SEVILLA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El abogado José María Mohedano, que ejerce la defensa del ex director general de Presupuestos de la Junta Antonio Lozano en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Sevilla contra 21 ex altos cargos del Gobierno andaluz acusados por el procedimiento específico de concesión de las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) presuntamente irregulares, ha asegurado este lunes que en el desarrollo de sus funciones Lozano "ni participó ni tomó decisión alguna" sobre el programa presupuestario 31L con el que se concedían y con cuyos fondos se pagaban las ayudas de los ERE.
"Ni participó ni tomó decisión alguna del 31L, ni para incluir ni para excluir partida alguna", ha asegurado el abogado, quien ha aclarado que la elaboración de los presupuestos de cada consejería es competencia del consejero. Es "absurdo" que el director general de Presupuestos decida como ha de hacerse "la distribución del gasto" en una consejería, cuando es un cargo de menos rango que un consejero.
Mohedano, que también ejerce la defensa del exconsejero de Economía y Hacienda y expresidente José Antonio Griñán, ha comenzado el último final de las defensas, en este caso el de Antonio Lozano, agradeciendo a la Sala de la Sección Primera, presidida por el magistrado Juan Antonio Calle, que les haya hecho "la vida más fácil", con "amplía libertad de expresión y del ejercicio del derecho de defensa", así como por el respeto a este derecho que han demostrado a lo largo del año de juicio que termina este lunes.
"Sabemos que los acusados han recibido opiniones, diatribas y todo tipo de opiniones de juicios de valor sobre su actividad, pero que más tranquilidad podemos tener que a partir de ahora se elaborará una sentencia por un tribunal profesional tras un juicio justo y con todas las garantías", según Mohedano.
El abogado ha defendido la actuación de Lozano, que se enfrenta a diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación. La acusación contra su cliente se basa en "dos motivos fundamentales", que elaboró como director general los presupuestos de la Junta o "que no impidió que se incluyera" las transferencias de financiación del 31L de la Dirección General de Trabajo al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), para el pago de las ayudas por este ente, y que según las acusaciones sólo podían usarse para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganacias de las empresas públicas.
Y el segundo motivo, que Lozano "sabía" que eran para pagar las ayudas de los ERE. En este sentido, el abogado ha señalado que la hipotética inclusión de las transferencias de financiación "se interpreta" por las acusaciones como "determinante" para la gestión que se hiciera después de esos fondos en la Dirección General de Trabajo, "pero son interpretaciones no ajustadas a la realidad del derecho".
El director general "sólo participa en la elaboración del anteproyecto" de presupuestos de la Junta, y "no es un órgano decisorio", sino que "sólo participa en la designación de los recursos" entre las consejerías del Gobierno andaluz.
Igualmente, ha defendido la labor de Antonio Lozano en la gestión de las modificaciones presupuestarias del programa 31L, pues se limitaba a "tramitarlas" para dentro de los trámites legalmente establecido.
Mohedano, que ha indicado que el tribunal se somete en este juicio a una controversia del derecho presupuestario, como ha quedado reflejado en la prueba pericial con "diferentes y hasta contradictorias" opiniones sobre los asuntos tratados, entre ellos la transferencia de financiación.
Por último, el abogado de Lozano, acusado de prevaricación, ha asegurado que "si no hay resolución en asuntos administrativos como parece que no las hay, no puede haber prevaricación" en la actuación del ex director general de Presupuestos, por lo que ha pedido su absolución.
