Entidades que atienden a personas con discapacidad en Jaén exigen una financiación justa que garantice sus servicios

JAÉN 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las entidades que atienden a las personas con discapacidad en la provincia de Jaén se han movilizado este jueves para reclamar una solución a la "grave situación" que padecen su centros y servicios por "la falta de una financiación justa, lo que pone en riesgo su supervivencia".

En concreto, personas con discapacidad, familiares y profesionales se han concentrado en la calle Roldán y Marín de la capital para exigir a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España una "respuesta urgente" ante la "situación límite" que atraviesan, según ha informado el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi-Andalucía).

En este acto, se ha leído un manifiesto con las principales reinvidicaciones, subrayando la necesidad de "una financiación más justa para los servicios y atención esenciales" para quienes tienen discapacidad en la provincia con el objetivo de garantizar su prestación y adecuarla a los gastos que soportan las entidades.

Igualmente, se ha señalado la importancia de realizar un estudio del coste real de sostenimiento de los centros y servicios para asegurar su sostenimiento a largo plazo y "no depender, como hasta ahora, de mejoras puntuales basadas únicamente en disponibilidad y criterios presupuestarios", sino en un análisis previo y riguroso.

Para ello se propone un nuevo modelo de financiación que contemple la actualización de su coste de forma automática y permanente conforme al IPC, además de tener en cuenta el incremento de los convenios colectivos de los profesionales que trabajan en estos centros y servicios.

La protesta celebrada este jueves en Jaén forma parte del calendario de movilizaciones que impulsa Cermi-Andalucía durante el mes de noviembre por toda la comunidad. Desde este comité, cuyas entidades atienden a más de medio millón de personas con discapacidad, se ha recalcado la "situación de asfixia" con el actual modelo.

En este sentido, ha advertido de que actualmente los servicios que prestan están en riesgo por la imposibilidad de asumir los gastos que acarrean, puesto que las tarifas están desfasadas y no cubren el gasto real.

Desde Cermi-Andalucía se ha asegurado que son las entidades las que atienden a este colectivo, cuando se trata de un servicio que compete a la administración. Sin embargo, no lo realiza y a la vez no les concede una financiación adecuada para ello, lo que está llevando a las entidades y a sus centros a "una situación límite e insostenible".

Las reivindicaciones van dirigidas tanto a la Junta de Andalucía y como al Gobierno de España. A este último le exige que elabore y apruebe un pacto de estado para la viabilidad del sistema y asegurar que todas las personas tengan los mismos derechos en los distintos territorios.

Por ello hay que incrementar la financiación del nivel mínimo de protección, que es abonado íntegramente por la Administración general del Estado (AGE), en función del número de personas en situación de dependencia que se encuentren recibiendo una prestación efectiva; y así alcanzar progresivamente el 50 por ciento de financiación de cada administración.

A la Junta de Andalucía se solicita un nuevo modelo de financiación que financie los servicios públicos que se encomienda por falta de medios propios para prestarlos, que "permita cubrir no solo los costes de funcionamiento, sino también los necesarios para ofrecer una atención de calidad, innovadora y ajustada a las necesidades de cada persona".

DERECHOS, NO CARIDAD

Cermi-Andalucía ha defendido que las personas con discapacidad merecen una atención constante, sin el temor de que los servicios que reciban puedan desaparecer de un día para otro por falta de recursos. En este sentido, el manifiesto deja claro que "no es una cuestión de caridad, sino de derechos" y que sin esta atención "miles de personas y familias quedarían desamparadas, relegadas al olvido y sin el apoyo especializado que necesitan".

"El mundo de la discapacidad hace un llamamiento a toda la sociedad para que nos apoye en esta lucha, porque una sociedad que no protege a sus miembros más vulnerables es una sociedad que falla en su responsabilidad más básica", ha concluido.