Se enfrenta en Jaén a nueve años de cárcel y 214 millones en multas por contrabando de tabaco de liar

JAÉN 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un empresario de Madrid, J.S.M., de 34 años, se ha sentado este lunes en el banquillo de la Audiencia de Jaén para responder de un presunto delito de contrabando y de dos delitos contra la Hacienda Pública por los que el Ministerio Fiscal le reclama nueve años de prisión y multas por valor de 2,4 millones de euros.

Se trata del juicio que se corresponde con la operación de la Guardia Civil desarrollada en noviembre de 2015, bautizada como 'Picado I' y que se saldó con la aprehensión de 41,5 toneladas de picadura de tabaco en la que fue considerada la mayor de este tipo realizada hasta el momento en España.

De las once personas --nueve en Jaén y dos en Madrid-- detenidas inicialmente en el marco de la operación sólo una ha llegado a sentarse en el banquillo de los acusados. Se trata de J.S.M., el administrador único de la empresa Altersana SL que supuestamente, según sostiene el Ministerio Fiscal, se dedicó desde 2013 a 2015 a vender a terceros picadura de tabaco a través de internet, además de suministrar picadoras y entubadoras de tabaco. El Ministerio Fiscal ha establecido que durante los tres años de actividad dicha empresa había facturado 87,7 millones de euros.

J.S.M. ha declarado que constituyó la empresa para venta al por mayor de tabaco en rama, al tiempo que se ha declarado inocente de los cargos que se le imputan tanto por el Ministerio Fiscal como por la Abogacía del Estado. La actividad, según el acusado, es "perfectamente legal" y se ha desentendido del uso que le dieran a la mercancía las empresas o personas que se la compraban a él.

"No soy responsable del mal uso que pudo hacer la gente", ha dicho el acusado. Ha añadido que vendía la mercancía habitualmente en bolsas de a kilo y que incluyó en las bolsas la leyenda de que no era apto para el consumo humano.

Ha apuntado que el compraba el tabaco en rama con un 21 por ciento de IVA y que lo vendía con el mismo IVA puesto que este género "no está sujeto a impuestos especiales", ni tampoco estaba obligado a hacer un seguimiento del uso que le daban sus clientes.

"Nosotros no transformábamos absolutamente nada, vendíamos lo mismo que previamente habíamos comprado la Compañía Española de Tabaco en Rama o importado de Bangladesh y lo vendíamos a mayoristas e incluso a firmas autorizadas", ha apuntado el acusado.

La Guardia Civil ha declarado en el juicio que la operación fue fruto de meses de investigación. Las investigaciones, llevadas a cabo de forma coordinada por la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Baeza (Jaén) y la Unidad de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Granada, se iniciaron en la Semana Santa de 2015, tras tener conocimiento, a través de la Asociación de Estanqueros de Jaén, de la circulación y venta ilícita de bolsas de cigarrillos entubados y comercializados sin cumplir los obligatorios requisitos sanitarios y fiscales.

Los investigadores contrastaron que, efectivamente, las ventas en estancos de labores de tabaco habían sufrido un fuerte descenso en la provincia de Jaén --concretamente del siete por ciento, la mayor bajada a nivel nacional--, y muy especialmente en localidades como Jódar, Linares y Bedmar.

En concreto, se llevaron a cabo nueve registros en las localidades de Jódar y Linares (Jaén), en los que se intervinieron 400 kilos de picadura de tabaco, gran cantidad de cigarrillos acabados en bolsitas de 21 unidades, gran cantidad de cigarrillos sin entubar, 10 máquinas para picar y otras 18 para entubar.

Tras poner los hechos en conocimiento del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Úbeda, se abrieron diligencias penales y se continuó con las pesquisas que condujeron a una página web con servidor en Bangladesh y dominio de una empresa española, a través de la cual se efectuaban ventas de tabaco apto para ser fumado.

"Toda la actividad iba dirigida al consumo para fumar", ha señalado uno de los guardias civiles que ha declarado como testigo en el juicio. La empresa, según el informe de la Guardia Civil, simulaba ser una mera comercializadora mayorista de hojas de tabaco sin acondicionar por lo que, en consecuencia, eludía el control de las autoridades competentes sanitarias, fiscales y reguladoras del mercado de tabaco, que hubiesen intervenido su actividad en caso de que las ventas se destinaran al consumo de las hojas como labores del tabaco.

Tras numerosas vigilancias y seguimientos de los objetivos sospechosos, los investigadores detectaron, en relación con esta empresa, dos naves en Fuenlabrada y Leganés (Madrid) donde se estaban realizando labores de manufacturación del tabaco en rama para su conversión en producto apto para ser fumado, algo que rechaza la defensa que sostiene que lo único que se hacía era volver as embolsar el género para su posterior venta.

La Guardia Civil mantiene que Altersana se dedicada a la conversión fraudulenta de las hojas de tabaco en un producto que, sin necesidad de una sofisticada manipulación industrial, se transforma en tabaco apto para su consumo.

La Abogacía del Estado sostiene que el acusado con esta actividad defraudó 6,7 millones de euros por no abonar el impuesto especial sobre las labores de tabaco durante el ejercicio de 2014, así como 15,2 millones en 2015. A estos le suma otros 4,5 millones de IVA defraudado en los ejercicios 2014 y 2015.

El juicio está previsto que continúe este martes en la Audiencia de Jaén.