Ex altos cargos del Gobierno de Aznar defienden la "legalidad" de las ayudas estatales a la Faja Pirítica

Aseguran desconocer el procedimiento de concesión seguido en este caso por la Junta de Andalucía

El ex secretario general de CCOO-A Francisco Carbonero dice que "nunca participó" en el ERE y confía en el archivo de su imputación

   SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

   La ex secretaria general de Empleo y la ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Carmen de Miguel García y Soledad Cordova Garrido, respectivamente, han declarado este martes como investigadas ante la juez María Núñez Bolaños dentro del caso de los ERE irregulares y han defendido la "legalidad" de las ayudas que el Gobierno central concedió para las prejubilaciones de los mineros de la Faja Pirítica de Huelva, negando la existencia de 'intrusos'.

   La magistrada ha tomado declaración este martes en calidad de investigados tanto a las dos ex altos cargos referidas como al ex secretario general de CCOO-A Francisco Carbonero; a Begoña Abdelkader, trabajadora sindical en UGT; a Manuel Chaves Castilla, en su condición de secretario de Organización de FIA-UGT Andalucía en el año 2004; a Rafael Varea, como secretario de Minería de la Federación Minerometalúrgica de CCOO en el año 2003 y como tesorero de la Asociación de la Faja Pirítica, y a un 'intruso'.

   Fuentes del caso han informado a Europa Press de que, durante su comparecencia ante la magistrada, que atribuye a ambas presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, Soledad Cordova ha puesto de manifiesto que la ayuda concedida por el Gobierno se otorgó conforme a la Orden Ministerial de 1995, de forma que "cumplía los requisitos exigidos" por dicha Orden y por tanto "fue legal".

   Cordova, que únicamente ha contestado a las preguntas formuladas por la juez y por su abogada defensora, ha indicado que, en el caso de las ayudas que otorgó la Junta, "desconoce el procedimiento de concesión" que se siguió, aunque ha señalado que la Administración autonómica tenía "plenas competencias" para otorgar ayudas extraordinarias en materia laboral.

   Asimismo, y según las fuentes consultadas por Europa Press, la ex directora general de Trabajo del Ministerio ha asegurado que, en cuanto a la ayuda por la que ha declarado en relación a la Faja Pirítica de Huelva, la misma "iba fiscalizada previamente", ya que la Administración central contaba con dicha fiscalización, según ha remarcado.

   La investigada también ha dicho que el Estado "siguió el procedimiento de la Orden, tal y como informa" la pericial de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), así como que los trabajadores de su expediente "cumplían los requisitos" de la Orden del 95 referida.

LOS "ERRORES" DE LA UCO

   De su lado, la ex secretaria general de Empleo del Ministerio Carmen de Miguel García también ha afirmado que las ayudas del Estado se otorgaron conforme a la Orden de 1995, tal y como recoge el informe pericial de la IGAE y la investigada ha ratificado.

   Esta investigada ha señalado que los trabajadores de los expedientes vinculados al Ministerio del ramo "cumplían los requisitos" y se ha remitido, en ese sentido, a los informes de la Inspección de Trabajo obrantes en la causa, añadiendo además que los listados de trabajadores "se revisaron", de forma que "si alguno no cumplía los requisitos, se anulaba" esa ayuda.

   Algunos de los investigados han coincidido en criticar los "muchos errores" en que ha incurrido la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su atestado sobre las ayudas a la Faja Pirítica de Huelva, atestado que, a su juicio, "no tiene rigor", por lo que "no están de acuerdo" con sus conclusiones.

   De su lado, el ex secretario general de CCOO-A Francisco Carbonero ha mostrado su confianza en que la juez archive su imputación en el caso porque "nunca participó" en la tramitación de estas ayudas. "Más que preocupado, estoy tremendamente indignado y cabreado por verme en esta situación, de algo en lo que nunca participé", ha afirmado.

   "Lo que le he dicho a la juez es ni más ni menos lo que ha sucedido, nunca participé de nada, nunca firmé papeles, nunca firmé ningún cheque, nunca supe ni tan siquiera las ayudas ni las personas ni estuve en ninguna reunión de ERE de nada", ha puesto de manifiesto Carbonero.

   El exlíder de CCOO-A ha subrayado que, en el momento de los hechos investigados, él era secretario de Organización y no secretario general del sindicato en Andalucía, no obstante lo cual tanto el Gobierno central como la Junta requerían de "urgencia" la constitución de una asociación para gestionar las ayudas de los trabajadores de la Faja Pirítica.

"DAÑO" A SU "REPUTACIÓN"

   En ese momento, "no estaba quien entonces era secretario general" del sindicato y, por ello, "me pidieron aquel día que firmara un papel", pero "nunca más supe de esa situación", punto en el que ha lamentado el "daño" que su imputación le ha producido a su "reputación, honestidad personal y también a la organización a la que he dirigido durante bastante tiempo".

   "Por eso, más que preocupado, estoy indignado porque estas situaciones lleguen hasta aquí y se haga el daño que se viene haciendo hacia mi persona sin tener nada que ver en todo este proceso", ha apostillado Carbonero. "Yo en este caso no tengo absolutamente nada que ver, ni la organización de Andalucía ha gestionado nunca ningún ERE", ha afirmado.

   De su lado, su abogado ha sido más contundente y se ha referido al hecho de que la Fiscalía Anticorrupción no haya realizado ninguna pregunta durante la comparecencia. "El problema de la Fiscalía hoy es no querer escuchar que quien estaba detrás de toda la operación de la Faja Pirítica desde la creación hasta el final era el Gobierno central, era la Delegación del Gobierno en Andalucía, con el control de la Subdelegación del Gobierno en Huelva por indicación" de la Delegación.

   A su juicio, "no ha habido ninguna ilegalidad", algo en lo que "estoy de acuerdo" con el exdelegado del Gobierno en Andalucía y actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que dijo que "no había ilegalidades en la Faja Pirítica, porque lo sabe bien, porque fue quien dirigió y llevó todo el tema".

   "Eso es lo que posiblemente la Fiscalía, por órdenes de arriba, no quería escuchar y no quería preguntar", ha finalizado.

   Por su parte, el secretario de Minería de la Federación Minerometalúrgica de CCOO en el año 2003 y tesorero de la Asociación de la Faja Pirítica, Rafael Varea, ha dicho que la Junta puso en marcha las pólizas y los planes de prejubilaciones antes de que se acabaran de comprobar los listados por la Seguridad Social "porque no querían esperar más", por lo que considera que pudieron producirse "desajustes".

LA FISCALÍA NO PREGUNTA

   Las fuentes han destacado que la Fiscalía no ha formulado pregunta alguna a ninguno de los investigados alegando que ha recurrido en apelación el auto de incoación de esta pieza separada para ampliar tanto los hechos como las personas investigadas y que este recurso aún no ha sido resuelto por la Audiencia Provincial de Sevilla, por lo que entiende que se les ha causado indefensión.

   La pieza separada por las ayudas a la Faja Pirítica se dirige contra 25 personas, como son las dos ex altos cargos del Gobierno de Aznar; seis ex altos cargos de la Junta, en concreto los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández; el exviceconsejero Agustín Barberá, y los ex directores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, además de diez sindicalistas, cinco 'intrusos', un abogado y un mediador de seguros.

   La instructora investiga delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, y en el caso de Carmen de Miguel y Soledad Cordova pone de manifiesto que ambas habrían cometido dichos delitos "por conocer y permitir la inclusión de individuos que no reunían las condiciones necesarias marcadas por la propia Administración para ser receptores de las subvenciones".