes de que arranque formalmente la campaña electoral para los comicios autonómicos del 19 de junio, que comienza en la medianoche del viernes, 3 de junio.

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 17 de mayo dicho decreto ley presentado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para regular la estancia y la acogida de las personas menores de edad desplazadas en Andalucía con motivo del conflicto bélico en Ucrania, que tendrá vigencia "mientras persista la situación de desplazamiento como consecuencia de la crisis humanitaria que está sufriendo este país por la invasión rusa", según informó la Junta.

De acuerdo a lo que se detalló en la referencia del Consejo de Gobierno del pasado 17 de mayo, este decreto "canaliza de manera efectiva y segura la solidaridad mostrada por muchas familias andaluzas para acoger a niños y adolescentes ucranianos", y recoge que, en este caso, "el ejercicio de la guarda provisional tiene una duración de un año y se podrá prorrogar automáticamente por periodos de seis meses durante un plazo máximo de otro año, así como según derive el conflicto bélico".

Por ello, la Junta entiende que "se hace preciso regular el ejercicio de esta guarda provisional a través de esta norma excepcional", con la colaboración de la Consejería de Salud y Familias "para asegurar la asistencia sanitaria de estos niños y adolescentes", así como de la Consejería de Educación y Deporte, que viene dando respuesta desde el principio del conflicto a la necesidad de escolarización; la Unidad de Policía Adscrita a la Junta de Andalucía, que está colaborando en todas las actuaciones que desarrolla la Administración andaluza, y la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, que ha creado y puesto en funcionamiento la Comisión de Coordinación de la iniciativa Andalucía con Ucrania y el Comité Coordinador".

El decreto ley que se somete a debate este martes en la Diputación Permanente consta de 17 artículos, dos disposiciones adicionales y dos finales, establece un procedimiento de regulación específico para la atención a las personas menores de edad que se desplazan a Andalucía como consecuencia de la crisis humanitaria en Ucrania, "necesario e imprescindible para atender su interés y que contribuye a garantizar la defensa de sus derechos".

Por otro lado, el decreto ley "establece que todas las personas menores de edad de nacionalidad ucraniana o que tienen su residencia habitual en Ucrania y se han desplazado a Andalucía con motivo de la guerra que no estén acompañadas de sus progenitores o personas que ejerzan la tutela deben ser registradas".

También establece que "la persona o familia que tenga interés en ejercer la guarda provisional de manera solidaria deberá cumplimentar y presentar su ofrecimiento ante la entidad pública competente en materia de protección de menores de su provincia o ante una entidad colaboradora en programas de carácter humanitario", que "deberá ser evaluada a fin de conocer si tiene la capacidad adecuada para la atención de las necesidades de estos niños y adolescentes".

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