SEVILLA 31 May. (EUROPA PRESS) -
La Confederación de Empresas de Formación en Andalucía (Cecap-A) consideran que "no hay justificación para perder 900 millones de euros en políticas activas de empleo", por lo que pide "agilidad" en la puesta en marcha de los cursos de formación, para lo cual va a pedir una cita urgente con el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, el Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, e incluso la propia comisión de Formación del PSOE en el Parlamento de Andalucía para que "conozcan de primera mano la situación en que se encuentra la formación para el empleo en Andalucía".
Tras la comparecencia del portavoz del Gobierno andaluza hace varios días, fuentes de la Cecap han indicado a Europa Press que la Junta de Andalucía "no tiene ninguna justificación para la perdida de 900 millones de euros en políticas activas de empleo", de forma que considera que "los han perdido porque políticamente tomaron la decisión sin ningún tipo de informe o actuación que apoyara dicha medida".
"Fue la Junta la que decidió paralizarlo todo en el año 2011 porque se asustaron con la frase famosa del fraude de los 3.000 millones que tanto utiliza y sigue haciéndolo el PP, cuando la realidad como venimos diciendo desde el principio es que todo era un 'bluf' con tinte electoralista", ha aseverado Cecap, que recuerda que "después de dos años casi todo está archivado en los juzgado y lo que no está, pronto lo estará; basta remitirse a la diversidad de resoluciones de archivo en los juzgados andaluces o el informe de la Fiscalía Anticorrupción".
A juicio de Cecap, "ya está bien de criminalizar al sector, pues bastante daño nos han hecho ya para que sigan diciendo unos que lo paralizaron por irregularidades en las justificaciones y otros recurriendo y recurriendo resoluciones de archivo con finalidades puramente políticas, dejando en el camino muchas empresas cerradas y familias sin trabajo".
Consideran que "lo que deberían hacer unos y otros es preocuparse por los mayores perjudicados, que son los desempleados que no pueden cualificarse en Andalucía desde el año 2011".
Han dejado claro que "esto no implica que no apoyemos la solicitud de la Junta de Andalucía de un plan especial de empleo para esta comunidad, que falta le hace; por supuesto que debe haberlo y es injusto que lo denieguen".
No obstante, también apoya la recomendación del secretario de Estado de Empleo para que la Junta "sea más ágil y mejore la gestión en las políticas activas de empleo".
VUELTA DE LOS CURSOS
Por otro lado, lamenta que "llevan más de un año diciendo que vuelven los cursos y todavía no ha empezado ni uno sólo, y mucho nos tememos que con suerte alguno empiece en octubre".
Han explicado que la Junta achaca "falta de personal" tanto en las delegaciones territoriales como en la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo para defenderse de que "a estas alturas y después de cinco años, todavía no hayan revisado las justificaciones que presentamos las empresas de formación en los años 2009, 2010 y 2011, lo que hace a todas esas entidades que no puedan cobrar ningún adelanto porque según ellos no tienen justificadas las anteriores subvenciones".
"Parece asombroso, pero el hecho de presentarla en su plazo hace más de cinco años y el hecho de que todavía no la hayan revisado quieren achacarlo a la falta de personal", hab añadido las fuentes, quienes precisan que, a modo de ejemplo, "en Málaga hay 59 entidades beneficiarias para nuevos cursos y solo han cobrado el adelanto 23, o incluso Cádiz donde la gran mayoría de entidades no van a cobrar adelantos porque no tienen validadas todavía las justificaciones que presentaron en el año 2010 y 2011".
"Es absurdo, pero resulta que las empresas de formación no cobran nuevas subvenciones porque la Junta de Andalucía les debe dinero de justificaciones presentadas que no las han mirado todavía cinco años después", se lamentan.
Han explicado que la Junta "también achaca la falta de personal para que a estas alturas no funcione el aplicativo de gestión de los cursos Gefoc, sin el cual no se puede dar un paso, ni seleccionar ningún alumno".
Lamentan que tampoco tienen guía de justificación económica "que nos dé seguridad jurídica ante los criterios que la Junta de Andalucía ha adoptado en algunas ocasiones totalmente equivocados y partidistas, y por los que hay pendientes cientos de procedimientos judiciales en toda Andalucía".
Han explicado que después de casi diez meses desde que se publicó la convocatoria el año pasado, "han cobrado los adelantos para poder empezar cursos un 15 por ciento de entidades, pero tampoco pueden comenzar por el problema aludido del aplicativo, e incluso hay delegaciones provinciales como la de Granada, que ni siquiera a estas alturas han tramitado los pagos de ese adelanto a entidades que podrían cobrarlo".
Por ello, esperan que no les digan que no han empezado los cursos porque "no han querido" ya que, según lamentan, "llevamos más de un año pidiendo que se agilicen los procesos y a estas alturas seguimos exactamente igual".