SEVILLA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
La exasesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa ha declarado este jueves como testigo ante la juez María Núñez Bolaños, que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, y ha asegurado que los pagos de las ayudas los "decidían" el consejero, el viceconsejero o el director general de Trabajo.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que María José Rofa ha comparecido este jueves ante la magistrada dentro de la pieza separada por los dos ERE acometidos en los años 2004 y 2006 en Fundiciones Caetano S.A., empresa siderometalúrgica asentada en Camas (Sevilla) desde los años 40 del pasado siglo.
De este modo, Rofa ha indicado a preguntas de la abogada de la Junta que, "la mayoría de las veces", el consejero, el viceconsejero o el director general del ramo se "saltaban" las propuestas de pagos elaboradas por los técnicos y "decidían otras de forma discrecional o para evitar algún conflicto", han indicado las mismas fuentes consultadas.
La excargo de la Junta también ha puesto de manifiesto que, de una ayuda, "a veces había hasta tres expedientes distintos".
VIERA SE ACOGE A SU DERECHO A NO DECLARAR
De otro lado, los encargados de elaborar el informe reservado también han comparecido como testigos y han reafirmado que el expediente "era un desastre", que "no hubo convocatoria de esa ayuda" y que tampoco hubo acto administrativo "que justificara" la misma.
Por su parte, el director de Recursos Humanos de la empresa, en su declaración como testigo, ha indicado que "era conocido que la Junta iba a financiar el ERE", algo que "era cultura general y sabido" por la propia empresa.
Ante la juez María Núñez también ha comparecido como investigado este jueves el exconsejero de Empleo José Antonio Viera por la ayuda de 180.304 euros concedida a la Asociación de los Juegos Mediterráneos Almería 2005, aunque se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.
DOS ERE
Cabe recordar que, en relación a Fundiciones Caetano, la Guardia Civil concluyó en un atestado que la empresa tuvo que afrontar un traslado de la factoría por dos factores "fundamentales", como fueron la presión urbanística que "acorralaba" la antigua fábrica y el aumento de la demanda de producción motivada por la situación de bonanza económica que se dio a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que "demandaba cada vez más productos que elaboraban en la fábrica y que exigía mayores inversiones, iniciándose gestiones para el cambio de ubicación".
"Todo esto cambió de forma repentina" a mediados del año 2003-2004, cuando la demanda de chatarra, principal materia prima de la empresa, por parte de China, subió repentinamente el precio de la misma, llegando a duplicar su valor, lo que "unido al retraso en la construcción" de la nueva sede de la empresa, "con sobrecoste en su realización", llevó a la empresa a solicitar un ERE para 21 trabajadores en 2004, todo ello "para reducir el gasto salarial, pues los trabajadores que se propone prejubilar tienen un gran peso en el coste total por ese concepto con la intención de recuperar los números positivos".
Esta solución "no dio el resultado que se esperaba, por lo que nuevamente en el año 2006, ya en concurso voluntario de acreedores, solicita a través de la administración concursal otro ERE, en este caso para un colectivo de 17 trabajadores, para intentar salir de los números rojos en los cuales estaba inmersa la empresa".