Los empleados de Intervención de la Junta muestra su solidaridad con los funcionarios investigados en procesos penales

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empleados Públicos de Intervención de la Junta de Andalucía ha mostrado su "plena solidaridad" con todos los funcionarios de la Intervención General de la Junta de Andalucía que actualmente están siendo investigados en diversos procedimientos judiciales de carácter penal.

En una nota, la Junta Directiva de la Asociación de Empleados Públicos de Intervención de la Junta de Andalucía ha decidido en una nota expresar y dar a conocer a la opinión pública su "plena y absoluta" solidaridad con los interventores de la Junta de Andalucía que, en la actualidad, se encuentran implicados en varios procedimientos judiciales que se sustancian en juzgados y tribunales de Andalucía, con motivo del ejercicio de sus funciones públicas.

Han apuntado que en los últimos años, "y sin que podamos encontrar más que un sólo antecedente en toda la historia de la Junta de Andalucía --que finalmente acabó con el sobreseimiento para los interventores afectados--, se ha producido la imputación sucesiva de seis interventores en otros tantos procedimientos judiciales y por diferentes
hechos".

Este colectivo considera que una de las razones de las inculpaciones que están "padeciendo" los interventores de la Junta está relacionada con la "anómala utilización del proceso penal por parte de determinadas empresas y particulares, que pretenden obtener en los tribunales lo que no consiguen en buena lid en las licitaciones públicas a las que se
presentan".

Ha añadido que, en otros casos, "se plantean en los órganos judiciales del orden penal cuestiones que son competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa".

A juicio de este colectivo, "la admisión de estas acusaciones y su sostenimiento en el tiempo requieren del concurso de los jueces y fiscales correspondientes, resultando sorprendente la credibilidad que se le otorga, en determinados casos, a denuncias infundadas, cuando no, movidas por oscuras motivaciones".

Han asegurado que "las inicuas imputaciones penales que estamos contemplando producen inmediatos y devastadores efectos sobre la salud, el entorno familiar y social, la carrera profesional e incluso la hacienda de quienes tienen la desgracia de caer en semejante abismo".

Así, han apuntado que estas imputaciones judiciales "están provocando entre todos los funcionarios de la Intervención de la Junta de Andalucía una sensación de alto riesgo e impotencia en el efectivo desempeño de los cometidos que desarrollamos".

Por ello, ha dejado claro que "los funcionarios encargados del control interno de la gestión presupuestaria en la Junta de Andalucía
ejercemos las funciones que tenemos encomendadas con absoluta profesionalidad e independencia, dentro de unas facultades regladas muy concretas que nos proporciona la Ley, y no se nos pueden atribuir, porque no se ajustaría a Derecho, facultades omnímodas o extraordinarias para poder evitar prácticas delictivas en relación con la gestión de los fondos públicos".

NO COMPARTEN LA "CELERIDAD" DE PROCESOS

Asimismo, tampoco comparten la "celeridad" con la que, en ocasiones, se produce el inicio de un procedimiento penal, "sin contrastar previamente si los motivos denunciados son propios de un proceso penal o corresponden a la jurisdicción contenciosoadministrativa,
como ya se ha confirmado por recientes resoluciones judiciales".

Todo ello, según han afirmado, "dentro del respeto a las decisiones adoptadas por los juzgados y tribunales, con quienes los interventores colaboramos habitualmente en peritaciones, informes y otras actuaciones de auxilio judicial que nos solicitan".

Por tanto, esta asociación ha reiterado su "decidido apoyo y solidaridad a todos los profesionales de la Intervención de la Junta de Andalucía, en particular, a los que están siendo investigados en los procedimientos judiciales penales abiertos" y ha manifiestado asimismo su "desacuerdo" con las decisiones judiciales que se están adoptando.