SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -
Antonio José Diz-Lois, exdirector de Administración y Finanzas y ex secretario general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), anteriormente Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), ha asegurado que la agencia pagaba las ayudas sociolaborales a trabajadores y directas a empresas en crisis cuando recibía fondos del programa presupuestario 31L por parte de la Consejería de Empleo, "nunca" se pagaba sin cobertura presupuestaria.
Diz-Lois, que entre diciembre de 2001 y enero de 2006 fue jefe de servicio de Ordenación y Coordinación Laboral de la Dirección General de Trabajo, ha declarado este lunes como testigo en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla contra 22 ex altos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales a trabajadores y directas a empresas en crisis en los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares entre 2001 y 2011. En concreto, en virtud del convenio marco firmado en julio de 2001 entre la Consejería de Empleo e IFA se encomendaba al instituto al pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo con fondos del programa 31L que se hacían llegar desde esta Dirección General al ente instrumental a través de transferencias de financiación.
El testigo fue nombrado director de Finanzas a propuesta de Jacinto Cañete, ex director general de IFA/IDEA procesado en esta causa y presente este lunes en la sesión junto a otros encausados como el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el que fuera también director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, los ex secretarios generales técnicos de Empleo Juan Francisco Sánchez y Lourdes Medina o el y el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano.
Diz-Lois ha afirmado en varias ocasiones durante el interrogatorio que IDEA "nunca" pagó ayudas de convenios particulares sin firmar ni sin convenios, precisando que "siempre" pagaba cuando llegaban los fondos desde la Consejería de Empleo, añadiendo que "no" se pagaron ayudas con fondos de la propia Consejería de Innovación, de quien dependía la agencia desde el año 2004.
Ha explicado que estando en la Dirección General de Trabajo, a cuyo puesto accedió por concurso público, las secretarias del director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero --también procesado en esta causa-- le pasaron en el año 2004 "una hoja de cálculo" en la que aparecía el nombre de la entidad (empresa, asociación de trabajadores, universidades...), nunca nombres de trabajadores, la cuantía de la ayuda, los pagos realizados por IFA/IDEA, las transferencias realizadas al ente y la diferencia entre lo abonado y pendiente de pagar en cada ayuda concedida.
Diz-Lois, que ha manifestado que "no era ningún secreto" que la Dirección General de Trabajo concedía ayudas sociolaborales, a su llegada a IDEA fue informado por sus antecesores y por la asesoría jurídica de toda la tramitación de las ayudas, resaltando que la agencia sólo realizaba el pago de una ayuda, cuyo convenio administrativo se encontraba en la Dirección General de Trabajo.
DESFASE POR "EXCESO" DE COMPROMISOS DE AYUDAS
Además, según ha declarado, le trasladan el "problema" del desfase en las cuentas de IDEA por el "exceso" de compromisos de ayudas adquiridos por la Dirección General de Trabajo frente al dinero presupuestado y transferidos a IDEA para estas ayudas.
A este respecto, Diz-Lois ha explicado que el desfase desapareció completamente en 2009, con Jacinto Cañete como director general y con Juan Márquez como director general de Trabajo, después del compromiso asumido por carta por el viceconsejero de Empleo Agustín Barberá --encausado en este proceso-- para subsanar ese desfase, un asunto que suponía "una preocupación" en la agencia a su llegada y su solución se convirtió en "un objetivo".
Precisamente, para abordar el desfase participó en una reunión con Barberá, el viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, Cañete y Márquez en octubre de 2008, donde desde Empleo se comprometieron a la reducción del desfase para dejarlo "a cero" en 2009, rebajando los compromisos de concesión de ayudas, así como aumentando el presupuesto destinado al pago de las ayudas para que IDEA hiciera frente a compromisos anteriores.
El Ministerio Fiscal le ha exhibido un correo remitido por Diz-Lois a la Dirección General de Trabajo en mayo de 2009 sobre las cuantías abonadas por las ayudas y el dinero transferido. El declarante ha explicado que es un correo de "trabajo" y que se enviaba cada mes y con el que, según ha afirmado, "engañaba" a la Dirección General de Trabajo con el fin de que no asumiera nuevos compromisos de ayudas y redujera el déficit. Más tarde, ha aclarado que no le informaba a la Dirección General del remanente que tenían del ejercicio anterior y ha reiterado que en ese ejercicio 2009 desapareció el desfase en las cuentas de la agencia, año en el que "casi" no asume compromisos nuevos.
En junio de 2009, Diz-Lois, ya ejerciendo también como secretario general de IDEA, participó en una nueva reunión con la Consejería de Empleo, con los directores general de Trabajo y de IDEA, en la que la misma traslada que ya está trabajando para "mejorar" el procedimiento de concesión de ayudas, pasando posteriormente de la transferencia de financiación a la resoluciones de pago y del convenio marco a la encomienda de gestión, que se pone en marcha en 2010.
Ha resaltado que el "mérito" de cambiar el procedimiento de concesión de ayudas fue de la Consejería de Empleo, así como de reducir el desfase. En este sentido, la Dirección General de Trabajo, con Juan Márquez al frente, encargó al despacho Garrigues un informe sobre la conveniencia del uso de las transferencias de financiación. Preguntado sobre éste, Diz-Lois ha declarado que la Dirección General de Trabajo asumió todas las recomendaciones del informe, como la posibilidad de introducir la resolución de pago y encomienda de gestión, así como las que se le trasladaban desde IDEA, así como desde la intervención.
La Dirección General de Trabajo, igualmente, le solicitó a Garrigues que le enviará borradores de resoluciones de pago para el cambio de procedimiento y trasladó éstos a IDEA. Diz-Lois ha explicado que cuando recibieron el borrador definitivo, que contemplaba que la agencia hiciera la fiscalización de las ayudas, consultó a la unidad de Control Financiero Permanente de IDEA y a la asesoría jurídica sobre este aspecto. Ambos rechazaron esta propuesta, porque la fiscalización la tiene que hacer el órgano concedente. "La fiscalización era imposible en IDEA porque sólo hacía el pago", ha afirmado Diz-Lois. Tras esto, la Dirección General de Trabajo, con Juan Márquez, asumió todas las propuestas de IDEA al respecto.
NO SE ORDENÓ LA PARALIZACIÓN DE PAGOS
Sobre los informes de la Intervención del Control Financiero Permanente de IDEA, Diz-Lois ha señalado que "nunca" había observaciones o recomendaciones para la agencia, sino para la Consejería de Empleo en lo referente a la concesión de las ayudas.
En este sentido, ha declarado que la intervención "nunca" ordenó a IDEA la paralización de pagos porque se estuviera haciendo "ilegal", así como tampoco hubo "tacha de ilegalidad por ninguno de los agentes que participaron" en el procedimiento de concesión de ayudas.
De otro lado, ha indicado que la sustitución de IDEA por la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) para la materialización de las ayudas fue "lo primero" que le plantearon desde la Consejería, en este caso Ramón Díaz --asesor de la Consejería de Empleo y exparlamentario del PSOE--, cuando llegó a IDEA. "Se planteó en varias ocasiones", pero nos dijeron que "no se podía".